Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, y su media hermana Griselda Margarita Arredondo Pinzón se han convertido en una de las parejas más sensibles para el CJNG en la mira de Estados Unidos. A él se le atribuye la conducción de una de las estructuras armadas más violentas del cártel; a ella, la gestión de una red financiera que convirtió el fraude de tiempos compartidos en una fuente constante de recursos. Las recompensas anunciadas por el Departamento de Estado el 5 de agosto, de hasta 10 millones de dólares por Montero Pinzón y 2 millones por Arredondo Pinzón, colocan ambos nombres en el centro de una ofensiva que combina persecución penal, sanciones financieras y presión diplomática.
La acusación formal fue presentada en septiembre de 2025 ante el Tribunal de Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. El expediente los vincula con conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero; en el caso de Montero Pinzón, añade conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, después de que Washington designara al CJNG como tal en febrero de 2025. Si son hallados culpables, cada cargo puede traducirse en hasta 20 años de prisión. La lectura de fondo es clara: para la fiscalía estadounidense, no se trata de dos trayectorias paralelas, sino de dos funciones complementarias dentro de la misma maquinaria criminal.
El brazo armado y la ruta del dinero
Montero Pinzón, de 44 años, lleva más de una década bajo observación de autoridades estadounidenses. Fue sancionado por la OFAC en 2022, rediseñado en 2025 y ubicado en julio de 2026 en el tercer nivel de mando del organigrama financiero difundido por ese mismo organismo, junto a otros operadores de alto perfil del CJNG. Según documentos judiciales, cofundó y encabezó el Grupo Élite, un brazo armado instruido en armas de alto poder y con capacidad para controlar territorios estratégicos, incluida la plaza de Guadalajara. Su nombre también ha sido asociado con el ataque contra Omar García Harfuch en 2020 y con la agresión en Plaza Artz Pedregal en 2019, dos episodios que ayudaron a fijar su perfil como operador de violencia de confianza para la organización.
En paralelo, Arredondo Pinzón, nacida en Puerto Vallarta en 1990 y de profesión contadora, habría trabajado desde la oficina central del CJNG encargada de coordinar los call centers del fraude. Su papel consistía en supervisar la recepción y el blanqueo del dinero obtenido de víctimas, en su mayoría adultos mayores en Estados Unidos. La lógica del esquema era sofisticada y repetitiva: primero se vendían supuestos servicios de recuperación de inversiones en tiempos compartidos; después, cuando la víctima ya había perdido dinero, se le ofrecía una segunda estafa, ahora con falsos abogados, funcionarios o incluso usurpando identidades de la OFAC o de Interpol para exigir nuevos pagos por adelantado.
Una estafa con alcance transnacional
El fraude de tiempos compartidos del CJNG no solo se sostuvo en llamadas y depósitos electrónicos, sino en una estructura pensada para mover recursos con rapidez y ocultarlos mejor. El dinero ingresaba a empresas fantasma mexicanas, pasaba a fideicomisos y sociedades controladas por el cártel y terminaba financiando tráfico de drogas, pagos internos y compra de bienes raíces de lujo en destinos turísticos. La OFAC identificó a Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V., empresa registrada a nombre de Arredondo Pinzón, como una fachada para ese circuito; por ello la sancionó en julio de 2024 bajo la Orden Ejecutiva 14059, congelando sus activos y vínculos con el sistema financiero estadounidense.
El alcance económico ayuda a explicar por qué Washington elevó el caso a una prioridad. Entre 2019 y 2024, alrededor de 6,000 víctimas en Estados Unidos reportaron pérdidas cercanas a 350 millones de dólares ligadas a este fraude. El FBI ha advertido que la cifra real es mayor, porque una parte importante de los afectados nunca denuncia por vergüenza o desconfianza. Ese dato es relevante para entender la dimensión del caso: el daño no se limita al despojo individual, sino que sostiene una línea de ingresos que alimenta simultáneamente violencia, logística y expansión financiera de una organización catalogada ya como terrorista por Estados Unidos.
