Lima, 15 jul (EFE).- El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú advirtió que la intención del nuevo gobierno de Keiko Fujimori de aumentar la inversión en minería y acelerar proyectos podría elevar la tensión social en diversas regiones del país durante los próximos años. El informe correspondiente al primer semestre de 2026 describe un escenario de dinamismo impulsado por precios internacionales favorables, pero también señala riesgos de pérdida de control estatal y expansión de actividades informales.
Según el documento elaborado por CooperAcción, la inversión registrada en el sector hasta junio de 2026 alcanzó los 1.500 millones de dólares, lo que representa un incremento del 43,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. En total, 67 proyectos se encuentran activos, con el cobre concentrando el 71 % de los recursos comprometidos. La mayor parte de estas iniciativas se ubica en el sur del país (45,5 %), seguida por el norte (37 %) y el centro (17,2 %).
Promesas de desregulación y antecedentes históricos
José de Echave, exviceministro del Ambiente y representante de CooperAcción, explicó que el equipo de transición de Fujimori ha anunciado medidas para destrabar y simplificar trámites de proyectos mineros. Esta línea de acción, según el analista, podría reducir estándares ambientales y sociales vigentes, lo que en el pasado coincidió con incrementos en la conflictividad territorial. De Echave recordó que durante el segundo mandato de Alan García (2006-2011) una estrategia similar de priorización de inversiones mineras derivó en un aumento notable de disputas locales.
El informe destaca que el sur peruano, zona con mayor presencia de proyectos mineros, otorgó menor respaldo electoral a Fujimori en los comicios recientes. Esta discrepancia entre la localización de las inversiones y el apoyo político recibido es considerada por el Observatorio un factor de riesgo elevado, ya que los proyectos avanzan en territorios donde el nuevo gobierno cuenta con menor legitimidad inicial.
Expansión hacia la Amazonía y concentración de concesiones
Otra tendencia señalada es el avance de concesiones mineras en regiones amazónicas como Ucayali, Loreto y Amazonas. El estudio considera que esta expansión resulta preocupante debido al impacto ambiental que implica y advierte que la normativa vigente, elaborada hace 35 años, facilita el acaparamiento de títulos. Actualmente, apenas el 1 % de los titulares controla más del 50 % de las concesiones otorgadas.
Los autores del informe prevén que los enfrentamientos entre mineros informales, comunidades locales y grandes empresas se volverán más frecuentes. En zonas amazónicas, la presencia de operadores irregulares ha debilitado la autoridad estatal y, en algunos casos, ha derivado en situaciones de sometimiento de pueblos indígenas ante grupos que operan al margen de la ley.
Reacciones y perspectivas sectoriales
Organizaciones ambientales y representantes de comunidades consultadas por el Observatorio expresaron preocupación por la posible flexibilización de evaluaciones de impacto. Al mismo tiempo, fuentes del sector minero han señalado que el aumento de la inversión responde principalmente al alza de precios internacionales y que los proyectos en cartera cuentan con estudios previos aprobados. El informe no descarta que un mayor dinamismo económico pueda generar empleo en algunas zonas, aunque subraya que los beneficios no se distribuyen de forma uniforme y que los costos ambientales y sociales suelen concentrarse en los territorios directamente afectados.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, que publica sus reportes semestrales desde hace casi dos décadas, recomienda revisar la política de concesiones y reforzar la presencia estatal en áreas de alta sensibilidad ambiental antes de impulsar nuevos proyectos a gran escala.
