La decisión del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón de contratar un despacho externo coloca las finanzas del organismo ante una prueba de credibilidad. El objetivo inmediato es revisar los adeudos de corto plazo con proveedores, depurar las cuentas y comprobar que las obras y servicios contratados hayan sido efectivamente ejecutados y documentados. Sin embargo, el problema que emerge de los estados financieros es más amplio: el organismo reporta pasivos por 2 mil 081 millones de pesos al cierre del primer semestre de 2026, una cifra que contrasta de manera abrupta con los 354 millones registrados en el periodo anterior.
La diferencia no es un simple ajuste contable. Un incremento de esa magnitud obliga a preguntar cuándo se originaron las obligaciones, por qué no fueron reconocidas o explicadas antes, qué decisiones administrativas las produjeron y cuál es la capacidad real de Simas para enfrentarlas sin deteriorar la prestación del servicio. La renuncia del exgerente general Roberto Escalante González, presentada en medio de cuestionamientos por el desorden financiero y el crecimiento sorpresivo de los adeudos, convirtió una discusión interna en un asunto de interés público.
El salto de 354 a 2 mil 081 millones cambia la naturaleza del problema
El primer dato que debe analizarse es la composición del pasivo. Los 2 mil 081 millones de pesos no representan necesariamente una sola deuda con proveedores ni pueden interpretarse como un monto homogéneo. Dentro de esa cifra aparecen obligaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la empresa Ecoagua, litigios pendientes y compromisos comerciales cuya procedencia aún debe verificarse. La tarea del despacho externo será establecer qué parte corresponde a obligaciones legítimas, qué parte está vencida, qué pasivos son contingentes y qué montos podrían estar duplicados, mal clasificados o insuficientemente sustentados.
La precisión es decisiva porque cada tipo de deuda tiene consecuencias distintas. Los 441 millones atribuidos a la CFE reflejan que Simas no pagaba la totalidad de la energía utilizada por pozos y cárcamos. Los 218 millones pendientes con Conagua corresponden a derechos de extracción y descargas no cubiertos: 136 millones se acumularon hasta 2024 y el resto entre 2025 y el primer semestre de 2026. A ello se suman alrededor de 200 millones a favor de Ecoagua, derivados de laudos relacionados con la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como otros litigios que podrían generar pagos adicionales.
Estos rubros revelan que la crisis no se limita a una administración deficiente de facturas. Simas ha dejado de cubrir insumos esenciales para operar, obligaciones regulatorias y resoluciones judiciales. La deuda, por tanto, no solo afecta al balance: compromete la continuidad operativa, la relación con autoridades federales y la confianza de empresas que participan en obras de infraestructura hidráulica.
La revisión externa tendrá que reconstruir la historia, no solo sumar facturas
El Consejo Directivo enfrenta una dificultad metodológica. Una auditoría que se limite a revisar expedientes y conciliar saldos podría confirmar cuánto se debe, pero no necesariamente explicaría cómo se llegó a esa situación. Para que la intervención tenga valor, el despacho deberá reconstruir el ciclo completo del gasto: autorización presupuestal, procedimiento de contratación, asignación, ejecución, supervisión, recepción de los trabajos, emisión de la factura y registro contable.
Ese recorrido es especialmente relevante en los servicios mencionados por los consejeros: reposición de líneas sanitarias, rehabilitación de pozos, mantenimiento de equipos, renta de pipas y camiones vactor para desazolve. Son actividades indispensables para una ciudad, pero también operaciones difíciles de verificar después de realizadas. Una línea reparada queda bajo tierra; un pozo puede requerir intervenciones técnicas que no son visibles para el usuario; la renta de maquinaria depende de bitácoras, horas efectivas de trabajo y evidencia georreferenciada. La revisión deberá contrastar contratos, órdenes de servicio, reportes de supervisión, fotografías, bitácoras, pagos y resultados físicos.
La segunda exigencia es separar la irregularidad administrativa de la ineficiencia financiera. Que un trabajo haya sido ejecutado no significa automáticamente que el contrato haya sido conveniente, competitivo o correctamente autorizado. Del mismo modo, que una factura carezca de soporte suficiente no prueba por sí misma que el servicio nunca se haya prestado. Confundir ambas cuestiones produciría conclusiones apresuradas y podría debilitar cualquier procedimiento de responsabilidad.
Un tercer componente será la trazabilidad de las decisiones. El Consejo Directivo y la administración actual necesitarán identificar quién autorizó compromisos sin respaldo presupuestal, quién recibió los servicios y quién registró las obligaciones. El expediente debe permitir determinar si hubo errores de control, negligencia, contratación irregular o posibles actos deliberados. Sin esa cadena de responsabilidades, la revisión corre el riesgo de convertirse en una explicación financiera sin consecuencias institucionales.
