Un juez peruano ordenó el archivo de la acusación por asociación ilícita contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y cuatro exministros en el marco del caso Gasoducto Sur Peruano, vinculado a la constructora brasileña Odebrecht. La decisión, emitida el 3 de julio y hecha pública días después, reduce el alcance de la causa que el equipo fiscal especial había impulsado con una petición de 35 años de prisión para el exmandatario.
El magistrado Leodan Cristóbal Ayala declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exministro Luis Miguel Castilla. El argumento central se basa en una norma que exige que los delitos fines vinculados a organización criminal tengan una pena mínima abstracta superior a seis años de privación de libertad, requisito que no se cumple en este expediente.
El alcance de la resolución judicial
La medida deja sin efecto las restricciones personales impuestas a los procesados y reconfigura el proceso penal. Sin embargo, la acusación por colusión agravada permanece activa y será analizada en la audiencia de control de acusación programada para el 6 de julio a las 9:00 hora local. En esa sesión se evaluarán las solicitudes de archivo presentadas por los implicados respecto a ese delito.
El fiscal especial había solicitado penas de entre nueve y 35 años para 21 personas, entre ellas los exministros Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes, además del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata. La investigación apunta a determinar si funcionarios del gobierno de Humala (2011-2016) otorgaron ventajas indebidas al consorcio liderado por la empresa brasileña para adjudicar el proyecto valorado en 7.328 millones de dólares.
Situación procesal de Humala y comparación con otros casos
Humala cumple desde abril de 2025 una condena de 15 años de cárcel por lavado de activos relacionada con aportes de Odebrecht a sus campañas electorales. El expresidente ha cuestionado públicamente la disparidad de criterios judiciales tras conocerse el archivo de procesos similares contra Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. En un mensaje difundido en redes sociales, Humala señaló que el Poder Judicial ha ratificado en tres ocasiones que un aporte de campaña no constituye lavado de activos y cuestionó por qué se mantiene su privación de libertad cuando no se demostró la entrega de fondos ilícitos.
La diferencia radica en que Humala fue condenado por no declarar los aportes recibidos, mientras que Fujimori y Kuczynski quedaron liberados de cargos porque las ocultaciones de financiamiento electoral que se les atribuyeron no alcanzaron el umbral probatorio requerido para configurar lavado de activos. Esta distinción ha generado debate sobre la consistencia de la jurisprudencia peruana en materia de financiamiento de campañas.
Implicaciones para el caso Lava Jato en Perú
El archivo parcial de la acusación por asociación ilícita reduce la presión sobre la línea de investigación que vinculaba directamente a Humala con una supuesta estructura criminal. No obstante, la persistencia del cargo de colusión agravada mantiene abierto un frente relevante, ya que ese delito contempla penas más severas y podría derivar en una reparación civil significativa si prospera.
El escándalo Odebrecht ha marcado la agenda judicial peruana durante más de una década. La constructora reconoció pagos ilícitos en varios países de la región, y en Perú los casos han afectado a múltiples expresidentes y candidatos. La resolución del juez Ayala añade un nuevo capítulo al análisis sobre la capacidad del sistema para diferenciar entre irregularidades administrativas y conductas que configuran organización criminal, un debate que probablemente continuará en las instancias superiores.
La audiencia del 6 de julio permitirá observar si el criterio aplicado al delito de asociación ilícita se extiende también al de colusión agravada o si, por el contrario, el proceso mantiene su curso en ese aspecto. Mientras tanto, la condena por lavado de activos sigue en firme y constituye el principal obstáculo para cualquier solicitud de excarcelación presentada por Humala.
