La propuesta de Keiko Fujimori de entregar hasta el 40 % del canon minero directamente a los habitantes de las zonas extractivas revive un debate que combina urgencias sociales con restricciones estructurales de la economía peruana. Aunque el plan busca generar beneficios tangibles y reducir el rechazo a la minería, su implementación plantea efectos diferenciados sobre las finanzas públicas, la gobernanza local y la estabilidad macroeconómica.
El mecanismo actual transfiere recursos a gobiernos regionales, municipalidades y universidades con el objetivo de financiar inversiones de largo plazo. Desviar una porción significativa hacia transferencias individuales altera esa lógica y obliga a evaluar tanto las posibles mejoras en el bienestar inmediato como las amenazas a la capacidad de inversión estatal.
Efectos sobre las finanzas regionales y la inversión pública
Los gobiernos subnacionales perderían entre el 30 % y el 40 % de sus ingresos más estables provenientes del canon. En regiones como Moquegua o Áncash, donde estos recursos representan más del 25 % del presupuesto anual, la reducción obligaría a postergar proyectos de agua potable, caminos y equipamiento hospitalario. La experiencia del Óbolo Minero entre 2006 y 2011 mostró que los esquemas de transferencias directas suelen ejecutarse con menor rigor técnico que las inversiones públicas planificadas, lo que aumenta el riesgo de fragmentación del gasto.
Al mismo tiempo, las comunidades receptoras podrían destinar parte de los recursos a necesidades inmediatas como alimentación o educación básica, generando un efecto multiplicador local de corto plazo. Sin embargo, este beneficio depende de que los precios de los minerales se mantengan elevados; cuando el cobre o el oro caen, las transferencias se contraen abruptamente y las familias pierden un ingreso que ya habían incorporado a su presupuesto.
Repercusiones en la conflictividad social y la legitimidad minera
El reparto directo podría disminuir temporalmente las protestas en zonas mineras donde el voto castillista sigue siendo relevante. Al percibir ingresos concretos, algunos grupos podrían moderar su oposición a nuevos proyectos. No obstante, el NRGI ha documentado que los conflictos suelen originarse por disputas sobre el uso del agua y la distribución de beneficios entre comunidades, no solo por la ausencia de dinero en efectivo. Si el mecanismo no resuelve estos problemas estructurales, el alivio social podría ser efímero y generar expectativas que el Estado no pueda sostener en ciclos de precios bajos.
Además, la selección de beneficiarios abre espacio a disputas internas sobre quién califica como “población de la zona de extracción”. Esta definición puede favorecer a ciertos distritos sobre otros y reproducir desigualdades preexistentes entre comunidades cercanas a la mina y aquellas ubicadas en la misma cuenca pero sin título minero.
Riesgos de volatilidad fiscal y dependencia económica
Los ingresos por canon varían entre 30 % y 50 % de un año a otro según las cotizaciones internacionales. Entregar hasta el 40 % de estos recursos de forma directa implica que las familias enfrentarán fluctuaciones anuales de entre S/ 60 y S/ 200 por persona, montos que resultan significativos en zonas rurales pero altamente inestables. Esta volatilidad dificulta la planificación familiar y puede incentivar el consumo inmediato en lugar del ahorro o la inversión productiva.
A nivel agregado, el país perdería margen para acumular recursos durante los periodos de bonanza y estabilizar el gasto en recesión. Modelos como el de Alaska funcionan porque reparten solo los rendimientos de un fondo de inversión, no el capital mismo. Aplicar la versión peruana sin un mecanismo equivalente expone a las regiones productoras a un drenaje irreversible de recursos finitos.
Desafíos institucionales y de gobernanza
La ejecución del reparto exige crear padrones confiables, sistemas de control comunitario y auditorías periódicas. La capacidad de los gobiernos locales para gestionar estos procesos es heterogénea. En distritos con débil institucionalidad, el riesgo de clientelismo político o filtraciones hacia intermediarios aumenta considerablemente. El Instituto Peruano de Economía ya advirtió en 2021 que este tipo de iniciativas puede postergar reformas más profundas del sistema de inversión pública, que sigue siendo el principal cuello de botella para convertir la renta minera en desarrollo sostenible.
Por otro lado, la modernización paralela de la Ley General de Minería y el impulso a Obras por Impuestos que también contempla el plan de Fujimori podrían compensar parcialmente la pérdida de recursos si logran acelerar proyectos de infraestructura. El éxito dependerá de que estos instrumentos se implementen con transparencia y sin superponer lógicas de reparto clientelar.
Perspectivas de mediano plazo para la economía peruana
Si la propuesta avanza, Perú se convertiría en uno de los pocos países que canaliza una fracción importante de su renta extractiva hacia transferencias directas sin un fondo de estabilización previo. Esta decisión podría influir en la percepción de riesgo de los inversionistas mineros, que valoran la predictibilidad fiscal y la existencia de reglas claras para la distribución de la riqueza. Al mismo tiempo, una ejecución exitosa podría servir de experimento para otros países de la región que enfrentan presiones similares por mayor equidad en la distribución de la renta minera.
El resultado final dependerá menos de la intención redistributiva que de la calidad de las instituciones encargadas de diseñar, ejecutar y fiscalizar el mecanismo. Sin reformas paralelas en la gestión del gasto público y en la resolución de conflictos socioambientales, el plan corre el riesgo de convertirse en una medida de alivio temporal que erosiona la base de ingresos para el desarrollo futuro de las regiones mineras.
