El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó este domingo que mantiene vigente un contrato con Territorium Life, empresa señalada en días recientes por haber diseñado la aplicación utilizada en un examen en línea de aspirantes a una licenciatura de la UNAM y por fallas en su sistema de seguridad. La aclaración del órgano electoral buscó delimitar con precisión el alcance de su relación contractual y evitar que el caso se interprete como una extensión automática de los problemas reportados en otra institución.
De acuerdo con el comunicado difundido por el INE, el contrato “tiene por objeto exclusivamente la prestación del servicio de la plataforma tecnológica del Centro Virtual INE (CVI)”, herramienta empleada en procesos internos de capacitación, formación y gestión del aprendizaje del personal. El instituto subrayó que no existe vínculo con ninguna aplicación de evaluaciones para trabajadores o aspirantes del organismo, un matiz relevante en medio de la atención pública que ha generado la empresa por su participación en otros servicios digitales.
La precisión no es menor. En un entorno donde los sistemas de evaluación y formación en línea concentran datos sensibles, la percepción pública sobre la fiabilidad de un proveedor puede extenderse rápidamente de un contrato a otro, incluso cuando los usos son distintos. Por eso el INE insistió en que la plataforma del CVI responde a requerimientos técnicos y funcionales diferentes a los de otros servicios tecnológicos contratados por terceras instituciones, y que cualquier valoración sobre esas experiencias corresponde al ámbito de sus propios procedimientos administrativos.
El organismo añadió que la adjudicación de Territorium Life surgió de una licitación pública nacional realizada conforme a la legislación aplicable. Según su versión, la empresa cumplió con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos previstos en la convocatoria y obtuvo la mejor evaluación conforme a los criterios establecidos en el procedimiento de contratación. Ese punto intenta blindar la legalidad del proceso de selección y colocar el debate no en la adjudicación inicial, sino en el desempeño posterior del proveedor.
El contrato, agregó el instituto, comenzó a ejecutarse hace dos años y hasta ahora no registra incumplimientos relacionados con la prestación del servicio contratado para la operación del Centro Virtual. En términos prácticos, esa afirmación significa que el INE considera que la relación sigue funcionando dentro de los parámetros pactados, aunque el contexto externo obligó a emitir una defensa pública más detallada de la que suele acompañar a este tipo de servicios internos.
La postura del INE también deja ver la sensibilidad institucional que rodea a los proveedores tecnológicos en dependencias públicas. Un contrato de plataforma educativa puede parecer operativo y de baja exposición, pero en el entorno actual cualquier antecedente vinculado a fallas de seguridad o problemas de gestión digital se convierte en un activo o pasivo reputacional para las autoridades contratantes. De ahí que el instituto enfatizara que cuenta con elementos técnicos y económicos suficientes para sostener que la propuesta adjudicada resultaba favorable para la institución.
En el cierre de su aclaración, el órgano electoral afirmó que mantiene un seguimiento permanente del cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante los mecanismos de supervisión y control previstos en el propio contrato y en la normatividad aplicable. Con ello, el INE busca transmitir que no se trata de una relación pasiva con el proveedor, sino de un vínculo sujeto a vigilancia administrativa, especialmente en un momento en que la discusión pública sobre Territorium Life trasciende el caso específico de la UNAM y alcanza a otras instituciones que han trabajado con la firma.
