La próxima audiencia de la Cámara Federal porteña en la causa por la fallida criptomoneda $LIBRA no resolverá todavía si existió una estafa, si hubo pagos indebidos ni cuál fue el papel de los funcionarios y empresarios investigados. Sin embargo, puede definir una cuestión decisiva para el curso real del expediente: quiénes están habilitados a impulsar la investigación y a controlar la producción de prueba. Martín Romeo, uno de los inversores apartados como querellante por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, pidió ser reincorporado y sostuvo que el desplome del token no fue el resultado ordinario de una operación riesgosa, sino un “rug pull” planificado mediante información privilegiada, bots y una demanda artificialmente inducida.
La Sala I, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, deberá revisar la decisión que excluyó también a Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero. El planteo judicial parece técnico —la discusión gira alrededor del “perjuicio directo” y de la acreditación de la titularidad de los tokens—, pero encierra una definición mucho más amplia: si un inversor minorista puede ser reconocido como víctima en un presunto fraude digital cuando las operaciones se desarrollan en mercados globales, con trazabilidad compleja y normas aún incompletas.
La disputa no es sólo sobre pérdidas financieras
El juez de primera instancia aceptó una excepción de falta de acción promovida por la defensa de Mauricio Novelli, uno de los principales investigados y empresario con vínculos políticos relevantes en el entorno presidencial. Su razonamiento fue que los inversores desplazados no demostraron una afectación directa derivada de las conductas investigadas ni acreditaron de manera suficiente la propiedad de los activos digitales. También ubicó el lanzamiento de $LIBRA dentro de la lógica de las memecoins: activos de alta volatilidad, regulación limitada y valor dependiente de expectativas colectivas, donde los participantes aceptan riesgos evidentes.
Esa descripción es, en términos generales, correcta: una memecoin no ofrece por sí misma una promesa de rentabilidad ni el respaldo operativo de un bono, una acción o un depósito bancario. Su precio puede variar violentamente por un mensaje en redes sociales, una campaña promocional o una tendencia pasajera. Pero la volatilidad no funciona como inmunidad jurídica. Que un mercado sea especulativo no elimina la posibilidad de manipulación, fraude, uso de información reservada o publicidad engañosa. El riesgo asumido por quien compra un activo no equivale a consentir que otros participantes alteren artificialmente las condiciones bajo las cuales ese activo es ofrecido y negociado.
Ése es el núcleo del memorial de Romeo, patrocinado por Nicolás Ozsust. La querella afirma que 74 billeteras vinculadas a bots habrían realizado compras masivas segundos antes de un mensaje presidencial que incrementó la atención sobre $LIBRA. Según esa hipótesis, la posterior suba de demanda habría permitido retirar alrededor de 44,5 millones de dólares. Son afirmaciones que todavía deben ser verificadas mediante peritajes y evidencia judicial; no constituyen hechos establecidos. Pero, si la Cámara considera que existen indicios razonables de una maniobra coordinada, el caso dejará de poder explicarse únicamente como una mala decisión de inversión.
El dato de las 74 billeteras exige una prueba más exigente
La acusación basada en billeteras, bots y secuencias temporales ilustra una dificultad central de la criminalidad financiera digital: la blockchain permite observar transacciones, pero no revela automáticamente quién controla cada dirección ni cuál fue la intención económica detrás de una operación. Que varias billeteras compren antes de una comunicación relevante puede ser un indicio; para transformarlo en prueba robusta hay que establecer vínculos técnicos, patrones de fondeo, control efectivo, comunicaciones entre participantes, movimientos posteriores y, eventualmente, la relación con plataformas de intercambio o proveedores de servicios.