El costo oculto se traslada a usuarios, trabajadores y proveedores
La crisis financiera de un organismo operador de agua rara vez permanece confinada a sus oficinas. Si Simas carece de liquidez, la primera presión recae sobre sus proveedores. Empresas que suministran materiales, servicios de mantenimiento, transporte y equipo pueden enfrentar problemas de flujo, reducir personal o dejar de participar en nuevas licitaciones. Cuando los contratistas perciben que el pago depende de decisiones políticas o de negociaciones extraordinarias, incorporan el riesgo al precio de sus propuestas. El organismo termina pagando más por el mismo servicio o recibiendo menos competencia.
El usuario también puede resultar afectado. La postergación de mantenimiento en pozos, cárcamos y redes sanitarias eleva la probabilidad de fallas, fugas, desbordamientos y cortes. Si los pagos a la CFE continúan acumulándose, cualquier medida de presión sobre el suministro eléctrico podría tener efectos directos en la extracción y distribución de agua. El impacto no sería uniforme: las colonias con menor capacidad para almacenar agua o comprarla mediante pipas enfrentarían una carga mayor.
Los trabajadores del organismo ocupan una posición igualmente delicada. Un programa de austeridad mal diseñado puede traducirse en congelamiento de plazas, reducción de mantenimiento preventivo o sobrecarga operativa. En cambio, una reestructuración basada en información verificable podría proteger las áreas técnicas y concentrar los ajustes en gastos improductivos. La calidad del diagnóstico determinará si la crisis se resuelve fortaleciendo la operación o debilitándola aún más.
Para los proveedores, la revisión externa puede ser una amenaza o una oportunidad. Quienes tengan contratos correctamente ejecutados deberían contar con un mecanismo transparente de reconocimiento y pago. Pero las empresas con documentación incompleta, precios cuestionables o servicios no comprobados enfrentarán un escrutinio legítimo. El problema es que cualquier retraso generalizado, sin distinguir entre acreedores válidos y expedientes dudosos, puede castigar a quienes sí cumplieron.
La deuda regulatoria muestra una falla de gobierno cotidiano
Los adeudos con CFE y Conagua ofrecen una señal particularmente importante. No se trata de proveedores ordinarios que puedan sustituirse mediante una nueva licitación. La electricidad es indispensable para mover los equipos de extracción y bombeo; los derechos de agua y las descargas forman parte del marco legal que permite operar. Acumular 441 millones con la empresa eléctrica y 218 millones con la autoridad del agua significa que el organismo ha utilizado servicios esenciales sin asegurar una fuente suficiente de pago.
La explicación financiera más probable no es que los costos fueran desconocidos. Simas conoce el consumo energético de sus pozos y cárcamos, así como las obligaciones asociadas a la extracción y descarga. El punto crítico es que la planeación presupuestal no habría reflejado adecuadamente el costo real de producir y distribuir agua. En esas condiciones, una tarifa políticamente contenida, una recaudación insuficiente o una cartera vencida creciente puede ocultar durante un tiempo el déficit, hasta que las obligaciones se vuelven imposibles de posponer.
Esta es la primera conclusión de fondo: la revisión de proveedores debe conectarse con una evaluación del modelo financiero del servicio. Si el organismo depura expedientes pero mantiene una estructura en la que los ingresos ordinarios no cubren energía, derechos, nómina, mantenimiento y saneamiento, la deuda reaparecerá. El saneamiento contable sería entonces temporal, y la administración siguiente heredaría un problema similar con una cifra distinta.
Ecoagua y los litigios convierten el pasivo en una amenaza de largo plazo
El caso de Ecoagua muestra la diferencia entre una obligación comercial ordinaria y un pasivo judicializado. Los aproximadamente 200 millones de pesos derivados de laudos a su favor, relacionados con la operación de la planta de tratamiento desde 2015, no pueden resolverse simplemente solicitando al proveedor una prórroga. Cuando existe una resolución judicial, los costos pueden incluir actualizaciones, intereses, gastos procesales y medidas de ejecución. Cada año de demora puede aumentar el monto o limitar las alternativas de negociación.
La referencia al agricultor Juan José Fernández García, quien desde 2008 reclama la restitución de derechos de agua tratada, añade otra dimensión. Los litigios vinculados con derechos de agua no solo tienen una expresión monetaria. También pueden afectar acuerdos de suministro, obligaciones ambientales y relaciones con usuarios agrícolas que dependen de una distribución previsible del recurso. La acumulación de demandas indica que las decisiones operativas y contractuales de años anteriores continúan condicionando la gestión presente.
