La posibilidad de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vuelva a aplicar de manera presencial el examen de ingreso a licenciatura no representa únicamente un cambio logístico. Es la respuesta institucional a una crisis de confianza provocada por resultados atípicos en la prueba en línea y por la detección de servicios comerciales capaces de facilitar que una persona distinta del aspirante respondiera el examen. La decisión final dependerá del informe de una Comisión Técnica, previsto para los primeros días de septiembre, pero el debate ya expone una tensión central para las universidades: ampliar el acceso mediante herramientas digitales sin sacrificar la autenticidad, la equidad ni la credibilidad del proceso de selección.
La presencialidad puede recuperar legitimidad
El principal efecto positivo de regresar a los salones, auditorios o recintos supervisados sería fortalecer la confianza en los resultados. En una aplicación presencial, la identidad del aspirante puede verificarse directamente, los dispositivos y materiales se controlan con mayor facilidad y la vigilancia se concentra en espacios diseñados para impedir comunicaciones externas. Las 22 incidencias reportadas en la sede de la Ciudad de México durante el examen de control, relacionadas con teléfonos celulares, cámaras, lentes con dispositivos de grabación y el intento de copiar o sustraer preguntas, muestran que incluso un operativo presencial requiere controles estrictos, pero también permiten detectar conductas que serían más difíciles de acreditar en un entorno doméstico.
La prueba de control convocó a 58 mil 800 estudiantes y movilizó a más de 36 mil en distintas sedes, una escala que ofrece a la institución información práctica sobre su capacidad de organizar un examen masivo en poco tiempo. La experiencia puede servir para corregir protocolos, calcular personal necesario, definir criterios uniformes de revisión y establecer procedimientos de atención a las personas cuya prueba fue suspendida. Si la UNAM acredita que el modelo presencial produce resultados más consistentes y auditables, podría recuperar parte de la autoridad pública que todo proceso de admisión necesita para ser aceptado por quienes compiten por un lugar.
También puede haber un efecto disuasorio sobre el mercado de servicios fraudulentos. La existencia de empresas que ofrecen sustituir al aspirante frente a la cámara revela que la demanda por ingresar a la universidad ha creado incentivos económicos relevantes. Un examen en sede controlada eleva los costos y la complejidad de esas operaciones, porque exige trasladar a los participantes, coordinar identidades y superar filtros físicos. No elimina el fraude, pero reduce la posibilidad de contratar una solución remota relativamente sencilla.
El costo de controlar también puede ser desigual
La principal desventaja del retorno a la presencialidad es económica y operativa. La UNAM todavía no cuenta con el costo total del examen de control, pues debe sumar el alquiler del Palacio de los Deportes y de otros recintos, el traslado de tabletas y equipos, así como los gastos de desplazamiento y supervisión del personal. Una aplicación ordinaria de ingreso tendría que repetirse a una escala mucho mayor y con calendarios compatibles con miles de aspirantes. Ese gasto podría presionar el presupuesto universitario o desplazar recursos destinados a docencia, investigación y atención estudiantil.
La logística también puede afectar de manera desigual a quienes viven lejos de las sedes. El dato de que aproximadamente 80 por ciento de quienes descargaron su boleta finalmente acudió al examen de control significa que una proporción cercana a cuatro de cada diez no se presentó, según la relación expuesta por el rector. Esa ausencia puede deberse a múltiples razones: costos de transporte, dificultades laborales, enfermedad, problemas familiares, falta de información o la imposibilidad de llegar a tiempo. No es correcto atribuirla automáticamente a desinterés. Si el examen presencial se convierte en la única vía, la distancia geográfica y la capacidad económica podrían pesar más en la participación que la preparación académica.
Las sedes de León, Oaxaca y Tijuana muestran que la universidad puede distribuir la carga territorial, pero también evidencian los límites de una red con cobertura finita. Los aspirantes de comunidades sin conectividad suficiente podrían beneficiarse de una sede física, mientras que otros tendrían que asumir viajes largos para cumplir con una cita única. La equidad no depende solo de que todos respondan las mismas preguntas; también exige que las condiciones materiales para presentarlas sean razonablemente comparables.
La tecnología seguirá siendo necesaria
Regresar a la modalidad presencial no resolvería por sí mismo los problemas que originaron la revisión. El fraude puede trasladarse al momento de la identificación, a la falsificación de documentos, a la suplantación física o a la filtración previa de reactivos. Las incidencias detectadas, como alteraciones de citas y modificaciones en comprobantes de nombre o datos, indican que el riesgo no está limitado a la pantalla del examen. Además, mientras el contenido de la prueba se reutilice o circule, cualquier vulnerabilidad en la cadena de elaboración, almacenamiento y distribución puede comprometer la seguridad del proceso.
