Las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, titulares de licencias para desarrollar el yacimiento Sea Lion al norte de las islas Malvinas, afirmaron este viernes que las medidas anunciadas por el presidente argentino Javier Milei no tendrán, por ahora, efectos materiales sobre el calendario ni sobre las actividades del proyecto. La respuesta empresaria llega después de que el mandatario anticipara sanciones contra firmas, accionistas, directivos y proveedores vinculados con explotaciones de recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina.
En una declaración conjunta, la británica Rockhopper y la israelí Navitas señalaron que sus permisos fueron “legalmente otorgados” por el gobierno de las islas y que permanecen vigentes. También destacaron que las licencias cuentan con “apoyo total y continuo” del Reino Unido, país que administra el archipiélago desde 1833 y cuya soberanía es cuestionada por Argentina.
El alcance de las medidas anunciadas por Argentina
Milei comunicó que firmará un decreto para acelerar la aplicación de sanciones a las empresas que operen en Malvinas sin consentimiento argentino. Según adelantó, las restricciones alcanzarían a compañías involucradas de manera directa o indirecta, así como a sus accionistas, directivos y proveedores. El Gobierno también enviará al Congreso un proyecto para endurecer las penas y habilitar eventuales procesos judiciales en ausencia.
La consecuencia principal planteada por el Ejecutivo es la inhabilitación para operar en territorio continental argentino. En su discurso, Milei sostuvo que la urgencia responde a la posibilidad de que, en pocos meses, los operadores cuenten con capacidad material para explotar reservas de crudo bajo el mar. Argentina considera ilegítimas las autorizaciones concedidas por las autoridades locales de las islas y ha mantenido históricamente objeciones a las actividades hidrocarburíferas impulsadas bajo jurisdicción británica.
La eficacia práctica de las sanciones dependerá, sin embargo, del grado de exposición de las empresas y de su cadena de suministro al mercado, los puertos, los servicios financieros y las normas argentinas. Rockhopper y Navitas parecen apostar a que el respaldo político y jurídico británico, junto con la estructura internacional de sus operaciones, limitará el impacto directo de las medidas. Esa evaluación no elimina el riesgo de mayores costos, litigios o restricciones para proveedores con intereses en Argentina.
Sea Lion, un proyecto aún sin producción
Sea Lion continúa en fase de exploración y desarrollo. Si el proyecto avanza hasta la etapa extractiva, sería el inicio de la producción petrolera comercial en el archipiélago. El potencial económico del área explica el endurecimiento del tono argentino: la discusión ya no se limita a licencias exploratorias, sino que se vincula con la eventual transformación de recursos identificados en reservas explotables.
Rockhopper fue sancionada por Argentina en 2013, mientras que Navitas recibió una medida similar en 2022. Además de esas empresas, Borders & Southern, de origen británico, y la canadiense JHI poseen licencias exploratorias en las islas. La reiteración de sanciones muestra que el desacuerdo jurídico y político precede al actual Gobierno, aunque la iniciativa de Milei busca ampliar el alcance de las restricciones y darles mayor velocidad administrativa.
La disputa de soberanía condiciona cualquier acuerdo
Las autoridades británicas reaccionaron a las declaraciones argentinas reafirmando su posición sobre la soberanía. El ministro de Defensa, Wes Streeting, y el titular de Exteriores, Ed Miliband, describieron como “inamovible” la postura del Reino Unido y la vincularon con el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, que en consultas previas se pronunciaron por mantener el vínculo con Londres.
Argentina, por su parte, sostiene un reclamo de soberanía sobre las Malvinas y los espacios marítimos circundantes, y considera que la explotación unilateral de recursos vulnera sus derechos. El nuevo cruce evidencia que Sea Lion se ha convertido en un punto de presión adicional dentro de una controversia histórica: mientras Londres y las empresas defienden la validez de las licencias locales, Buenos Aires intenta elevar el costo jurídico y comercial de avanzar hacia una futura extracción de petróleo.