La segunda conclusión es que Simas necesita una estrategia jurídica-financiera integrada. Pagar indiscriminadamente no es viable, pero tampoco lo es tratar todos los litigios como si fueran inciertos. El organismo tendría que clasificar los procesos según probabilidad de pérdida, monto actualizado, impacto operativo y posibilidad de convenio. Sin esa cartera de riesgos, el presupuesto anual podría mostrar una aparente estabilidad mientras las sentencias futuras absorben sus recursos.
La transparencia será el verdadero examen del Consejo Directivo
La contratación de un despacho externo puede elevar la confianza si se realiza mediante criterios públicos, con un alcance definido y entregables verificables. También puede generar nuevas dudas si se convierte en una caja negra, si el contrato se asigna sin competencia o si el informe final se presenta únicamente a puerta cerrada. La independencia del despacho no depende solo de que sea externo: requiere ausencia de conflictos de interés, acceso completo a los archivos y libertad para documentar hallazgos incómodos.
Los consejeros han expresado interés en esclarecer el manejo de los recursos públicos. Para que esa declaración sea creíble, deberán publicar el alcance de la revisión, los criterios para validar adeudos, el calendario de resultados y las acciones que se emprenderán frente a irregularidades. La intervención de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila puede aportar una revisión institucional con facultades propias, pero no debe utilizarse como razón para retrasar las medidas internas. Las auditorías tienen tiempos distintos y objetivos diferentes; esperar a que una concluya podría prolongar la incertidumbre operativa.
Los proveedores, por su parte, deberían poder presentar documentación y conocer el procedimiento de reconocimiento de sus créditos. La transparencia no significa revelar información comercial sensible sin controles, sino explicar de forma agregada cuánto se validó, cuánto se rechazó, cuánto está en litigio y qué calendario de pago se propone. La ciudadanía necesita saber si la depuración reduce una cifra inflada o simplemente confirma que el organismo debe mucho más de lo que podía admitir.
Tres escenarios para los próximos meses
El escenario más favorable sería una depuración que identifique obligaciones legítimas, elimine registros duplicados o no sustentados y establezca convenios con CFE, Conagua, Ecoagua y proveedores privados. Para alcanzarlo, Simas tendría que preservar la operación diaria, asegurar recursos para energía y mantenimiento, mejorar la recaudación y evitar nuevos compromisos sin respaldo presupuestal. La recuperación sería gradual, pero permitiría ordenar las prioridades y recuperar parte de la confianza empresarial.
Un escenario intermedio implicaría confirmar que una proporción significativa del pasivo es real, aunque negociable. En ese caso, el organismo podría requerir apoyo del municipio, reestructuración de plazos, ajustes tarifarios focalizados y un programa de eficiencia energética. La decisión políticamente más difícil sería reconocer que el costo del servicio no puede sostenerse indefinidamente con tarifas desconectadas de los gastos básicos. Cualquier ajuste tendría que proteger a hogares vulnerables y acompañarse de mejoras visibles en medición, facturación y continuidad del suministro.
El escenario de mayor riesgo aparecería si la revisión detecta obras inexistentes, servicios no comprobados, autorizaciones irregulares o expedientes alterados. Además de posibles responsabilidades administrativas y penales, los hallazgos podrían provocar una congelación general de pagos, nuevos litigios y una ruptura con contratistas. Una respuesta punitiva sin plan operativo sería insuficiente: el organismo debe investigar, pero también mantener funcionando los pozos, atender fugas y garantizar el saneamiento.
La tercera conclusión es que el despacho externo no debe medirse por el tamaño de su informe, sino por su capacidad para convertir la deuda en decisiones verificables. Simas Torreón necesita saber qué debe, por qué lo debe, cuándo debe pagarlo y quién permitió que la obligación creciera. También necesita un sistema de control que impida repetir la práctica de contratar obras y servicios sin registrar oportunamente su costo total. La cifra de 2 mil 081 millones puede disminuir después de la depuración, pero el problema institucional seguirá intacto si no cambia la forma de presupuestar, contratar, supervisar y rendir cuentas.
La intervención de la ASEC y del despacho privado abre una ventana para reconstruir la gobernanza del organismo. El resultado dependerá de si las autoridades aceptan publicar información completa, distinguir errores de posibles actos ilícitos y asumir decisiones financieras que durante años pudieron resultar incómodas. En una ciudad donde el agua depende de infraestructura costosa y vulnerable, la transparencia no es un elemento decorativo: es una condición operativa. Cada pasivo no explicado representa menos margen para reparar una red, sostener un pozo o responder a una emergencia. La revisión apenas comienza; su legitimidad se decidirá cuando sus hallazgos modifiquen la gestión cotidiana y no solo el lenguaje de los estados financieros.