La diferencia importa porque la defensa puede sostener que las compras anticipadas fueron operaciones independientes o especulación legítima de actores que interpretaron señales del mercado. La acusación, en cambio, deberá demostrar coordinación y acceso privilegiado a información no disponible para el público. En los mercados tradicionales, una operatoria concentrada antes de un anuncio material puede activar alertas regulatorias. En el ecosistema cripto, donde los operadores usan seudónimos, múltiples billeteras y protocolos transfronterizos, el estándar técnico para atribuir responsabilidades es todavía más alto.
La tesis más relevante de la querella no es que toda compra previa a un anuncio sea ilícita, sino que la arquitectura de la operación habría sido diseñada para producir una apariencia de respaldo. Esa “confianza artificial” habría surgido de la combinación entre promoción, cercanía política, circulación masiva de información y liquidez inicial concentrada. Si esta lectura se confirma, $LIBRA podría ser examinada como un caso de extracción de valor basada en reputación institucional, no solamente como el colapso de un token sin utilidad económica estable.
La figura presidencial altera el análisis económico
La investigación procura establecer si Hayden Davis, creador estadounidense de $LIBRA, se acercó al presidente Javier Milei a través de Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros involucrados, y si esa relación derivó en la difusión pública del proyecto. También se analiza una sospecha de un pago de cinco millones de dólares atribuido a Davis. Ninguna de estas hipótesis ha sido probada judicialmente hasta ahora, y su sola mención no permite asignar responsabilidades penales. Pero su relevancia excede el eventual delito de soborno: una intervención o validación percibida como presidencial puede modificar radicalmente la conducta de miles de inversores.
En activos sin fundamentos financieros sólidos, la reputación es parte del precio. Una mención de una figura con gran capacidad de influencia puede crear la expectativa de acceso privilegiado, respaldo político o continuidad del proyecto, aunque tales expectativas no hayan sido formalmente prometidas. Esa es una de las razones por las cuales el caso tiene consecuencias institucionales. Un mensaje en redes sociales emitido desde una posición de poder no se procesa en el mercado como la recomendación de un usuario cualquiera: altera el volumen, acelera la entrada de pequeños compradores y puede reducir artificialmente su percepción de riesgo.
La defensa de los imputados puede objetar, con fundamento, que los inversores deben diferenciar entre una publicación, una recomendación y una garantía. También puede remarcar que las criptomonedas están sujetas a fluctuaciones extremas conocidas por los participantes. Sin embargo, ese argumento no responde por sí solo a la pregunta sobre el origen de la información utilizada por quienes entraron antes de la difusión. La cuestión jurídica no es si el público debió haber sido más prudente, sino si algunos actores dispusieron de ventajas ocultas para vender a precios inflados tras captar esa demanda.
Excluir querellantes puede reducir el control sobre la causa
El efecto inmediato de apartar a las querellas no es menor. Quien actúa como querellante puede acceder al expediente, proponer medidas de prueba, impugnar decisiones y participar eventualmente de un juicio oral. La investigación está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, que conserva la conducción pública de la acción penal. Pero en causas de alta complejidad financiera, la participación de víctimas organizadas puede ampliar el universo de información disponible, aportar análisis de transacciones y exigir respuestas frente a demoras o líneas investigativas omitidas.
La Cámara deberá equilibrar dos riesgos. Uno es convertir el expediente penal en una vía automática para que cualquier persona que perdió dinero en una inversión especulativa reclame una reparación indirecta o presione por investigaciones sin base suficiente. El otro es imponer requisitos de acreditación tan rígidos que, en la práctica, dejen sin representación a quienes padecen fraudes digitales. La exigencia de demostrar el origen de los fondos, cuestionada por Romeo como una barrera no prevista para delitos contra la propiedad, puede ser útil para prevenir reclamos falsos o lavado de activos, pero también puede resultar desproporcionada si bloquea a víctimas que sí prueban compras, tenencias y pérdidas.
