Ciudad de Guatemala, 6 jul (EFE).- El Gobierno de Guatemala oficializó este lunes la prohibición de importar mercancías producidas con trabajo forzoso u obligatorio, una medida de urgencia con la que busca esquivar la imposición de un arancel adicional del 10 % por parte de Estados Unidos.
El Ministerio de Economía (Mineco) y el Ministerio del Trabajo publicaron en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 377-2026, que crea un marco legal específico y establece que ese ministerio y el de Trabajo y Previsión Social serán responsables de su implementación, incluido un ‘Listado Oficial’ de empresas extranjeras infractoras que elaborará la cartera laboral.
Alcance de la nueva normativa
En concreto, la nueva normativa veta la entrada al territorio aduanero de cualquier insumo, materia prima o producto manufacturado de forma total o parcial bajo condiciones de explotación laboral, independientemente de su país de procedencia. Con esta norma, el Ejecutivo busca frenar las sanciones de la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR), que el pasado 2 de junio propuso gravar a 60 economías, incluida la guatemalteca, por permitir flujos de bienes con mano de obra forzada.
Washington fijó para el próximo 24 de julio como fecha límite antes de aplicar estas tasas impositivas, un escenario que el país intenta evitar en cumplimiento del compromiso vinculante que asumió el 30 de enero de 2026, con la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco con EE.UU.
Mecanismo de fiscalización
En cuanto a la aplicación, se fiscalizará directamente a corporaciones internacionales y no a productos individuales, por lo que el Ministerio de Trabajo recabará datos mediante canales diplomáticos y el Departamento de Trabajo de EE.UU. para diseñar la lista negra de firmas implicadas, cuya actualización será anual. De este modo, si una firma ingresa al registro aduanero, las autoridades bloquearán de inmediato sus cargamentos en las fronteras, aunque el procedimiento respetará el derecho de defensa del importador afectado mientras la carga permanece bajo resguardo preventivo.
Compromisos previos y riesgos comerciales
La medida responde a presiones acumuladas desde 2025, cuando informes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos identificaron cadenas de suministro centroamericanas con indicios de trabajo forzoso en sectores como la agricultura y la manufactura textil. Guatemala, al firmar el acuerdo bilateral en enero, aceptó alinearse con estándares laborales internacionales para mantener acceso preferencial al mercado estadounidense. El veto actual representa la primera acción concreta que traduce esos compromisos en controles fronterizos operativos.
Analistas comerciales señalan que la lista negra anual podría generar incertidumbre entre importadores, pero también ofrece un mecanismo predecible que evita sanciones generalizadas. El equilibrio entre protección laboral y fluidez comercial dependerá de la precisión con que el Ministerio de Trabajo actualice el registro y de la cooperación efectiva con autoridades estadounidenses.
