El Gobierno de Claudia Sheinbaum propone que determinadas compras de empresas mexicanas por parte de capital extranjero sean sometidas a una revisión que incorporaría criterios de seguridad nacional. La iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera plantea que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participen formalmente en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
El cambio no aplicaría a toda inversión proveniente del exterior. Estaría dirigido, principalmente, a operaciones en las que una persona o empresa extranjera busque adquirir directa o indirectamente más del 49% del capital social de una compañía mexicana que opere en actividades consideradas sensibles. Además, la transacción tendría que superar un umbral de activos fijos que todavía no ha sido definido.
La propuesta aún debe pasar por el proceso legislativo, por lo que no representa una obligación vigente para las empresas. Sin embargo, abre una discusión relevante para el clima de negocios: México busca ampliar sus herramientas de control sobre inversiones estratégicas, mientras especialistas advierten que la falta de criterios precisos puede elevar la incertidumbre en operaciones que requieren certidumbre regulatoria y plazos claros.
Una Comisión con nuevos integrantes y facultades
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras es el órgano encargado de analizar operaciones que, por su monto, actividad económica o estructura de participación, requieren autorización conforme a la legislación mexicana. Actualmente está integrada por representantes de diez secretarías de Estado, entre ellas Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Energía, Medio Ambiente, Infraestructura, Trabajo y Turismo.
La reforma propone que Sedena, Semar y SSPC sean integrantes permanentes con voz y voto. También contempla la participación permanente de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, aunque estas cuatro instancias tendrían voz, pero no voto.
La diferencia es sustantiva. Hasta ahora, la revisión de inversiones extranjeras se concentra en condiciones económicas, límites sectoriales y requisitos administrativos. Con la iniciativa, el análisis incluiría de manera expresa la posibilidad de que una adquisición represente un riesgo para la seguridad nacional. La decisión seguiría siendo colegiada: ni Sedena ni Marina tendrían, por sí solas, capacidad para bloquear una inversión.
El alcance dependerá de dos definiciones pendientes
La condición de adquirir más del 49% del capital de una empresa mexicana delimita parcialmente el nuevo mecanismo, pero no resuelve su alcance real. Falta conocer el monto de activos fijos que activaría la obligación de obtener autorización previa. Mientras ese parámetro permanezca abierto, no es posible calcular cuántas operaciones, ni de qué tamaño, podrían quedar sujetas al filtro.
También está pendiente una definición operativa de “amenaza a la seguridad nacional”. Ese concepto puede justificar una revisión reforzada en áreas vinculadas con infraestructura crítica, datos sensibles o tecnologías de uso dual. Pero si se formula con amplitud excesiva, deja a las empresas sin una guía suficiente para anticipar si una operación será aprobada, condicionada o rechazada.
Para un inversionista, la incertidumbre no se limita al resultado final. Una autorización previa puede modificar el calendario de una compra, el financiamiento, las condiciones pactadas entre comprador y vendedor y el valor asignado a una compañía. Por eso, la transparencia sobre plazos, criterios y recursos de revisión tendrá un peso comparable al de las nuevas restricciones mismas.
Los sectores tecnológicos colocan el debate en otra escala
La iniciativa contempla 22 nuevos sectores potencialmente sujetos a una revisión más amplia. Entre ellos figuran energía, transporte, comunicaciones, minería, infraestructura, agroindustria, ciberseguridad, almacenamiento y tratamiento de datos, inteligencia artificial, biotecnología, semiconductores y tecnología aeroespacial. Además, se abre la posibilidad de incluir otras actividades que determine la propia Comisión.
La lista revela que el proyecto no se concentra únicamente en activos tradicionales como puertos, minas o redes energéticas. También alcanza sectores donde el valor estratégico depende de información, propiedad intelectual, capacidad de procesamiento y acceso a cadenas tecnológicas globales. Una empresa de datos o de semiconductores puede tener activos físicos limitados frente a su relevancia tecnológica, lo que vuelve particularmente importante la forma en que se diseñe el umbral de activos y los criterios complementarios.
En este punto aparece una tensión de política pública. México busca atraer capital para ampliar su capacidad industrial, desarrollar infraestructura digital y participar en cadenas de valor vinculadas con la relocalización de empresas. Al mismo tiempo, procura reservarse instrumentos para examinar quién controla actividades con impacto en la soberanía tecnológica, la información sensible o los servicios esenciales.
Las garantías institucionales serán decisivas
Especialistas consultados por Agencia Reforma han advertido que la participación permanente de las Fuerzas Armadas y de la SSPC podría ser excesiva si se aplica a operaciones sin una conexión concreta con la seguridad nacional. La alternativa planteada por algunos juristas es que esas dependencias intervengan como invitadas en expedientes específicos, en lugar de contar con presencia y voto en todas las decisiones de la Comisión.
La objeción central no cuestiona la posibilidad de revisar inversiones sensibles, una práctica que también existe en otras economías, sino la necesidad de acotar el poder discrecional. Reglas sobre no discriminación por nacionalidad, proporcionalidad de las medidas, motivación de las resoluciones, confidencialidad de la información empresarial y rendición de cuentas ayudarían a distinguir una evaluación de riesgos de un obstáculo administrativo imprevisible.
La reforma, por tanto, será medida menos por el anuncio de nuevos controles que por la calidad de su diseño final. Si delimita con precisión las operaciones relevantes y ofrece decisiones trazables, puede crear un mecanismo focalizado para sectores estratégicos. Si deja abiertos el umbral, los riesgos y los procedimientos, el costo podría recaer en inversiones que México busca captar precisamente en industrias de alto capital, tecnología avanzada e integración internacional.
