La explotación de minas y canteras en Nicaragua acumuló una caída interanual de 15,5% hasta junio de 2026, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) divulgado el 27 de agosto por el Banco Central de Nicaragua (BCN). El resultado situó a la minería entre las actividades con peor desempeño durante el primer semestre, en contraste con el crecimiento de 1,8% registrado por la actividad económica general.
La contracción fue asociada por el BCN a una menor producción y exportación de oro, uno de los principales bienes de venta externa del país. La evolución del sector adquiere especial relevancia porque el metal ha sido una fuente importante de divisas para Nicaragua y porque ocurre en un período de precios internacionales elevados, una condición que normalmente favorece la extracción, la inversión y los ingresos por exportaciones.
Tres meses consecutivos de retroceso
Los datos oficiales reflejan una secuencia negativa en la actividad minera. El economista y exdiputado Enrique Sáenz, citado por el medio Artículo 66, señaló que la producción de oro descendió 2,5% en abril, 16,2% en mayo y 15,5% en junio. La persistencia de las bajas sugiere que no se trata únicamente de una variación mensual aislada, sino de un deterioro que merece seguimiento en los balances de producción, comercio exterior y empleo de las zonas mineras.
El comportamiento del rubro contrasta con otros sectores que mostraron avances relevantes en el IMAE. Energía y agua crecieron 17,9%; la construcción, 11,3%; hoteles y restaurantes, 8,6%; la actividad pecuaria, 7,8%; y el comercio, 4,9%. Esos resultados ayudaron a sostener el crecimiento agregado de la economía, pero no eliminan el impacto de una menor actividad en una industria cuya cadena incluye transporte, procesamiento, proveedores locales y comunidades dependientes del empleo extractivo.
La divergencia entre el precio internacional del oro y la caída de la actividad local es el principal elemento que ha alimentado preguntas sobre el sector. Una cotización alta no garantiza por sí sola mayor producción: las operaciones pueden verse afectadas por agotamiento de vetas, dificultades técnicas, costos de energía y transporte, cierres de plantas, restricciones financieras o cambios en la capacidad de procesamiento. Sin embargo, la ausencia de información pública desagregada limita la posibilidad de determinar qué factor explica el descenso en Nicaragua.
Información limitada y explicaciones en disputa
Sáenz cuestionó la falta de detalles sobre la producción y el destino final del oro nicaragüense. En declaraciones recogidas por Artículo 66, sostuvo que existen dudas sobre la consistencia de la información disponible en un contexto de sanciones internacionales y de concentración del negocio minero en grupos cercanos al poder. Sus afirmaciones expresan una crítica política y económica; hasta ahora, los informes citados del BCN no han presentado evidencia pública que permita confirmar una eventual ocultación de resultados.
El exdiputado planteó dos hipótesis para explicar la magnitud de la caída. La primera es que algunas empresas podrían estar reportando menos información ante posibles efectos de sanciones. La segunda apunta al cierre de la mina El Choritito, una planta que, según el análisis citado, recibía material procedente de minas de Costa Rica y Venezuela. Si una parte significativa del mineral procesado dependía de esos flujos, la paralización de la instalación podría haber reducido de forma visible la producción o las exportaciones contabilizadas en Nicaragua.
La segunda explicación subraya una distinción relevante: los datos de actividad minera pueden depender no solo de la extracción dentro del territorio nacional, sino también del procesamiento de material originado en otros países cuando este forma parte de la operación industrial local. Para evaluar el peso real de El Choritito sería necesario conocer sus volúmenes históricos, el período exacto de cierre, la capacidad que quedó inactiva y el eventual traslado de material a otras plantas. Esos detalles no aparecen desglosados en la información oficial mencionada.
Concesiones chinas y presión sobre la supervisión
El retroceso productivo coincide con una expansión de las concesiones mineras y con una mayor presencia de capital chino en proyectos extractivos. Entre las decisiones recientes destaca la entrega de 47.000 hectáreas a una compañía minera china en una zona protegida de Río San Juan. La medida se inscribe en una política de apertura a nuevas inversiones extranjeras, especialmente después del fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y económicos entre Managua y Pekín.
Para el Gobierno nicaragüense, la entrada de nuevos operadores puede representar una vía para captar inversión, ampliar la exploración y diversificar socios en un entorno de relaciones tensas con Estados Unidos y la Unión Europea. Empresas chinas han mostrado interés en oro, cobre y otros minerales, sectores que ofrecen perspectivas de largo plazo si se confirman reservas, infraestructura y condiciones de operación rentables.
Al mismo tiempo, organizaciones ambientalistas y comunidades locales han cuestionado la entrega de concesiones en áreas de alta biodiversidad y han reclamado mayor acceso a información sobre las consultas, los estudios de impacto y las obligaciones de restauración ambiental. En Río San Juan, la discusión no se limita al valor económico del subsuelo: también incluye los riesgos para bosques, cuencas, fauna y actividades comunitarias que dependen de ecosistemas protegidos.
La coexistencia de una menor producción reportada y de un mayor número de concesiones no prueba por sí misma una irregularidad. Las concesiones suelen responder a planes de exploración y desarrollo que pueden tardar años en traducirse en extracción comercial. No obstante, la diferencia entre ambos procesos refuerza la necesidad de que las autoridades publiquen datos verificables sobre producción, exportaciones, beneficiarios de concesiones, recaudo fiscal y cumplimiento ambiental.
Un segundo semestre bajo observación
La evolución de la minería en el segundo semestre de 2026 dependerá de si el descenso responde a un problema transitorio de procesamiento, a una reducción sostenida de la extracción o a cambios en los canales de comercialización. Una recuperación requeriría que las empresas restablezcan capacidad operativa y que el entorno internacional continúe favoreciendo al oro. Una prolongación de las caídas, en cambio, podría afectar el aporte del sector a las exportaciones y a las economías locales vinculadas a la actividad minera.
El debate de fondo combina tres asuntos: la confiabilidad de las estadísticas, el manejo de las concesiones y la protección ambiental. La publicación de información más detallada por parte del BCN y de las entidades responsables de regular el sector permitiría distinguir entre una contracción operativa y un cambio más profundo en la industria. Mientras esa información no esté disponible, la caída registrada hasta junio seguirá siendo un indicador económico relevante y una fuente de interrogantes sobre el papel futuro del oro en Nicaragua.
