El problema ya no es solo cuánto debe cada comunidad autónoma, sino cuánto cuesta sostener esa deuda en un entorno de tipos que dejó atrás el dinero casi gratis. La nueva proyección de Fedea sitúa el gasto en intereses de las autonomías en 11.528 millones de euros en 2029, frente a 3.608 millones en 2022. En siete años, la factura financiera se habrá más que triplicado, incluso sin una explosión descontrolada del stock total de deuda. Ese matiz es decisivo: el riesgo inmediato no está en un impago abrupto, sino en la absorción silenciosa de presupuesto que antes financiaba sanidad, educación, dependencia o inversión regional.
La cifra encaja con una dinámica ya visible entre 2022 y 2025, cuando el gasto en intereses pasó de 3.608 a 7.487 millones. El salto posterior no provendrá de más deuda, sino de la refinanciación de vencimientos antiguos a costes muy superiores. Fedea parte de un tipo medio de referencia del 3% para la nueva emisión, muy por encima del 1,1% registrado en 2022, y asume que el encarecimiento se irá trasladando a todo el pasivo regional a medida que venza. En otras palabras, el problema no es tanto el tamaño del balance como la velocidad con la que cambia el precio de la deuda.
El impacto sobre las finanzas autonómicas será desigual, y ahí aparece una primera lectura relevante: la subida de tipos castiga más a quienes dependen de estructuras de financiación menos flexibles o con mayor peso de deuda a tipo variable. Asturias es el caso más claro. Su tipo medio ya subió del 1,3% en 2022 al 3,2% en 2025 y podría llegar al 4,4% en 2029, según el informe, lo que la situaría en la parte más expuesta del mapa autonómico. La comparación con el conjunto de comunidades es elocuente: mientras la media avanza del 1,1% al 2,2% en el mismo periodo, Asturias acelera más por la composición de su pasivo que por el volumen total de deuda.
Eso lleva a una segunda conclusión: el ajuste no recaerá de forma neutra sobre todas las políticas públicas. Cuando el servicio de la deuda absorbe una fracción creciente del presupuesto, la administración regional pierde margen para sostener gasto corriente o acometer nuevas medidas fiscales expansivas. El propio informe advierte de que reducciones significativas de la presión fiscal o programas de gasto con baja rentabilidad social pueden comprometer la sostenibilidad financiera. Traducido al lenguaje presupuestario, cada rebaja tributaria o cada nueva promesa de gasto tendrá que convivir con una partida de intereses cada vez más rígida, menos discutible políticamente y más difícil de recortar.
Hay una paradoja que puede inducir a error si se miran solo los ratios sobre PIB. La deuda autonómica pasaría de representar el 23% del PIB al 17,1% entre 2022 y 2029, mientras el volumen absoluto crecería en 29.919 millones hasta 347.012 millones. A simple vista, la mejora del porcentaje sugiere una normalización. Pero esa lectura es incompleta. El descenso del ratio depende de un crecimiento nominal del PIB superior al 4% anual durante todo el periodo y del cumplimiento estricto de los objetivos de déficit fijados por la AIReF. Es decir, la mejora estadística descansa en dos supuestos exigentes: que la economía siga creciendo con solidez y que las comunidades contengan el gasto con disciplina sostenida. Si falla cualquiera de los dos, la foto cambia rápido.
La tercera lectura relevante afecta al reparto de poder financiero dentro del Estado. Desde 2012, el Estado se convirtió en el principal acreedor de las comunidades a través de mecanismos como el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, hasta controlar cerca del 60% de la deuda autonómica total. Eso amortigua tensiones de liquidez, pero también centraliza la dependencia. Cuando una parte tan grande del pasivo regional está en manos públicas, el problema deja de ser solo de mercado y pasa a ser fiscal y político: el coste de la deuda autonómica acaba repercutiendo, directa o indirectamente, sobre el conjunto de las cuentas públicas nacionales. La aparente autonomía financiera regional se vuelve más formal que real.
El contexto monetario explica por qué el escenario se ha endurecido tan deprisa. El BCE mantuvo los tipos cerca de cero entre 2016 y 2022, pero desde entonces los elevó con fuerza y los situó en el 2,40% en junio de 2026 para operaciones de refinanciación. Fedea descarta un retorno a tipos cercanos al cero en el horizonte analizado. Esa decisión importa porque elimina la posibilidad de que la deuda se licúe por simple arrastre monetario. Las comunidades tendrán que convivir durante años con un coste financiero más alto, y el margen para esperar una mejora externa se ha reducido de forma notable.
El debate de fondo no es técnico, sino distributivo. Los gobiernos autonómicos reclamarán más tiempo y más flexibilidad para absorber el shock de tipos sin recortar servicios esenciales. El Estado, en cambio, puede insistir en la disciplina fiscal y en la necesidad de evitar nuevas expansiones de gasto con rentabilidad incierta. La AIReF, por su parte, queda en una posición incómoda pero central: si sus objetivos de déficit no se cumplen, el cuadro de Fedea se deteriora; si se endurecen demasiado, la política autonómica pierde capacidad de respuesta en un momento de presión social acumulada. Entre ambos extremos se juega la credibilidad del marco fiscal español.
Mirando hacia 2026-2029, el escenario más probable es una consolidación lenta y desigual. Las autonomías más endeudadas o con más deuda variable verán crecer antes su factura financiera, y las más dependientes de transferencias estatales tendrán menos margen para compensarla con ingresos propios. Si el crecimiento nominal se enfría, si la inflación baja más rápido de lo previsto o si las comunidades incumplen el déficit, el ajuste se trasladará de forma más brusca a partidas visibles del presupuesto. El riesgo no es solo contable: es político y territorial, porque cada euro que se vaya a intereses será un euro menos para sostener el contrato social regional. En ese terreno, la deuda deja de ser una línea de balance y se convierte en una decisión de prioridades públicas.
