El sistema de aseguramiento en salud cerró 2025 con una señal financiera que trasciende las dificultades individuales de algunas entidades: las EPS acumularon una deuda de 58,06 billones de pesos con hospitales, clínicas, laboratorios, proveedores y operadores farmacéuticos. La cifra, reportada por la Contraloría General de la República, aumentó 26,5% frente a 2024 y sitúa la discusión en un punto más delicado que el mero incumplimiento contable: la capacidad real de la red prestadora para sostener la atención de millones de pacientes.
Una deuda concentrada en entidades bajo vigilancia
El dato más relevante del informe no es solo el tamaño de la cartera, sino su concentración. El 83% del déficit corresponde a EPS que han sido intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, precisamente con el propósito de corregir fallas administrativas, patrimoniales y de liquidez. La conclusión es incómoda para la política de intervención: las medidas de control no han logrado, al menos hasta el cierre de 2025, frenar el deterioro financiero de las entidades más comprometidas.
La Contraloría revisó los estados financieros certificados de 26 de las 29 EPS activas, con corte al 31 de diciembre de 2025, además de variables como afiliación, costos de atención, solvencia y situación de las entidades sometidas a medidas especiales. La información permite observar que el problema no se reduce a atrasos ocasionales en pagos, sino que responde a una brecha sostenida entre los recursos recibidos y los gastos asumidos para atender a la población asegurada.
El gasto supera de forma estructural los ingresos por afiliado
En promedio, las EPS gastaron 110% de los recursos que recibieron por cada afiliado a través de la Unidad de Pago por Capitación, UPC. En términos simples, por cada 100 pesos destinados a financiar la atención, las aseguradoras desembolsaron 110. Diecinueve entidades superaron una siniestralidad de 100%, un indicador que revela que el ingreso ordinario no alcanzó para cubrir los servicios y tecnologías suministrados a los usuarios.
Esta diferencia no puede interpretarse automáticamente como prueba de una sola causa. El gasto en salud depende de la frecuencia de uso de los servicios, el envejecimiento de la población, la carga de enfermedades crónicas, los precios de medicamentos y procedimientos, y la eficiencia con que cada EPS contrata y audita la atención. Sin embargo, cuando el desbalance se presenta de manera amplia y persistente, la consecuencia es previsible: se aplazan pagos a la red prestadora y la deuda se convierte en una fuente adicional de presión sobre hospitales y proveedores.
Solo cuatro entidades cumplieron los requisitos financieros
El examen de solvencia muestra una fragilidad aún más extensa. Apenas Aliansalud, Anas Wayuu EPSI, EPM y Salud Mía cumplieron al cierre de 2025 con los requisitos financieros exigidos por la ley en materia de capital, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Entre las cuatro concentraban 641.713 afiliados, poco más de 1% de la población asegurada. En contraste, 98,76% de los usuarios estaba afiliado a una entidad que no reunía la totalidad de esas condiciones mínimas.
Las exigencias derivadas del Decreto 780 de 2016 buscan que las EPS cuenten con respaldo patrimonial suficiente para responder por las obligaciones asociadas a la atención de sus afiliados. Cuando ese respaldo falta, el riesgo no se limita a un balance negativo: la entidad depende más de flujos futuros, negociaciones con prestadores y decisiones administrativas para cumplir compromisos ya adquiridos. Por ello, el incumplimiento generalizado reduce el margen de maniobra del sistema ante una contingencia sanitaria, un aumento de tratamientos costosos o una caída en la liquidez.
Pérdidas operativas y gastos administrativos bajo observación
De las 26 EPS con información completa, 17 cerraron 2025 con pérdidas operativas que, en conjunto, alcanzaron 5,73 billones de pesos. Solo nueve registraron resultados positivos. El resultado confirma que la crisis no se explica únicamente por deudas heredadas: la operación corriente de una mayoría de entidades siguió produciendo déficits, lo que dificulta normalizar las cuentas aun cuando existan acuerdos de pago o inyecciones transitorias de recursos.
La Contraloría también identificó comportamientos que ameritan revisión en los gastos administrativos. La regulación fija un tope de 10% de la UPC para el régimen contributivo y de 8% para el subsidiado. A.I.C. EPSI reportó 10%, mientras Salud Bolívar registró 202,8% y el Fondo de Pensiones de Ferrocarriles Nacionales, 16%. Estos porcentajes no determinan por sí solos una irregularidad, pues pueden requerir precisiones sobre la base contable y la clasificación de los gastos, pero sí revelan la necesidad de controles más estrictos sobre la destinación de los recursos públicos de salud.
Las intervenciones no han corregido el patrimonio negativo
Coosalud, Savia Salud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud y SOS permanecían bajo intervención forzosa desde hacía entre uno y varios años. Ninguna logró cerrar 2025 con patrimonio positivo. Para medir su desempeño, la Contraloría aplicó la metodología Fenix, utilizada también por la Superintendencia, que relaciona patrimonio, activos, endeudamiento y resultados operativos. El caso de Savia Salud resultó el más crítico: sus pasivos superaron en más de once veces el valor de sus activos y su indicador pasó de -8,23 en 2024 a -10,73 en 2025.
El deterioro plantea una pregunta de política pública: si una intervención preserva temporalmente la continuidad del servicio, pero no modifica las causas que generan pérdidas, deuda y patrimonio negativo, su efecto puede limitarse a administrar una crisis prolongada. La continuidad de la atención es indispensable, pero requiere acompañarse de información financiera confiable, planes verificables de recuperación, reglas claras de pago a prestadores y decisiones oportunas sobre entidades inviables.
Nueva EPS concentra el mayor foco de incertidumbre
Nueva EPS, la aseguradora con más de 20% de los afiliados del país y bajo intervención forzosa desde abril de 2024, no pudo ser evaluada con la metodología Fenix porque no contaba con estados financieros certificados y dictaminados de 2025 al momento de elaborar el informe. La falta de información actualizada agrava la incertidumbre sobre una entidad cuya escala puede afectar a todo el sistema. La Contraloría señaló, además, que hasta julio de 2026 no se habían certificado sus cuentas de 2023 y 2024.
Aun sin estados completos certificados, fue posible establecer que su deuda creció de 22,18 billones de pesos en 2024 a 25,73 billones en 2025. El aumento equivale a más de una tercera parte de la deuda total del sistema. También subieron las obligaciones con operadores farmacéuticos, de 2,85 a 3,80 billones de pesos. Para pacientes y prestadores, el riesgo es concreto: una cartera creciente puede traducirse en restricciones de crédito, demoras en dispensación, menor capacidad hospitalaria y tensiones contractuales. La prioridad ya no es únicamente conocer el tamaño del pasivo, sino restablecer condiciones financieras que permitan pagar oportunamente sin interrumpir la atención.
