La convocatoria de un centenar de economistas para reordenar el presupuesto de 2027 alrededor de la inversión, la certeza jurídica y la estabilidad macroeconómica no es un gesto académico más: es una señal de alarma sobre el agotamiento del ritmo actual de expansión. El mensaje central es claro. México ha logrado avances sociales relevantes, pero lo ha hecho con una base de crecimiento demasiado débil para sostenerlos en el tiempo. En esa tensión se ubica el debate de fondo: cómo elevar la capacidad productiva sin romper la disciplina fiscal ni deteriorar la confianza de empresas y hogares.
El grupo integrado por especialistas de universidades, centros de investigación, empresas y consultorías acordó convertir sus diagnósticos en 60 propuestas para Hacienda y el Congreso. La decisión importa porque desplaza la discusión desde la consigna hacia el diseño institucional. No se trata solo de pedir más gasto, sino de discutir qué tipo de gasto, con qué reglas y bajo qué incentivos. En un país donde la inversión total supera 22% del PIB, el problema no es únicamente cuantitativo. El freno está también en la composición del capital, en la fragilidad de las reglas y en la baja productividad de amplias zonas empresariales.
La inversión existe, pero no siempre transforma
El dato que más matiza el debate es el señalado por Ana María Aguilar: buena parte de la inversión extranjera directa corresponde a reinversiones de compañías ya instaladas. Eso tiene valor, porque expresa permanencia y confianza básica, pero no equivale a nuevas plantas, nuevos empleos de alto valor ni expansión territorial del aparato productivo. México puede presumir flujos relativamente sólidos y, al mismo tiempo, seguir atrapado en un patrón donde la inversión no alcanza para corregir los déficits de infraestructura, energía, agua, logística y seguridad jurídica que limitan el salto de productividad.
Mi primera lectura es que el país enfrenta una paradoja de abundancia incompleta: hay capital, pero falta capital que cambie la estructura económica. Mientras el grueso de la inversión se concentre en mantener operaciones existentes, la economía seguirá generando estabilidad sin una aceleración suficiente. Esa diferencia es decisiva para sectores como manufactura, servicios avanzados y exportación regional, donde la decisión de abrir una nueva línea de producción depende menos de la narrativa oficial que de la certidumbre sobre permisos, tribunales, suministro eléctrico y agua.
La segunda conclusión es que la incertidumbre regulatoria ya opera como un impuesto invisible. Cuando cambian reglas o no quedan claras, empresas y hogares retrasan decisiones. Eso no solo frena proyectos grandes; también altera la vida de las pymes, que suelen depender de crédito de corto plazo, contratos menos estables y márgenes más estrechos. En ese sentido, la discusión sobre certeza jurídica no es una consigna de grandes corporativos, sino una condición para que una micro o pequeña empresa decida formalizarse, invertir en maquinaria o entrar a una cadena de valor.
Las pymes: el cuello de botella más persistente
La mesa dedicada a pymes puso el foco en una herida estructural: dos de cada tres operan en la informalidad. Ese porcentaje no solo refleja evasión o falta de cultura empresarial, como suele simplificarse; revela un ecosistema donde formalizarse puede costar más de lo que promete en beneficios inmediatos. Sin acceso a crédito, sin capacidad para emitir facturas con fluidez, sin asesoría técnica y con trámites dispersos, muchas empresas sobreviven al margen del sistema y quedan excluidas de los segmentos más rentables del mercado.
La informalidad tiene efectos en cascada. Reduce la recaudación, limita el tamaño medio de las firmas y perpetúa una estructura productiva de baja escala. También explica por qué México exporta mucho más de lo que genera en encadenamientos locales. Si las pymes no acceden a financiamiento ni a estándares de calidad, no pueden convertirse en proveedoras confiables de empresas exportadoras o de cadenas globales de valor. El resultado es una economía con polos dinámicos, pero con demasiados negocios aislados del crecimiento moderno.
De ahí que las propuestas de simplificar la formalización, ampliar crédito y capacitación, y vincular a pequeñas empresas con exportadoras tengan más sentido que los programas dispersos de apoyo coyuntural. La política pública eficaz no es la que reparte pequeños alivios, sino la que reduce fricciones de entrada y premia la productividad. Si esa ecuación no cambia, la informalidad seguirá siendo una válvula de escape, pero también una trampa de productividad y salarios.
