El nuevo contralor general, Jorge Laverde Vargas, anunció una gira nacional por los 32 departamentos de Colombia para revisar obras inconclusas, examinar la ejecución de las inversiones regionales y detectar riesgos antes de que los recursos públicos terminen comprometidos. La iniciativa, presentada al comenzar su periodo al frente de la Contraloría, busca cambiar el enfoque tradicional del control fiscal: pasar de investigar principalmente después de ocurrido el daño a intervenir con alertas y seguimiento durante la ejecución de los proyectos.
Laverde asumió el cargo en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez y definió su programa como una “vuelta a Colombia por el control”. Según explicó, la entidad elaborará un diagnóstico preventivo y predictivo sobre el estado de las inversiones en las regiones. La intención es identificar señales de retraso, deficiencias en la planeación, problemas contractuales o riesgos de pérdida de recursos antes de que las obras queden abandonadas o pierdan utilidad para las comunidades.
Un primer diagnóstico en quince días
El funcionario aseguró que en los próximos quince días presentará un primer informe nacional sobre la situación fiscal. El documento, de acuerdo con su anuncio, deberá ofrecer información temprana sobre el estado de las inversiones y los posibles riesgos en la ejecución del presupuesto público.
La rapidez de ese primer reporte será una prueba inicial para la nueva administración. Un diagnóstico temprano puede ayudar a ordenar las prioridades de vigilancia y a concentrar los esfuerzos en proyectos con mayores señales de deterioro. Sin embargo, su utilidad dependerá de que la información sea verificable, territorialmente detallada y acompañada de responsables, plazos y medidas concretas. Un inventario de problemas, por sí solo, no garantiza que las obras se terminen ni que los recursos puedan recuperarse.
Los “elefantes blancos”, en el centro de la agenda
Uno de los principales objetivos de la gira serán los llamados “elefantes blancos”: obras inconclusas que han consumido recursos públicos sin prestar el servicio para el que fueron contratadas. El problema, señaló Laverde, está presente en los 32 departamentos y será una prioridad durante los cuatro años de su gestión, que se extenderá hasta 2030.
Este tipo de proyectos representa un problema que va más allá del dinero invertido. Cuando un hospital, una escuela, una vía, un sistema de acueducto o cualquier otra infraestructura queda inconclusa, también se posterga el acceso de las comunidades a un servicio público. Además, el paso del tiempo puede elevar los costos de terminación, deteriorar las estructuras construidas y dificultar la determinación de responsabilidades administrativas, fiscales o penales.
La Contraloría pretende alertar a los ordenadores del gasto y acompañar la ejecución de los proyectos para reducir la probabilidad de que terminen convertidos en obras abandonadas. El desafío será establecer cómo se traducirá ese acompañamiento en decisiones efectivas. Las advertencias deben llegar a tiempo, pero también necesitan coordinación con alcaldías, gobernaciones, entidades contratantes y organismos de investigación para que los riesgos detectados produzcan correcciones y no queden únicamente registrados en informes.
Del control posterior a la vigilancia durante la ejecución
La propuesta de Laverde parte de una premisa institucional: el control fiscal pierde capacidad de protección cuando actúa únicamente después de que el daño está consumado. En ese momento, la obra puede estar paralizada, los recursos pueden haberse dispersado y la recuperación del dinero puede enfrentar obstáculos jurídicos y financieros.
Un modelo preventivo y predictivo permitiría observar el avance físico y financiero de los contratos, comparar los cronogramas con los pagos realizados y detectar inconsistencias entre lo contratado y lo que efectivamente reciben las comunidades. No obstante, este enfoque también exige límites claros para evitar que la función de advertencia se confunda con la administración directa de los proyectos. La responsabilidad de contratar, ejecutar y corregir sigue estando en las entidades públicas competentes; la Contraloría debe vigilar, alertar y establecer responsabilidades cuando corresponda.
Tecnología y participación ciudadana
La modernización tecnológica será otro componente de la estrategia. El nuevo contralor sostuvo que la entidad debe reaccionar con mayor rapidez y utilizar herramientas que permitan analizar información de contratos, inversiones y avances regionales. La tecnología puede facilitar la identificación de patrones de riesgo, pero su impacto dependerá de la calidad y actualización de los datos disponibles.
Laverde también planteó acercar a la ciudadanía al control fiscal. Las comunidades suelen ser las primeras en advertir que una obra está detenida, que un servicio no funciona o que los resultados no corresponden con lo anunciado. Incorporar esas alertas a los sistemas institucionales podría mejorar la vigilancia, siempre que existan canales accesibles, respuestas verificables y protección para quienes denuncien posibles irregularidades.
Una agenda que busca coordinación contra la corrupción
El contralor resumió su propuesta bajo el lema “control, libertad y orden” y prometió una Contraloría más moderna. También afirmó que la entidad perseguirá los capitales que salgan del país como resultado de hechos de corrupción, bajo el argumento de que esos delitos no se detienen en las fronteras.
Laverde fue elegido por el Congreso en pleno con mayorías absolutas. Su llegada coincide con un discurso institucional orientado a endurecer la lucha contra la corrupción y fortalecer la coordinación entre los organismos de control y de investigación. El presidente Abelardo de la Espriella ha manifestado que trabajará de manera articulada con la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía, y anunció la creación de un bloque de búsqueda para localizar a personas vinculadas con este tipo de delitos en cualquier zona del país.
La gira nacional permitirá medir si esa coordinación se convierte en resultados concretos. Revisar las obras en los territorios, publicar alertas comprensibles y hacer seguimiento a las respuestas institucionales serán pasos decisivos para que el control fiscal no se limite a documentar pérdidas. La promesa de la nueva administración consiste en proteger el presupuesto antes de que desaparezca; su credibilidad dependerá de que los diagnósticos deriven en decisiones oportunas, obras terminadas y responsabilidades efectivamente establecidas.
