La consolidación fiscal emprendida por el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha impedido que la deuda pública mexicana mantenga una trayectoria ascendente. Entre septiembre de 2024 y julio de 2026, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia del endeudamiento federal, pasó de 18 billones a 19.22 billones de pesos. El incremento nominal fue de 1.2 billones de pesos y, descontando la inflación, equivale a un crecimiento real de 6.7%.
El dato sintetiza una tensión central de las finanzas públicas: el gobierno busca reducir el déficit heredado, pero todavía requiere recursos para sostener compromisos presupuestarios, transferencias, inversión pública y apoyos a Petróleos Mexicanos. La disminución del desequilibrio anual no implica automáticamente una caída en el saldo acumulado de la deuda; mientras el sector público mantenga necesidades de financiamiento, el monto total puede continuar creciendo.
Un saldo que gana peso en las cuentas públicas
Al cierre de julio de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que el SHRFSP representaba 51.5% del Producto Interno Bruto. La dependencia sostiene que ese nivel es moderado frente a otras economías emergentes y latinoamericanas, y lo presenta como evidencia de una administración prudente. Sin embargo, la comparación internacional no elimina el principal reto interno: la velocidad con la que el indicador se ha elevado y el margen cada vez más estrecho para absorber choques económicos o financieros.
Los Precriterios Generales de Política Económica para 2027 anticipan un cierre de 2026 con una deuda ampliada de 20 billones 419,800 millones de pesos, equivalente a 54.7% del PIB, según la estimación citada por Hacienda. La cifra sería la más alta registrada para este indicador. Parte del cambio responde a la revisión metodológica del PIB nominal realizada por el Inegi en 2025 y a ajustes del marco macroeconómico, pero la explicación estadística no modifica el hecho económico: el Estado tendrá un volumen mayor de obligaciones que administrar.
La reducción del déficit avanza más lento de lo previsto
La raíz del problema se encuentra en el déficit fiscal de 2024. Los Requerimientos Financieros del Sector Público cerraron aquel año en 5.8% del PIB, un nivel excepcional que reflejó el aumento del gasto y la contratación de deuda durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, particularmente para financiar proyectos prioritarios. Esa base elevada convirtió la corrección posterior en una tarea más compleja que un simple ajuste anual del presupuesto.
Para el primer año de gobierno de Sheinbaum, la meta era reducir el déficit a 3.9% del PIB. Pese a recortes relevantes al gasto público, el resultado se ubicó en 4.8%. Los apoyos a Pemex fueron uno de los factores que limitaron el ajuste. La petrolera concentra una doble presión: requiere respaldo financiero para atender obligaciones y sostener operaciones, pero cada transferencia destinada a aliviar su situación reduce el espacio disponible para cumplir los objetivos fiscales del gobierno federal.
La meta para 2026 es llevar el déficit a 4.1% del PIB. Alcanzarla es relevante no sólo por el monto anual que implica, sino porque marcaría la credibilidad de la estrategia de consolidación. Un déficit persistentemente superior a la meta obliga a financiar una porción mayor del gasto con deuda y extiende el periodo necesario para estabilizar la relación entre pasivos públicos y tamaño de la economía.
El costo de posponer el ajuste
Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, ha advertido que México ya acumula retraso en la reducción del déficit y que una calificadora ya degradó la evaluación correspondiente. Su argumento apunta a una secuencia conocida: déficits elevados incrementan las necesidades de financiamiento; un mayor endeudamiento puede elevar la percepción de riesgo; y una percepción de riesgo más alta encarece el acceso al crédito para el gobierno, empresas y hogares.
La preocupación no descansa únicamente en el tamaño actual de la deuda. Una proporción cercana a 55% del PIB puede ser manejable si la economía crece, las tasas de interés se moderan y los ingresos públicos son suficientes. Pero se vuelve más exigente cuando coinciden bajo crecimiento, elevados costos financieros, menor recaudación o presiones adicionales sobre empresas públicas. En ese escenario, una parte creciente del presupuesto se dirige al servicio de la deuda y deja menos recursos para salud, educación, infraestructura o inversión productiva.
La prueba será transformar el ajuste en una tendencia
Hacienda defiende que la trayectoria proyectada es sostenible. Esa evaluación dependerá de que el gobierno convierta los recortes y controles de gasto en una corrección duradera, no en una contención temporal. También requerirá definir con mayor claridad el costo fiscal de Pemex, porque tratar sus apoyos como una respuesta recurrente dificulta calcular el verdadero ritmo de la consolidación.
La discusión, por tanto, va más allá de si la deuda mexicana permanece dentro de un rango comparable con el de otros países. El desafío es recuperar capacidad de maniobra presupuestaria después de un año de déficit histórico. Reducirlo por debajo de 4% del PIB sería una señal de disciplina, pero sostener esa reducción exigirá decisiones sobre gasto, ingresos y empresas estatales que no pueden resolverse sólo con ajustes administrativos.