El presupuesto ya no admite atajos contables
En materia fiscal, Héctor Villarreal colocó el problema donde debe estar: el déficit tiene rasgos estructurales y las presiones de gasto ya no permiten depender indefinidamente de recortes, subejercicios o ajustes menores. Esa observación es importante porque descarta una ilusión recurrente en la discusión pública: pensar que la disciplina fiscal puede sostenerse sin tocar el lado político del presupuesto. Revisar pensiones, ampliar ingresos y mejorar la calidad del gasto implica decisiones con costo distributivo y costo electoral.
Mi tercer argumento es que el margen fiscal se está estrechando justo cuando más se necesita inversión pública estratégica. Si el Estado no dirige recursos hacia infraestructura crítica, innovación y capacidades territoriales, el sector privado no compensará por sí solo las fallas. Pero tampoco es realista pedirle al presupuesto que lo resuelva todo sin una reforma que mejore la recaudación local y la responsabilidad de los gobiernos estatales. El federalismo fiscal mexicano sigue cargando sobre la Federación gran parte del peso, mientras muchos estados conservan baja capacidad recaudatoria y alta dependencia de transferencias.
Ahí está una de las tensiones menos discutidas: la inversión pública depende no solo del tamaño del gasto, sino de la calidad institucional con que se asigna. Los economistas advierten, con razón, sobre los proyectos inviables asociados a privados cuando sustituyen una planificación pública seria. En otras palabras, no toda asociación público-privada genera valor; algunas solo trasladan riesgo al Estado y posponen la factura. La inversión debe sumar capacidad productiva, no maquillar insuficiencias de planeación.
La disputa de fondo: redistribuir sin frenar el motor
Juan Calderón Moreno Brid aportó una corrección necesaria al debate político: el bajo crecimiento de 2000 a 2025 no puede atribuirse de manera simplista a la Cuarta Transformación, aunque sí es cierto que el gran avance reciente en pobreza se apoyó en el salario mínimo y las transferencias. Ese dato obliga a leer la coyuntura con menos propaganda y más rigor. La redistribución ha tenido impacto real, pero no puede convertirse en sustituto permanente del crecimiento.
La fragilidad está en que los instrumentos que ayudaron a reducir pobreza no tienen elasticidad infinita. El salario mínimo no puede seguir aumentando al mismo ritmo real sin afectar empleo o rentabilidad en sectores vulnerables, y las transferencias tampoco pueden expandirse sin una base fiscal más robusta. La discusión, entonces, no enfrenta justicia social contra crecimiento; enfrenta un modelo redistributivo que ya dio frutos iniciales contra la necesidad de crear nueva riqueza para sostenerlos.
Ahí convergen, con matices, las posiciones de académicos, empresarios y expertos de política pública. Todos coinciden en que el país requiere un crecimiento más alto, incluyente y territorialmente equilibrado. La diferencia está en el camino. Para unos, la prioridad es revisar pensiones y ampliar ingresos; para otros, es destrabar inversión y certidumbre; para otros más, el punto de arranque está en la innovación, la inteligencia artificial aplicada y una estrategia tecnológica de largo plazo. No son agendas incompatibles, pero sí compiten por recursos y atención política.
El escenario más probable para 2027 es una negociación intensa en la que Hacienda y el Congreso tendrán que decidir si usan el presupuesto como mecanismo de administración del estancamiento o como palanca de reactivación. Si prevalece lo primero, México podría conservar estabilidad nominal con crecimiento mediocre. Si se asume lo segundo, el costo inicial será mayor, pero también la posibilidad de romper la inercia. El riesgo, por supuesto, es que una estrategia ambiciosa se quede en promesas si no se acompaña de reglas claras, ejecución eficaz y una coordinación real entre federación, estados y sector privado.
Lo que está en juego no es solo la tasa de expansión del próximo año. Es la capacidad de convertir avances sociales en una base económica durable, de dejar atrás el crecimiento insuficiente sin regresar a esquemas de baja protección social y de usar la inversión como instrumento de productividad, no como una consigna vacía. La discusión presupuestaria de 2027 será una prueba de credibilidad: para el gobierno, para el Congreso y para una economía que ya mostró límites claros a la espera.
