La falta de información sobre el costo y los resultados de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca abre un problema que va más allá de la administración de una unidad policial. Cuando un gobierno anuncia un cuerpo especializado con vehículos blindados, drones, helicóptero, unidad C2 y personal seleccionado de distintas corporaciones, la sociedad tiene derecho a conocer cuánto se invirtió, bajo qué criterios se ejerció el presupuesto y qué resultados verificables se obtuvieron. La respuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), según la cual no existe un mecanismo presupuestal específico para identificar el gasto de la FIRT, dificulta esa evaluación.
La ausencia de una partida exclusiva no demuestra por sí misma un uso irregular de los recursos. En estructuras operativas que comparten personal, vehículos, mantenimiento y servicios con otras áreas, los costos pueden distribuirse en varios capítulos presupuestales. Sin embargo, precisamente por esa complejidad se requiere una metodología de identificación: registros de adquisición, contratos, horas de operación, combustible, capacitación, reparación de unidades y remuneraciones asociadas. Sin ese desglose, resulta prácticamente imposible determinar si la FIRT representa una inversión proporcional a sus objetivos o si su funcionamiento ha absorbido recursos que podrían fortalecer las tareas ordinarias de prevención, investigación y atención a víctimas.
Una fuerza visible, pero difícil de evaluar
La creación de la FIRT en marzo de 2025 tuvo un componente político y operativo evidente. El gobernador Javier May Rodríguez la presentó como una agrupación de élite integrada por 254 elementos estatales y federales, con entrenamiento especializado y equipamiento de alta capacidad. Una fuerza de ese tipo puede aportar ventajas concretas: concentrar personal preparado para responder a eventos de alto impacto, mejorar la coordinación entre instituciones y disponer de herramientas adecuadas para enfrentar grupos armados o situaciones de riesgo extraordinario. En territorios afectados por bloqueos, incendios, ataques coordinados o hallazgos de restos humanos, una unidad de reacción rápida puede reducir los tiempos de respuesta y proteger a la población.
También puede funcionar como un mecanismo de integración institucional. La participación de corporaciones estatales y federales, si se acompaña de protocolos comunes, intercambio de inteligencia y una cadena de mando claramente definida, podría evitar duplicidades y mejorar la respuesta frente a delitos que superan las capacidades de una sola policía. Los vehículos blindados y los sistemas de vigilancia no producen seguridad por sí mismos, pero pueden ampliar la capacidad de intervención cuando existe información confiable, personal suficiente y coordinación con fiscalías y autoridades municipales.
El problema es que ninguna de esas ventajas puede confirmarse a partir de los datos disponibles. La SSPC no entregó los principales resultados de la FIRT desde su creación, pese a que fueron solicitados mediante mecanismos de acceso a la información. La falta de indicadores impide saber cuántas operaciones realizó, cuántas personas fueron detenidas, qué órdenes judiciales respaldaron sus intervenciones, qué armas o bienes fueron asegurados, cuántos agentes resultaron lesionados y, sobre todo, si sus acciones contribuyeron a reducir delitos violentos en las zonas donde fue desplegada.
El costo de no rendir cuentas
La opacidad presupuestal tiene efectos institucionales acumulativos. En primer lugar, debilita la confianza pública. La ciudadanía puede aceptar que la seguridad requiere inversiones importantes, incluso en equipo costoso, siempre que el gasto esté justificado y sujeto a controles. Cuando la autoridad no puede precisar cuánto costaron las unidades Rhino, Alacrán y Cobra, los drones, el helicóptero o la infraestructura de mando, crece la sospecha de que la etiqueta de “élite” se utiliza para proteger decisiones discrecionales.
En segundo lugar, la falta de información afecta la supervisión legislativa y la planeación futura. Los congresos estatales, los órganos fiscalizadores y las áreas de presupuesto necesitan comparar el costo de una estrategia con sus resultados. Sin datos homogéneos, no pueden decidir si conviene ampliar la FIRT, corregir su diseño, transferir funciones a otras corporaciones o modificar las prioridades de gasto. La ausencia de una partida específica tampoco debe convertirse en una barrera administrativa permanente: el presupuesto puede estar organizado por unidades responsables, pero los programas con alto impacto financiero necesitan trazabilidad suficiente para ser auditados.
Existe además un riesgo operativo. Una unidad con equipamiento sofisticado puede concentrar recursos humanos y materiales en despliegues espectaculares, mientras se descuidan labores menos visibles pero esenciales, como la investigación criminal, la policía de proximidad, la protección de escenas del crimen y la atención a víctimas. La seguridad pública depende de una cadena completa. Si la detención no se acompaña de investigaciones sólidas, judicialización y seguimiento de las redes financieras y logísticas del crimen, la fuerza táctica puede producir resultados inmediatos sin modificar las causas que sostienen la violencia.
