El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó su Anteproyecto de Presupuesto para 2027 por 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos y lo enviará a la persona titular del Poder Ejecutivo para integrarlo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal. La cifra confirma que el árbitro electoral encara una etapa de planeación más amplia de lo habitual, con recursos no solo para su operación ordinaria, sino también para escenarios políticos que podrían activarse en 2027.
En el mismo acuerdo, el organismo avaló el financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales y para las candidaturas independientes, que ascenderá a 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos. Para el conjunto de candidaturas independientes, el monto destinado a gastos de campaña en el Proceso Electoral Federal 2026-2027 será de 47 millones 275 mil 990 pesos, una previsión que refleja la necesidad de separar con precisión el gasto de la administración electoral y el de la competencia política.
El punto de mayor peso político en la sesión fue la aprobación de un presupuesto precautorio por 4 mil 736 millones 121 mil 734 pesos para una eventual Consulta Popular y un posible proceso de Revocación de Mandato en 2027. De esa cantidad, 4 mil 731 millones 413 mil 49 pesos corresponden a la eventual consulta, mientras que 4 millones 78 mil 685 pesos se reservaron para la revocación de mandato. El INE explicó que ese dinero cubre tareas como verificación de apoyos ciudadanos, capacitación electoral, integración y ubicación de casillas, producción y distribución de materiales, difusión, desarrollo de la jornada, así como escrutinio y cómputo de resultados.
Planeación anticipada y márgenes de maniobra
La decisión muestra una lógica de previsión institucional: el INE no espera a que se active cada mecanismo para discutir desde cero su financiamiento, sino que incorpora desde ahora una estimación de costos que le permita responder con rapidez en caso de que el escenario político lo exija. Ese enfoque reduce incertidumbre operativa, aunque también abre el debate sobre el tamaño del gasto electoral en un contexto de presión presupuestaria para otras áreas del Estado.
El Consejo General también aprobó los criterios para asignar tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales federales y locales durante el Proceso Electoral Federal concurrente con los Procesos Electorales Locales 2026-2027, en las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y jornada electoral. En ese esquema, el 70% del tiempo disponible se destinará al INE y a otras autoridades electorales federales, mientras que el 30% restante se repartirá en partes iguales entre las autoridades locales que presenten su solicitud en tiempo y forma.
Para el cuarto trimestre de 2026, correspondiente al periodo ordinario, el Instituto fijó reglas diferenciadas según el tipo de entidad. En los estados donde no habrá elecciones locales y que pidieron oportunamente el espacio, 25% del tiempo disponible se asignará a autoridades electorales locales y 75% al INE. En aquellas entidades donde sí se celebre algún mecanismo de democracia directa o participativa, 40% corresponderá al INE, 40% al Organismo Público Local Electoral y 20% se distribuirá entre las demás autoridades locales. La fórmula busca equilibrar presencia institucional y necesidades territoriales, aunque su aplicación dependerá de que las solicitudes lleguen dentro de plazo y de que los mecanismos de participación efectivamente se convoquen.
Con estas decisiones, el INE deja delineado el marco financiero y operativo con el que pretende enfrentar 2027. El siguiente paso será la revisión del anteproyecto dentro del ciclo presupuestal federal, donde el monto solicitado quedará sujeto a negociación y ajustes antes de su eventual incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación.
