El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha rechazado de manera explícita la contratación de deuda pública para financiar la ampliación de las plantas potabilizadoras y la construcción del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara. En su lugar, propone un esquema de asociación público-privada bajo la modalidad CMRO que replica el utilizado por el gobierno federal en el Tren Maya y el Tren México-Toluca. Esta decisión llega en un momento en que aproximadamente 600 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara enfrentan problemas persistentes de calidad del agua, con una inversión estimada superior a los 25 mil millones de pesos.
Tensión federal-estatal por el abastecimiento
La postura de Lemus contrasta con las declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instó al mandatario estatal a asumir su responsabilidad directa sobre el tema del agua. Al mismo tiempo, el director del Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Gustavo Figueroa Cuevas, informó que la Federación ya destina más de 2 mil 200 millones de pesos a obras de saneamiento y tratamiento en Jalisco. Esta divergencia de responsabilidades revela un patrón recurrente en la gestión hídrica mexicana: la falta de coordinación entre niveles de gobierno que posterga soluciones estructurales.
El plan hídrico estatal entregado al Congreso de Jalisco por el secretario general Salvador Zamora carece aún de modelos financieros detallados. Lemus ha indicado que propondrá esquemas de financiamiento a los legisladores, pero también los ha invitado a aportar alternativas. Esta apertura limitada refleja la presión política para resolver un problema que afecta la salud pública y la competitividad económica de la segunda zona metropolitana más grande del país.
Riesgos ocultos del esquema CMRO a 30 años
El modelo CMRO transfiere al sector privado la construcción, el mantenimiento, la rehabilitación y la operación de la infraestructura a cambio de pagos graduales del Estado. Aunque Lemus enfatiza que la infraestructura regresará al dominio público una vez concluido el contrato, la experiencia internacional muestra que estos esquemas suelen generar costos operativos superiores a los estimados inicialmente. En el caso del Tren Maya, los sobrecostos y las renegociaciones contractuales han sido constantes, lo que sugiere que Jalisco podría enfrentar compromisos fiscales de largo plazo que limiten el margen de maniobra presupuestal en otras áreas prioritarias.
Además, la ausencia de competencia real en la adjudicación de contratos de esta magnitud puede derivar en condiciones ventajosas para el operador privado, especialmente cuando el Estado carece de capacidad técnica para monitorear el cumplimiento de estándares de calidad del agua durante dos o tres décadas.
Impacto diferenciado en colonias y sectores productivos
Las mejoras anunciadas en la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle comenzarán a notarse a finales de agosto y principios de septiembre, mientras que los cambios sustanciales se esperan hasta febrero de 2027. Esta calendarización desigual significa que las colonias más afectadas seguirán recibiendo agua de calidad deficiente durante al menos siete meses adicionales. Los sectores industrial y turístico de Guadalajara, que dependen de un suministro confiable, enfrentan pérdidas de productividad y posibles relocalizaciones si la crisis se prolonga.
Por otro lado, el nuevo acueducto busca garantizar el 60 por ciento del consumo metropolitano proveniente de Chapala. Sin embargo, la falta de apoyo federal para esta obra de gran escala aumenta la vulnerabilidad del sistema ante sequías prolongadas o contaminación en la cuenca.
Perspectivas contrapuestas de los actores clave
Desde la óptica del gobierno estatal, el esquema de asociación público-privada representa una vía para modernizar infraestructura sin incrementar la deuda pública, preservando al mismo tiempo el control final del Siapa. Los legisladores locales, en cambio, demandan mayor transparencia en los términos contractuales y garantías de que los pagos no comprometan el presupuesto estatal en el mediano plazo. Los usuarios finales, representados por organizaciones vecinales, expresan desconfianza ante cualquier modelo que involucre operación privada, recordando experiencias pasadas de incrementos tarifarios sin mejoras perceptibles en el servicio.
La Federación, por su parte, sostiene que ya cumple con sus obligaciones mediante los recursos destinados a saneamiento, mientras que el Estado insiste en que la potabilización requiere una inversión adicional que solo puede provenir de un esquema mixto. Esta fragmentación de responsabilidades dificulta la elaboración de una estrategia integral para la cuenca Lerma-Chapala.
Escenarios futuros y puntos de quiebre
Si el Congreso de Jalisco aprueba el modelo CMRO sin modificaciones sustanciales, el Estado podría iniciar las obras del acueducto en 2027 con plazos de recuperación de inversión de entre 20 y 30 años. No obstante, cualquier cambio de administración federal o estatal podría alterar los términos de los contratos y generar litigios costosos. Alternativamente, si los legisladores optan por exigir un componente mayor de financiamiento público, el proyecto podría retrasarse varios años, agravando la crisis de calidad del agua y elevando los costos de salud pública asociados al consumo de agua no potable.
La experiencia de otros estados que han adoptado esquemas similares indica que el éxito depende de cláusulas contractuales robustas que vinculen los pagos a indicadores medibles de calidad y continuidad del servicio. Sin esos mecanismos, el riesgo de que la infraestructura regrese al Estado en condiciones deficientes al final del contrato es significativo.
La decisión de Lemus marca un punto de inflexión en la política hídrica de Jalisco, pero su viabilidad dependerá de la capacidad del Estado para negociar contratos equilibrados y de la disposición federal para complementar los recursos requeridos. Mientras tanto, las 600 colonias afectadas continúan esperando soluciones tangibles que vayan más allá de los anuncios de obras futuras.
