El caso de Ahavat Logistics Solution revela una cadena de operaciones que vincula sanciones estadounidenses contra el crimen organizado con prácticas de evasión fiscal en puertos mexicanos. Las transferencias de 28 millones de pesos detectadas por la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas en 2021 forman parte de un esquema más amplio que involucra documentos aduaneros alterados y empresas fachada.
Antecedentes del esquema transfronterizo
Desde 2020, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado patrones recurrentes de contrabando de hidrocarburos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos esquemas utilizan clasificaciones arancelarias incorrectas para declarar diésel como aceites o lubricantes, eludiendo impuestos mexicanos que pueden superar los 8 pesos por litro. Ahavat Logistics recibió en junio de 2020 un permiso de la extinta Comisión Reguladora de Energía para comercializar petrolíferos por 30 años, lo que le otorgó cobertura legal inicial pese a las operaciones posteriores señaladas.
La investigación de Reuters sobre los buques Torm Agnes y Challenge Procyon muestra que los cargamentos de 11 millones y 10 millones de litros respectivamente ingresaron por puertos como Guaymas, Ensenada y Tampico en marzo de 2025 bajo documentación que no correspondía al producto real. JSC Servicios Aduanales actuó como intermediario aduanal en estas operaciones, recibiendo depósitos de Ahavat que las autoridades tamaulipecas intentaron aclarar sin éxito documentado hasta octubre de 2024.
Vínculos con la estructura naval y familiar
El decomiso del Challenge Procyon derivó en la detención de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Ambos oficiales navales en retiro aparecen señalados como articuladores de una red que integraba permisos de importación revocados, empresas de logística y presuntos elementos activos de la institución. Este episodio expone cómo el acceso privilegiado a información portuaria y aduanera puede facilitar la inserción de cargamentos irregulares en el sistema de comercio exterior.
El permiso de importación de JSC Servicios Aduanales fue revocado en junio de 2024 por incumplimientos fiscales y falta de respuesta a requerimientos del SAT. Esta medida administrativa llegó después de que la empresa ya hubiera procesado los cargamentos marítimos investigados, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de los controles previos al despacho de mercancías.
Impacto en la recaudación y el mercado energético
La evasión sistemática de impuestos mediante estas rutas reduce los ingresos federales destinados al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y a programas de infraestructura. Cada millón de litros introducido irregularmente representa una pérdida estimada superior a 8 millones de pesos solo en IEPS, sin contar el IVA evadido. A mediano plazo, esta dinámica distorsiona los precios en el mercado interno y presiona a las empresas que operan dentro de la legalidad a competir con márgenes artificialmente reducidos.
La Comisión Nacional de Energía, sucesora de la CRE, aún conserva registros de permisos vigentes otorgados antes de que se detectaran las irregularidades. Esta superposición de regulaciones entre distintas dependencias genera vacíos de supervisión que las redes criminales aprovechan para mantener operaciones durante años.
Consecuencias para la cooperación bilateral
Las sanciones de la OFAC contra nueve entidades y dos personas vinculadas al CJNG establecen un precedente de coordinación informativa entre agencias estadounidenses y mexicanas. Sin embargo, la ausencia de acciones penales públicas contra JSC Servicios Aduanales hasta la fecha sugiere que los tiempos de respuesta judicial en México difieren de los mecanismos de congelamiento de activos aplicados desde Washington. Esta asimetría puede erosionar la confianza en los mecanismos de intercambio de inteligencia financiera establecidos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
El caso también obliga a revisar los protocolos de verificación en puertos mexicanos. La clasificación errónea de productos en documentos comerciales no es un error aislado, sino un método replicado que exige auditorías físicas más rigurosas y cruce de datos entre aduanas de ambos países en tiempo real.
Efectos estructurales a largo plazo
La persistencia de estos esquemas debilita la capacidad del Estado para financiar la transición energética y mantener la seguridad energética nacional. Cuando el crimen organizado captura porciones significativas del margen de comercialización de combustibles, se genera un círculo vicioso donde las ganancias ilícitas financian mayor capacidad operativa para evadir controles futuros. Las empresas sancionadas como Ahavat Logistics conservaron permisos regulatorios durante periodos prolongados, lo que indica que los filtros de debida diligencia aplicados por las autoridades mexicanas requieren fortalecimiento sustantivo más allá de la revocación posterior de autorizaciones.
En el ámbito social, la competencia desleal afecta a distribuidores legales y estaciones de servicio que cumplen con sus obligaciones fiscales. Esta distorsión puede traducirse en cierres de negocios formales y pérdida de empleos en regiones fronterizas y portuarias donde estos esquemas tienen mayor incidencia. La exposición de vínculos familiares con mandos navales, aunque aún pendiente de resolución judicial, ya ha generado cuestionamientos sobre la integridad institucional de una fuerza armada históricamente encargada de resguardar instalaciones estratégicas.
El seguimiento de transferencias como las realizadas por Ahavat a JSC Servicios Aduanales demuestra que las investigaciones fiscales estatales pueden complementar las acciones federales cuando existe voluntad de cruzar información entre niveles de gobierno. No obstante, la falta de resultados públicos sobre el destino final de esos recursos deja abierta la pregunta sobre la efectividad real de los mecanismos de recuperación de activos en México.
