La comisión bicameral de seguimiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dejó designada a Eugenia Pierrepont como directora interina, pero no resolvió los puntos más sensibles sobre el Servicio de Administración Financiera (SAF) y el Presupuesto. Esos asuntos quedaron para una próxima reunión, realizada en un contexto de cuestionamientos opositores por la forma en que La Libertad Avanza busca intervenir en el funcionamiento de la oficina técnica encargada de calcular el impacto económico de las leyes.
El encuentro se realizó en el despacho del senador libertario Agustín Monteverde y no en los espacios habilitados del Palacio Legislativo o sus anexos. Según los cuestionamientos expuestos en el Congreso, la modalidad incumplió la norma que exige publicidad para las reuniones de comisión. Monteverde, además, restringió el acceso de la prensa al considerar que se trataba de una reunión reservada.
Participaron el diputado Bertie Benegas Lynch, de La Libertad Avanza; la diputada Daiana Fernández Molero, del PRO e integrante de la comisión; y el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien no integra el cuerpo pero asistió para reclamar transparencia. El peronismo decidió no concurrir, al sostener que no quería “legitimar una reunión oscura”. Sin quórum, solo se definieron cargos interinos.
La comisión había frenado el plan de trabajo
La situación de la OPC se había complicado meses antes, cuando Benegas Lynch y Monteverde, presidentes de las comisiones de Presupuesto de Diputados y del Senado, impulsaron la conformación de esta bicameral. Luego encomendaron a la oficina “reformular” su Plan de Trabajo Anual 2026 para una posterior evaluación y eventual aprobación definitiva de la comisión.
La decisión dejó a la OPC sin un plan de trabajo vigente y añadió una segunda restricción: cualquier requerimiento que quedara fuera de ese esquema debía contar con aval de la bicameral. Para sectores opositores, esa condición limitaba la capacidad de la oficina para responder pedidos de informes de los legisladores, una de sus funciones centrales desde su creación en 2016.
En ese proceso renunció el director general Gabriel Esterelles. La oficina quedó sin presupuesto, sin autoridades estables y con restricciones para atender nuevas solicitudes, a quince días de la llegada prevista del proyecto de ley de Presupuesto 2027. La designación interina de Pierrepont resuelve parcialmente la falta de conducción, aunque el tratamiento de las áreas presupuestarias pendientes aún no fue definido.
Los informes que generaron tensión
La oposición sigue de cerca el caso porque entiende que el oficialismo busca controlar la difusión de datos fiscales. Un diputado que antes se mostraba dialoguista y ahora tomó distancia del Gobierno vinculó la intervención sobre la OPC con otros cuestionamientos sobre el manejo de información pública. Como antecedente concreto, mencionó el informe de la oficina sobre la Ley de Financiamiento Universitario, que calculó un impacto fiscal de 0,23% del PBI y contradijo la posición oficial sobre el costo de la norma.
También creció el malestar con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, por su antecedente dentro de la OPC. Guberman ingresó en 2018 como uno de los cuatro directores de la entidad, creada a partir de un proyecto de Juan Manuel Abal Medina en 2016. Legisladores consultados remarcaron que conoce el carácter técnico de los informes y cuestionaron que no haya objetado las restricciones planteadas.
Ferraro sostuvo que impedir la transmisión de las reuniones o el acceso de la prensa contradice el espíritu con el que fue creada la Oficina de Presupuesto del Congreso. Para el diputado de la Coalición Cívica, la reserva aplicada en el encuentro introduce opacidad en un ámbito que, por su función de producir información fiscal para todos los bloques, debería regirse por criterios de máxima transparencia e información pública.