La alternativa más razonable parece ser un sistema híbrido de controles, aunque sea más complejo. La universidad tendría que fortalecer la validación de identidad, revisar los mecanismos de selección aleatoria de reactivos, auditar los registros técnicos, analizar patrones estadísticos y establecer una supervisión independiente. En los exámenes remotos, eso incluiría controles de entorno y comportamiento, pero con límites claros para proteger la privacidad. En los presenciales, implicaría protocolos de ingreso, manejo de dispositivos, custodia de materiales y trazabilidad de cada incidencia. La tecnología debe funcionar como una capa de verificación, no como una promesa automática de seguridad.
La participación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que prestó tabletas utilizadas previamente en una encuesta intercensal, demuestra que las instituciones públicas pueden compartir infraestructura en situaciones extraordinarias. Sin embargo, esa cooperación también plantea preguntas sobre mantenimiento, seguridad de los equipos, protección de datos y responsabilidades en caso de fallas. La disponibilidad de dispositivos no sustituye una arquitectura completa de evaluación. Un sistema confiable debe definir quién administra la información, cuánto tiempo se conserva, quién puede consultarla y cómo se impugnan decisiones automatizadas o errores de identificación.
El debido proceso será decisivo
La legitimidad del nuevo modelo dependerá también de la manera en que la UNAM resuelva los casos individuales. El rector señaló que los estudiantes cuyo examen fue suspendido por una falta tienen derecho a que su situación sea revisada y que, si el error es atribuible a la Universidad, se restablecerá su derecho. Ese compromiso es relevante porque un sistema de seguridad que sanciona sin ofrecer una revisión efectiva puede producir una injusticia distinta del fraude que pretende combatir.
Las citas deberán desahogarse antes de la publicación de resultados, lo que obliga a contar con plazos claros, criterios públicos y pruebas verificables. La institución tendría que distinguir entre una conducta deliberada, una falla técnica, una confusión documental y una infracción menor sin impacto real en la integridad de la prueba. Una política excesivamente punitiva puede castigar a aspirantes vulnerables, mientras que una revisión sin criterios uniformes puede alimentar acusaciones de favoritismo. La transparencia del procedimiento será tan importante como el resultado final.
También será necesario comunicar con precisión los cambios. Si la universidad anuncia el regreso al examen presencial sin explicar sedes, costos indirectos, mecanismos de apoyo, reglas para dispositivos y vías de reclamación, aumentará la incertidumbre entre las familias. La publicación del costo total del operativo, aunque no determine por sí sola su conveniencia, ayudaría a evaluar si la medida es sostenible. Del mismo modo, el informe de la Comisión Técnica debe presentar evidencia sobre la anomalía detectada y no limitarse a recomendar un cambio de formato.
Una decisión con efectos más allá de la UNAM
La UNAM concentra una demanda extraordinaria por educación superior, por lo que sus decisiones pueden influir en otras instituciones públicas. Si el examen presencial se presenta como la única forma confiable de seleccionar aspirantes, universidades con menos recursos podrían verse presionadas a adoptar operativos costosos que no pueden financiar. Si, en cambio, la evaluación técnica demuestra que es posible corregir la modalidad en línea con controles razonables, se abriría una ruta más accesible para instituciones con estudiantes dispersos territorialmente.
El episodio también puede acelerar una discusión nacional sobre la seguridad de las evaluaciones de alto impacto. El problema no se limita a la UNAM: cualquier examen que determine el acceso a una carrera, una beca o una plaza puede generar un mercado de intermediarios y suplantadores cuando el beneficio esperado es elevado. Las autoridades educativas tendrán que equilibrar la protección de la competencia justa con el derecho a la privacidad y con la necesidad de no convertir cada evaluación en un mecanismo de vigilancia desproporcionado.
La decisión de septiembre debería valorar tres resultados al mismo tiempo: la capacidad del modelo para impedir suplantaciones, el costo real por aspirante y el efecto sobre quienes enfrentan barreras de traslado o conectividad. La presencialidad puede ser una respuesta prudente mientras se esclarece la anomalía, pero no debería convertirse en una reacción permanente basada solo en la desconfianza. El futuro del proceso de admisión dependerá de que la UNAM publique evidencia suficiente, corrija sus controles y demuestre que la seguridad puede coexistir con el acceso equitativo.
