El Programa Mundial de Alimentos (PMA) reducirá de 400.000 a 200.000 el número de personas que reciben asistencia alimentaria en Cisjordania a partir de septiembre, una decisión motivada por la insuficiencia de financiación y adoptada en un contexto de deterioro social y económico. El recorte alcanza a la mitad de los beneficiarios que hasta ahora eran considerados especialmente vulnerables, pese a que las necesidades humanitarias en el territorio son más del doble de las registradas en 2023.
Una reducción en el momento de mayor presión sobre los hogares
La medida afecta a una población donde unas 900.000 personas viven en situación de inseguridad alimentaria, según los datos difundidos por el organismo de Naciones Unidas. El PMA advierte de que el problema no se limita a la falta puntual de alimentos: refleja una pérdida sostenida de ingresos, activos y capacidad de las familias para sostener una dieta suficiente. Su último análisis indica que el 76% de los hogares de Cisjordania ha sufrido un descenso significativo de sus ingresos, una proporción que revela una crisis de alcance amplio, incluso entre familias que anteriormente contaban con medios de vida relativamente estables.
La contracción de la ayuda se produce, además, mientras aumentan los ataques de colonos y el desplazamiento de población palestina en distintas zonas de Cisjordania. La relación entre violencia, desplazamiento y alimentación es directa: cuando las familias abandonan sus hogares, pierden acceso a tierras, empleo, redes comunitarias y mercados locales. La interrupción de esas fuentes de sustento convierte una crisis de seguridad en una crisis de consumo y nutrición, con consecuencias que pueden persistir incluso si mejora temporalmente la disponibilidad de alimentos.
Precios elevados y estrategias de supervivencia
El PMA sitúa los precios de la comida y el combustible entre los más altos de Oriente Próximo. Para los hogares con ingresos reducidos, esa combinación vuelve insuficiente cualquier presupuesto doméstico y obliga a tomar decisiones que deterioran progresivamente su bienestar. Muchas familias están vendiendo bienes, reduciendo la cantidad de comidas diarias o sustituyendo productos nutritivos por opciones más baratas y menos variadas. Esas medidas permiten afrontar una emergencia inmediata, pero debilitan la capacidad de recuperación futura al agotar recursos que podrían utilizarse para producir, trabajar o afrontar nuevos desplazamientos.
Cerca del 12% de la población de Cisjordania presenta un consumo insuficiente de alimentos y un tercio de las familias no puede costear una dieta nutritiva. Estas cifras muestran que la inseguridad alimentaria no debe medirse solamente por la ausencia total de comida. Una familia puede mantener algún nivel de consumo y, al mismo tiempo, carecer de proteínas, frutas, verduras o combustible para cocinar de forma regular. Por ello, el descenso de la asistencia puede tener efectos más amplios que el número de personas excluidas de los programas: también puede acelerar el deterioro nutricional de hogares que ya están ajustando su dieta al límite.
La ayuda pasa de expansión a priorización extrema
El director del PMA para Palestina, Shaun Hughes, resumió el dilema de la organización al señalar que familias que antes prosperaban gracias a sus tierras ya no pueden comprar alimentos suficientes. La observación apunta a un cambio relevante en el perfil de la necesidad: no se trata exclusivamente de grupos históricamente dependientes de asistencia, sino de hogares cuya autonomía económica se ha erosionado por la pérdida de ingresos, las restricciones de movilidad, la inseguridad y el encarecimiento de productos básicos.
Hughes sostuvo que el PMA debería estar ampliando sus operaciones para llegar a más personas, pero se ve obligado a priorizar a quienes considera más vulnerables. Esa selección supone una decisión operativa inevitable cuando los recursos no alcanzan, aunque también deja expuestos a hogares que no cumplen los criterios más severos de vulnerabilidad y que, sin embargo, pueden caer rápidamente en una situación crítica. En emergencias prolongadas, los recortes preventivos suelen elevar los costes posteriores, porque la asistencia debe reconstruir capacidades que antes todavía existían.
Gaza agrava la competencia por recursos humanitarios
La falta de fondos afecta simultáneamente a las operaciones del PMA en la Franja de Gaza, donde la agencia apoya a 1,5 millones de personas, incluido un millón que recibe asistencia alimentaria cada mes. Durante julio, el organismo redujo en un 40% el valor monetario de la ayuda destinada a 375.000 personas en el enclave. El aviso de que nuevos recortes serán inevitables si no llegan recursos adicionales evidencia que el problema no consiste en una redistribución interna entre Gaza y Cisjordania, sino en una brecha de financiación que compromete ambos territorios.
La simultaneidad de las crisis dificulta la planificación humanitaria. Gaza concentra una emergencia de gran escala y necesidades extremas, mientras Cisjordania combina una presión económica extensa con focos de desplazamiento y violencia que pueden empeorar de forma abrupta. Si la financiación se mantiene por debajo de lo requerido, las agencias quedan obligadas a elegir entre reducir la cobertura territorial, rebajar el valor de las transferencias o limitar la frecuencia de la ayuda. Las tres opciones trasladan una mayor carga a familias que ya han reducido su margen de supervivencia.
Una necesidad urgente para los próximos seis meses
El PMA calcula que necesita urgentemente 386 millones de dólares adicionales, unos 333 millones de euros, para asistir durante los próximos seis meses a aproximadamente dos millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en Gaza y Cisjordania. La cifra debe leerse como una necesidad de continuidad, no solo como una petición para ampliar programas: sin esos fondos, el organismo anticipa más restricciones en una red de apoyo que ya ha comenzado a reducirse.
La evolución de la crisis dependerá tanto de la respuesta de los donantes como de las condiciones sobre el terreno. Una financiación rápida podría evitar que más hogares vendan sus bienes, contraigan deudas o reduzcan aún más su alimentación. En cambio, una prolongación de los recortes elevaría el riesgo de que la inseguridad alimentaria deje de ser una consecuencia de la pérdida de ingresos y se transforme en un factor adicional de inestabilidad, desplazamiento y deterioro social en Cisjordania y Gaza.
