El aumento de las importaciones mexicanas de pechuga de pollo deshuesada procedente de Brasil amenaza el empleo, la inversión y la capacidad productiva de la industria avícola nacional, advirtió la Unión Nacional de Avicultores (UNA). El organismo solicitó al gobierno federal eliminar la exención arancelaria aplicada desde 2022 y sustituirla por un esquema de cupos que permita mantener el abastecimiento sin desplazar a los productores locales.
De acuerdo con los registros de la Agencia Nacional de Aduanas de México citados por la organización, las compras externas de este producto pasaron de 90,000 toneladas en 2022 a más de 196,000 toneladas al cierre de 2025. El incremento, calculado en 118% durante tres años, ha elevado la presión sobre una cadena que incluye la crianza, el procesamiento, el transporte y la comercialización de carne de ave.
Un aumento que reabre el debate arancelario
La exención arancelaria fue establecida con el propósito de ampliar la oferta y contribuir a contener los precios para los consumidores. Sin embargo, la UNA sostiene que ese objetivo no se cumplió. Según el organismo, datos de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la autoridad aduanera indican que los beneficios de la apertura se concentraron principalmente en intermediarios y comercializadores, mientras los precios finales permanecieron elevados y los productores mexicanos absorbieron buena parte del ajuste.
La organización empresarial no plantea cerrar las fronteras ni suspender el comercio exterior. Su propuesta consiste en reemplazar la exención general por cupos de importación, con reglas que permitan complementar la producción nacional en periodos de demanda o insuficiencia de oferta. El planteamiento trasladaría la discusión desde el volumen ilimitado de compras hacia un mecanismo de administración comercial sujeto a criterios de mercado y abastecimiento.
México tampoco cuenta con un tratado de libre comercio con Brasil, un elemento que, a juicio de la UNA, vuelve necesario revisar el tratamiento preferencial concedido a la pechuga deshuesada. La petición fue dirigida al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum en un momento en que el sector evalúa sus condiciones de competitividad para los próximos años.
El costo para la producción y el empleo
Entre agosto de 2025 y el 12 de agosto de 2026, la industria avícola mexicana acumuló pérdidas superiores a 27,000 millones de pesos, afirmó Lorenzo Martín, presidente de la UNA. La cifra corresponde a una estimación sectorial y refleja, según el organismo, el efecto combinado del crecimiento de las compras externas y de las dificultades que enfrentan las empresas nacionales para competir en costos.
Martín explicó que, por cada 1,000 toneladas de pechuga deshuesada importadas, se dejan de criar alrededor de cuatro millones de pollos y se frena la generación de unos 280 empleos. Con esa referencia, la UNA calcula que el flujo acumulado de importaciones desde 2022 ha impedido crear más de 40,700 puestos de trabajo en México.
El impacto potencial no se limita a las plantas procesadoras. La avicultura sostiene de manera directa e indirecta a más de 886,000 familias, de acuerdo con la organización. Una menor producción puede reducir la demanda de servicios veterinarios, alimento balanceado, transporte, empaquetado y otros insumos vinculados con las comunidades rurales. Por esa razón, la UNA considera que el debate comercial también tiene una dimensión regional y laboral.
La industria mexicana atribuye parte de la brecha competitiva a la estructura de costos. Los productores brasileños tendrían acceso directo a agua, tierra y granos forrajeros, mientras que las empresas nacionales liquidan sus insumos en dólares. Esta diferencia puede amplificarse cuando el tipo de cambio, los costos de alimentación o la energía encarecen la producción local, aunque el precio de importación no necesariamente se traduzca en una reducción equivalente para el consumidor.
El posible desvío de exportaciones brasileñas
La preocupación de los avicultores mexicanos aumentó tras una decisión de la Unión Europea. El 12 de mayo, el bloque excluyó a Brasil de la lista de países autorizados para exportar carne de ave a su mercado, debido al incumplimiento de normas relacionadas con el uso de antimicrobianos en animales de producción. La medida está prevista para entrar en vigor el 3 de septiembre.
La UNA estima que parte del volumen que ya no pueda colocarse en Europa podría dirigirse al mercado mexicano. Se trata de una proyección, no de un flujo confirmado, pero su eventual materialización elevaría la oferta importada justo cuando los productores nacionales reclaman condiciones más equilibradas. La magnitud dependerá de la capacidad de Brasil para redirigir sus exportaciones, de los precios internacionales y de las decisiones regulatorias que adopte México.
Para los consumidores, una mayor disponibilidad de producto importado podría ofrecer ventajas si se traduce en precios más bajos o en una oferta estable. No obstante, la experiencia citada por la UNA sugiere que el aumento de las importaciones no ha garantizado por sí solo una reducción proporcional en el precio final. El resultado dependerá de la competencia entre comercializadores, la transparencia de la cadena y la forma en que se distribuya el margen entre productores, intermediarios y vendedores.
Inversiones en riesgo hacia 2030
La resolución del gobierno será relevante para los planes de la industria entre 2026 y 2030. La UNA prevé inversiones por 3,500 millones de dólares en infraestructura, innovación tecnológica y comercialización, con capacidad para generar 18,000 empleos directos y apoyar las metas oficiales de producción de alimentos.
El sector sostiene que esas inversiones requieren un horizonte regulatorio previsible. La eliminación de la exención y la creación de cupos, sin embargo, también tendrían que diseñarse con criterios claros para evitar escasez, aumentos abruptos de precios o ventajas discrecionales para determinados participantes. El desafío para las autoridades consiste en equilibrar el acceso a una fuente internacional de suministro con la preservación de una base productiva nacional capaz de responder a la demanda y sostener el empleo rural.
