El Gobierno de Abelardo de la Espriella informó que revocó más de 60 contratos del Ministerio de la Igualdad y presentó 13 denuncias por presuntas irregularidades detectadas durante la liquidación de la entidad. El anuncio transforma el cierre administrativo del ministerio en un proceso con posibles consecuencias penales, disciplinarias y fiscales para exfuncionarios y contratistas, aunque las responsabilidades individuales aún deberán ser establecidas por las autoridades competentes.
Según el vocero presidencial Miller Soto, las decisiones tomadas en los primeros diez días de liquidación permitieron recuperar más de 20.000 millones de pesos anualizados. El Gobierno utiliza esa cifra como prueba de que existían gastos y compromisos que podían ser revisados o eliminados sin afectar el objetivo inmediato del cierre institucional. La comparación oficial, que equipara esos recursos a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas, busca además trasladar el debate desde la estructura burocrática hacia el uso alternativo de fondos públicos.
Los contratos son el punto más sensible del balance
La revocatoria de los contratos ocupa el centro del pronunciamiento porque el Ejecutivo los relaciona con decisiones tomadas al final de la administración de Gustavo Petro. Soto no divulgó los objetos, las fechas exactas ni los contratistas vinculados a cada uno de los más de 60 acuerdos anulados. Esa falta de detalle impide, por ahora, medir el alcance real de las presuntas anomalías, pero sí muestra que el liquidador considera que parte de la contratación debía ser frenada antes de que generara nuevas obligaciones para el Estado.
En un proceso de liquidación, la distinción es relevante: una entidad que deja de operar bajo su objeto misional no puede mantener el ritmo ordinario de contratación. Sus decisiones deben limitarse a proteger archivos, atender obligaciones vigentes, resolver asuntos jurídicos, preservar bienes y ejecutar las actuaciones indispensables para cerrar la institución. Por eso, la suspensión de procesos de selección y de contratos relacionados con funciones misionales no solo responde a una política de austeridad; también busca evitar que una cartera en cierre extienda compromisos que después deban asumir otras dependencias o el propio presupuesto nacional.
El Gobierno añadió dos datos que explican por qué llevó el caso ante organismos de control. De acuerdo con Soto, una sola empresa concentraba contratos por más de 171.000 millones de pesos, mientras que en el año anterior apenas se habría ejecutado el 5 % de la inversión. También señaló que el último ministro no habría entregado las llaves de bodegas que albergarían cerca de 16.800 millones de pesos en mercancías de la DIAN. Son afirmaciones graves, pero todavía corresponden a la versión del Ejecutivo: la concentración contractual no constituye por sí misma una irregularidad y la baja ejecución puede tener causas administrativas, técnicas o presupuestales que deberán ser verificadas documentalmente.
El ahorro anunciado depende de que la liquidación se sostenga
La revisión contractual se acompaña de una reducción acelerada de la estructura directiva. El Gobierno reportó la supresión de los cinco viceministerios, con un ahorro calculado en 1.500 millones de pesos anuales, y anticipó la eliminación de más de 40 cargos directivos, con un ahorro adicional estimado en 12.000 millones al año. Estas cifras presentan la liquidación como una corrección del gasto de funcionamiento, pero no equivalen automáticamente a recursos disponibles de inmediato: para que el ahorro se materialice, será necesario considerar costos de desvinculación, obligaciones laborales, contratos que permanezcan vigentes y el traslado de funciones que otras entidades deban asumir.
La clave, por tanto, no es únicamente cuántos cargos desaparecen, sino qué ocurre con las tareas públicas que el Ministerio de la Igualdad concentraba. La supresión de una entidad puede reducir costos administrativos cuando elimina duplicidades, pero puede producir vacíos si los programas, bases de datos, convenios territoriales y poblaciones atendidas no quedan bajo una responsabilidad clara. El Gobierno sostiene que el ministerio no estaba mostrando resultados proporcionales a los recursos comprometidos; esa tesis necesitará contrastarse con indicadores de cobertura, ejecución física y resultados de los programas, no solo con la cifra presupuestal ejecutada.
Las denuncias trasladan el debate a las autoridades de control
Las 13 denuncias radicadas se dividen en seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales. Cada vía examina asuntos distintos. La investigación penal determinaría si hubo conductas tipificadas como delito; la disciplinaria evaluaría el cumplimiento de deberes de los servidores públicos; y la fiscal establecería si existió un daño al patrimonio estatal y quién tendría que resarcirlo. El número de denuncias demuestra que el Gobierno pretende que la revisión no quede limitada a medidas internas, pero una denuncia no anticipa una condena ni sustituye el debido proceso.
El cierre de MinIgualdad se vuelve así una prueba doble para la administración de De la Espriella. Deberá demostrar que los ahorros anunciados son verificables y que la transferencia o terminación de funciones no debilita la atención estatal. Al mismo tiempo, las autoridades deberán establecer con independencia si los contratos revocados, la concentración de recursos, la baja ejecución y el manejo de las bodegas revelan irregularidades o si parte de las decisiones cuestionadas tenía sustento legal y operativo. El resultado definirá no solo el balance de una liquidación, sino también el estándar de control aplicado a las entidades creadas y desmontadas entre gobiernos.
