La discusión abierta por Sebastián Pareja sobre la eventual eliminación del Senado bonaerense no se agota en una consigna de ajuste ni en una defensa corporativa de la bicameralidad. Lo que puso sobre la mesa es algo más incómodo: en la provincia más poblada del país, la Legislatura funciona con una magnitud presupuestaria, una dotación de personal y un nivel de actividad que vuelven cada vez más difícil justificar su rendimiento institucional ante la ciudadanía. El dato más citado del debate, los $9,3 millones diarios por senador, impacta porque condensa en una sola cifra una sospecha más amplia: la distancia entre el costo del sistema y su productividad visible.
Ese desajuste no es simétrico en ambas cámaras, pero sí estructural. El presupuesto conjunto de Diputados y Senado para 2026 asciende a $379.000 millones, equivalente a más de $1.038 millones por día. El Senado absorbe $156.204 millones y la Cámara baja $222.800 millones. En ambos casos, el problema no es solo cuánto cuesta la política, sino qué produce con ese gasto. Las sesiones ordinarias de este año fueron escasas: dos en la Cámara alta y tres en Diputados. Cuando la actividad legislativa se reduce a pocos encuentros formales en un organismo que concentra recursos, asesores, comisiones y estructura administrativa, el debate sobre eficiencia deja de ser retórico y pasa a ser fiscal.
La imagen pública de la Legislatura bonaerense está atravesada por una paradoja: se trata de un poder del Estado con alto peso institucional, pero baja transparencia operativa. La información sobre empleados no se publica de forma abierta y debió reconstruirse a partir de leyes presupuestarias, anexos y, en el caso del Senado, una planilla enviada ad hoc. Ese dato no es menor. Cuando los números básicos del funcionamiento legislativo no están disponibles de manera sistemática, la discusión sobre costos queda monopolizada por dirigentes con acceso privilegiado a la información y por relatos políticos que compiten más en impacto que en precisión.
Hay una primera conclusión que conviene separar de la espuma política: el costo por legislador en Buenos Aires no se explica solo por el salario del cargo. En Diputados hay 1.733 empleados para 92 bancas, una relación de 19 agentes por diputado. En el Senado, 1.378 empleados para 46 integrantes, es decir, 30 por senador. Son ratios altos, pero no equivalen mecánicamente a “privilegios” personales. Parte de esa nómina sostiene comisiones, administración, apoyo técnico y funciones que no se ven en el recinto. El punto crítico es otro: si la organización depende de tanta estructura para producir tan poco debate visible, el problema ya no es de volumen sino de diseño institucional.
Esa es la segunda lectura, y probablemente la más importante: la Legislatura bonaerense paga hoy el costo de una arquitectura pensada para otra intensidad política. La Provincia concentra 17,5 millones de habitantes, un volumen que justificaría un poder legislativo robusto. Sin embargo, la robustez no puede medirse por plantillas o partidas, sino por capacidad de tratamiento, control y producción normativa. Si el Congreso provincial sesiona poco, si la rendición de cuentas es opaca y si la agenda pública no percibe que el sistema ordene conflictos ni fiscalice al Ejecutivo con regularidad, la bicameralidad queda expuesta como una forma institucional costosa sin legitimidad funcional suficiente.
Desde el oficialismo legislativo se intenta relativizar la crítica comparando porcentajes de gasto sobre el presupuesto provincial y la incidencia relativa frente a otras jurisdicciones. La defensa tiene lógica política: ningún poder quiere quedar fijado como símbolo del despilfarro. Pero esa comparación también tiene límites. Que la Legislatura represente menos del 1% del gasto total no resuelve el fondo del problema, porque la ciudadanía no mide solo proporciones contables; mide resultados. Un cuerpo que consume $379.000 millones debe poder exhibir más que una contabilidad ordenada. Debe mostrar deliberación, control y capacidad de modificar políticas públicas. Si eso no ocurre, el porcentaje se vuelve una coartada estadística.
La controversia por el Senado bonaerense abre, además, una discusión que excede a Buenos Aires. En sistemas políticos con baja confianza pública, los parlamentos se vuelven el blanco más visible de la frustración social porque son instituciones intensivas en empleo, opacas para el ciudadano común y difíciles de defender cuando su rendimiento es bajo. Pero eliminar una cámara no garantiza mejorar la calidad del gasto ni la representación. También puede concentrar poder, reducir contrapesos y empobrecer la revisión legislativa. El verdadero dilema no es bicameralidad sí o no, sino qué nivel de control, transparencia y productividad se obtiene por cada peso invertido.
Ese dilema se agrava por la composición política actual. En Diputados, Unión por la Patria conserva la primera minoría, pero sin el monopolio del control; en el Senado, Fuerza Patria tiene mayoría propia. En términos prácticos, eso significa que cualquier reforma de fondo depende de negociaciones entre bloques que usan la crítica al gasto como herramienta de posicionamiento, pero rara vez aceptan que el problema también los involucra. La transparencia activa propuesta por Diego Valenzuela apunta justamente a ese punto ciego: sin datos abiertos y comparables sobre personal, contratos y ejecución, el debate se vuelve un intercambio de sospechas, no una evaluación institucional.
Hay una tercera conclusión que merece peso propio: la opacidad no es solo un déficit administrativo, sino un riesgo político. En contextos de ajuste fiscal y desconfianza social, toda zona gris en el uso de recursos públicos se convierte en un incentivo para el conflicto. Hoy la Legislatura bonaerense paga el costo de no publicar de forma simple aquello que debería ser básico: cuántos empleados tiene, cómo se distribuyen, qué funciones cumplen y cuánto cuesta cada estructura. Mientras esa información siga dispersa o inaccesible, el sistema queda expuesto a ataques simplificadores y a defensas débiles, ambas igual de dañinas para la legitimidad institucional.
La proyección hacia 2027 refuerza este escenario. La renovación parcial de ambas cámaras obligará a cada fuerza a explicar no solo qué propone, sino qué está dispuesta a sostener en términos de estructura y gasto. Si la discusión pública se ordena alrededor de eficiencia, transparencia y tamaño del Estado, la Legislatura bonaerense será uno de los primeros laboratorios donde se mida la tolerancia social al costo político. Si, en cambio, el debate queda atrapado entre denuncias sin datos y respuestas defensivas, el resultado más probable será una degradación adicional de la confianza, sin reforma real ni ahorro efectivo.
El desafío de fondo no es contar empleados ni comparar presupuestos entre provincias como ejercicio de marketing político. Es determinar si un poder legislativo de la principal provincia argentina está produciendo un valor institucional acorde a lo que consume. Hoy, los números sugieren que esa cuenta está abierta y que la respuesta, por ahora, no favorece a la Legislatura.