Los indicadores dibujan una alerta, no una sentencia
Las cifras disponibles exigen prudencia y, al mismo tiempo, impiden presentar la FIRT como una política ya exitosa. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 707 homicidios dolosos en Tabasco durante 2024 y 760 en 2025, el primer año completo del gobierno de May Rodríguez. El aumento no permite atribuir automáticamente el deterioro a la creación de la fuerza, porque los homicidios responden a múltiples factores: disputas entre organizaciones, dinámicas regionales, capacidad de denuncia, cambios en la clasificación de delitos y actuación de autoridades federales y municipales.
Pero la tendencia sí contradice cualquier conclusión triunfalista basada únicamente en el anuncio de la unidad. Para 2026 se reportaban 292 homicidios con datos preliminares al 20 de julio y corte al 30 de junio, según la información citada. Las cifras preliminares pueden cambiar y no ofrecen todavía una comparación anual completa, aunque las jornadas de violencia con negocios incendiados y hallazgos de restos humanos muestran que el problema conserva una dimensión grave. La duplicación de masacres registrada por Causa en Común entre 2024 y 2025, de tres a seis casos, refuerza la necesidad de evaluar el impacto territorial y temporal de las políticas de seguridad.
La evidencia disponible no permite afirmar que la FIRT haya fracasado, pero tampoco permite sostener que haya alcanzado la paz anunciada. Para establecer una relación razonable entre su operación y la evolución delictiva sería necesario conocer dónde se desplegó, durante cuánto tiempo, contra qué amenazas y con qué resultados comparables. También habría que distinguir entre la capacidad de contener un episodio específico y la reducción sostenida de homicidios, extorsiones, desapariciones y ataques contra negocios. Confundir presencia armada con disminución de la violencia puede llevar a decisiones costosas y poco eficaces.
Rotación de mandos y continuidad institucional
La sucesión de tres responsables de la seguridad estatal durante los primeros dos años de la administración constituye otro factor de riesgo. Víctor Hugo Chávez Martínez renunció en febrero de 2025, cinco meses después del inicio del gobierno; Sefarín Tadeo Lazcano dejó el cargo en mayo de 2026 y fue sustituido por Alejandro Leal López. Un cambio de mando no implica necesariamente una crisis: puede corregir errores, renovar estrategias o responder a circunstancias políticas y operativas. Sin embargo, cuando ocurre en un contexto de violencia persistente, puede interrumpir planes, modificar prioridades y dificultar la rendición de cuentas sobre decisiones tomadas por administraciones internas anteriores.
La FIRT, por su composición interinstitucional, es especialmente vulnerable a los efectos de esa rotación. Requiere reglas estables sobre mando, jurisdicción, uso de la fuerza, custodia de información, coordinación con la Fiscalía General del Estado y relación con autoridades federales. Si cada nuevo titular redefine la unidad sin publicar metas, protocolos y evaluaciones, se corre el riesgo de que la fuerza dependa más de decisiones personales que de una política pública verificable. La continuidad no significa conservar estructuras sin cambios, sino garantizar que los cambios puedan ser examinados y medidos.
Transparencia como herramienta de seguridad
La respuesta más útil no consiste solamente en revelar una cifra global. La SSPC debería publicar, dentro de los límites legales vinculados con la seguridad y la protección de datos personales, un informe que identifique las fuentes presupuestales utilizadas por la FIRT, los contratos de adquisición y mantenimiento, el número de elementos adscritos, la capacitación recibida y los criterios de despliegue. También debería reportar indicadores de desempeño: operaciones realizadas, tiempos de respuesta, detenciones que derivaron en procesos judiciales, aseguramientos confirmados, quejas por abuso y resultados de auditorías.
El gobierno estatal tendría que explicar qué información puede reservarse, durante cuánto tiempo y con fundamento en qué disposición. La reserva legítima de datos tácticos no justifica ocultar el gasto total, los procedimientos de contratación ni los resultados agregados. Una supervisión externa, con participación del órgano fiscalizador, el Congreso local y organismos de derechos humanos, ayudaría a reducir el riesgo de abusos y a verificar que el equipamiento se utilice conforme a la ley.
La FIRT todavía puede convertirse en una herramienta efectiva si su capacidad especializada se integra a una estrategia más amplia, basada en investigación, prevención y coordinación judicial. Pero cada mes sin información verificable aumenta la distancia entre la promesa pública y la evaluación independiente. En Tabasco, el desafío no es únicamente disponer de una policía con mayor poder de fuego, sino demostrar que sus recursos se ejercen con legalidad, que sus operaciones producen resultados sostenibles y que la población puede conocerlos sin depender de anuncios oficiales.
