La entrega inicial de informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2025 confirma una tendencia recurrente en el sistema de control presupuestario mexicano: la revisión se concentra en los mecanismos de distribución de participaciones a las entidades federativas, mientras deja en suspenso el análisis detallado del ejercicio central del gasto federal. Este primer paquete, que abarca 301 mil 366 millones de pesos con cobertura total, reporta apenas 1.4 millones pendientes de aclaración. Sin embargo, esa cifra resulta insuficiente para valorar el desempeño de las secretarías de Estado, las empresas productivas del Estado y los programas prioritarios que absorbieron la mayor parte del presupuesto aprobado.
El contexto histórico de la ASF revela que su capacidad de fiscalización ha enfrentado límites estructurales desde su creación constitucional en 1999. Durante más de dos décadas, los informes de la Cuenta Pública han mostrado mayor profundidad en la revisión de transferencias a estados y municipios que en el gasto directo del Ejecutivo federal. Esta asimetría se agudizó entre 2019 y 2024 con la aparición de proyectos estratégicos ejecutados bajo esquemas de asignación directa o mediante empresas paraestatales, donde la supervisión técnica y la evaluación de resultados quedaron relegadas a etapas posteriores o simplemente omitidas.
Antecedentes del control presupuestario mexicano
La evolución de la fiscalización en México muestra un patrón claro: cada reforma constitucional amplió formalmente las facultades de la ASF, pero la práctica real dependió siempre de la oportunidad y profundidad de las entregas de informes. En ejercicios anteriores, como la Cuenta Pública 2018, los hallazgos sobre el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía llegaron con retraso significativo respecto a la ejecución presupuestal. Esa experiencia demuestra que, cuando las auditorías se postergan, los mecanismos de corrección administrativa pierden efectividad y las responsabilidades se diluyen entre diferentes administraciones.
El caso del Tren Interoceánico ilustra esta dinámica con particular claridad. El proyecto, anunciado como eje de desarrollo regional en el sureste, ha registrado modificaciones contractuales sucesivas y sobrecostos que no han sido sometidos aún a una auditoría integral de desempeño. La solicitud de revisiones especiales por parte de legisladores de oposición responde precisamente a la necesidad de evaluar no solo la legalidad del gasto, sino también la eficacia de los controles de supervisión y la gestión de riesgos durante la construcción y operación inicial.
Impactos en la transparencia institucional
La ausencia de información oportuna sobre el ejercicio del gasto federal genera efectos acumulativos en la confianza ciudadana. Cuando los contribuyentes perciben que los recursos destinados a infraestructura y programas sociales no son sometidos al mismo nivel de escrutinio que las participaciones estatales, se debilita el principio de igualdad ante la rendición de cuentas. Este desbalance afecta especialmente la percepción de legitimidad de las grandes obras, cuya justificación presupuestal original descansaba en promesas de impacto económico y social que ahora carecen de verificación independiente.
En el plano de la gobernanza estatal, la mención explícita a Sinaloa, Baja California, Sonora y Tamaulipas introduce un criterio adicional de riesgo institucional. Estos estados han acumulado señalamientos públicos sobre posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales durante los últimos años. La aplicación de auditorías más exhaustivas en estos territorios no representa una politización del control, sino una respuesta proporcional al nivel de vulnerabilidad detectado. La experiencia internacional en países con problemas similares de captura institucional demuestra que reforzar los controles externos reduce la probabilidad de desvío de recursos y fortalece la capacidad de las autoridades locales para resistir presiones externas.
Consecuencias a largo plazo para la democracia
La madurez de un sistema democrático se mide, entre otros indicadores, por la capacidad de sus instituciones de control para adaptarse a la complejidad del gasto público contemporáneo. Si las próximas entregas de la ASF mantienen el mismo alcance limitado, el Congreso perderá información crítica para ejercer su función de fiscalización política. Esta carencia puede traducirse en aprobaciones presupuestales futuras basadas en supuestos no verificados, perpetuando ciclos de ineficiencia o, peor aún, de opacidad deliberada.
Por otra parte, la exigencia de auditorías de desempeño sobre proyectos estratégicos abre la puerta a una transformación más profunda del modelo de control. Evaluar no solo la legalidad, sino también la eficacia y los resultados, permitiría identificar patrones recurrentes de subejercicio, sobrecostos o desviación de objetivos. Esta información resulta indispensable para diseñar reformas presupuestarias que vinculen la asignación de recursos con metas medibles y verificables.
La sociedad mexicana tiene derecho a conocer si los cientos de miles de millones de pesos ejercidos en 2025 produjeron beneficios tangibles. Mientras la ASF complete su revisión integral, el vacío informativo actual genera un costo invisible: la erosión gradual de la confianza en las instituciones que administran recursos públicos. Una democracia que aspira a consolidarse no puede permitirse que las auditorías sigan siendo el prólogo de una obra que nunca se termina de escribir.