Una solución razonable no debería confundir la legitimación procesal con la sentencia sobre el fondo. Para ser querellante, el estándar suele consistir en acreditar de modo preliminar una afectación plausible y una vinculación concreta con el hecho investigado, no demostrar de antemano toda la cadena financiera ni probar definitivamente el delito. Si la Cámara restituye a alguno de los inversores, no estará declarando que hubo estafa; estará reconociendo que existe una controversia suficientemente seria como para permitir su participación activa.
Una causa local frente a un mercado sin fronteras
$LIBRA exhibe la distancia entre la velocidad de los mercados digitales y la capacidad de respuesta de las instituciones. Las operaciones pueden ejecutarse en segundos, los fondos pueden pasar por decenas de billeteras y las plataformas relevantes pueden estar radicadas en otras jurisdicciones. En cambio, la obtención de registros, exhortos internacionales, pericias informáticas y análisis patrimoniales demanda meses o años. Esa asimetría favorece a quienes diseñan esquemas opacos y obliga a fiscales, jueces y reguladores a desarrollar capacidades que no se resuelven con las categorías tradicionales de fraude financiero.
La Comisión Nacional de Valores aparece mencionada en la presentación de Romeo por una presunta “infiltración”, una acusación especialmente delicada que requiere evidencia precisa. No hay, por ahora, una determinación judicial que avale esa hipótesis. Pero el señalamiento expone una vulnerabilidad más estructural: la regulación argentina todavía enfrenta dificultades para definir con claridad qué obligaciones corresponden a emisores de tokens, promotores, intermediarios y plataformas cuando un proyecto se dirige al público local sin encuadrar claramente como valor negociable.
La ausencia de reglas específicas no equivale a un vacío absoluto. Conductas como la defraudación, el cohecho, el tráfico de influencias o la manipulación pueden investigarse bajo normas existentes si se reúnen los elementos necesarios. El problema es probatorio y preventivo. Sin obligaciones claras de identificación de beneficiarios finales, divulgación de riesgos, información sobre concentración de tokens y publicidad de vínculos comerciales, la detección temprana de un posible “rug pull” depende demasiado de reconstrucciones posteriores, cuando el dinero ya pudo haber sido retirado.
La audiencia del lunes puede redefinir el expediente
La resolución de la Sala I abrirá tres escenarios. Si confirma la exclusión de las cinco querellas, la fiscalía conservará el control casi exclusivo de la investigación y la discusión sobre las víctimas quedará limitada a una eventual etapa posterior. Si revoca plenamente la decisión, los inversores recuperarán herramientas para solicitar peritajes sobre billeteras, comunicaciones, registros de plataformas y trazabilidad de fondos. Un tercer camino, quizás el más probable en un asunto técnicamente complejo, sería una revocación parcial o una orden para que el juzgado examine con mayor precisión la documentación aportada por cada afectado.
Más allá del resultado, la causa ya funciona como una prueba para el mercado cripto argentino. Una decisión que equipare toda pérdida en memecoins con riesgo voluntario puede reforzar la idea de que estos ecosistemas quedan fuera de la protección judicial efectiva. Pero una respuesta que presuma fraude por cada derrumbe de precio también dañaría la innovación legítima y confundiría especulación con criminalidad. El desafío consiste en identificar cuándo la volatilidad es un atributo del activo y cuándo fue amplificada mediante engaño, información asimétrica o control oculto de la liquidez.
El riesgo mayor no reside solamente en el destino de $LIBRA ni en la eventual responsabilidad de sus promotores. Está en el precedente cultural e institucional que deje el expediente. Si las figuras públicas, los intermediarios y los desarrolladores concluyen que una promoción ambigua puede movilizar capital sin deberes de transparencia, el incentivo para repetir esquemas similares crecerá. Si, por el contrario, la Justicia logra separar pérdidas especulativas de maniobras fraudulentas con evidencia técnica y garantías de defensa, la causa puede impulsar un estándar más maduro: uno que no infantilice al inversor, pero tampoco convierta la falta de regulación en una licencia para explotar su confianza.
