Ernestina Godoy visitó la sede de la Fiscalía General de la República en Villahermosa, Tabasco, completando más del 30 % de las sedes y subsedes recorridas desde que asumió el cargo tras la salida de Alejandro Gertz Manero. La gira forma parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que busca eliminar duplicidades administrativas, reforzar el trabajo ministerial y reducir la llamada burocracia dorada mediante un Servicio Profesional de Carrera. Hasta ahora Godoy ha recorrido Morelos, Coahuila, Puebla, Guerrero, Baja California, Ciudad de México y Querétaro, entre otras entidades, mientras designa 13 nuevos fiscales federales desde noviembre de 2025.
El plan establece presencia operativa reforzada en 61 municipios prioritarios y crea unidades especializadas contra la extorsión que utilizarán geolocalización e inteligencia financiera. En Tabasco, Godoy coincidió con el fiscal estatal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, la fiscal federal Yuriria Torres Páez y mandos de Sedena, Semar, Guardia Nacional y SSPC, lo que evidencia la intención de articular esfuerzos entre órdenes de gobierno.
Coordinación intergubernamental y límites operativos
La presencia simultánea de autoridades federales y estatales en Villahermosa revela un esfuerzo por superar la fragmentación histórica entre fiscalías. Sin embargo, la experiencia en estados como Guerrero muestra que la coordinación no elimina automáticamente la duplicidad de investigaciones ni resuelve la falta de capacidad técnica local. Los 13 nombramientos de fiscales federales realizados por Godoy incluyen perfiles con trayectorias estatales y federales, como Susana Aletxa Macías Medina en Colima y Daniel Valdés Vera en Zacatecas. Esta renovación de cuadros busca inyectar experiencia, pero también genera periodos de adaptación que pueden retrasar casos de alto impacto durante meses.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales asumirá la certificación de nuevos servidores públicos. Este rol central del INACIPE representa un cambio estructural respecto a la contratación discrecional previa, aunque su efectividad dependerá de que los presupuestos de formación crezcan al ritmo de las 61 plazas prioritarias anunciadas.
Impacto en el combate a la extorsión y el crimen organizado
Las unidades especializadas contra la extorsión contemplan asfixia financiera y geolocalización de llamadas. Datos de la propia FGR indican que la extorsión ha crecido 47 % entre 2023 y 2025 en entidades como Tabasco y Veracruz. Si las nuevas herramientas logran vincular redes que operan desde penales estatales con operadores en campo, podrían reducir la incidencia en municipios prioritarios. No obstante, experiencias similares en la extinta PGR demostraron que sin acceso oportuno a información bancaria y telefónica la asfixia financiera queda en declaraciones de intención.
Desde la perspectiva de las fiscalías estatales, la llegada de fiscales federales designados por Godoy puede interpretarse como un respaldo técnico o como una intromisión en competencias locales. El fiscal de Tabasco, Vázquez Landeros, ha mantenido reuniones públicas de apoyo, pero en otros estados como Jalisco y Nuevo León han surgido tensiones por el reparto de carpetas de investigación de alto perfil.
Riesgos de inestabilidad institucional y politización
La designación de 13 fiscales en menos de ocho meses refleja una velocidad de renovación sin precedentes recientes. Esta dinámica puede erosionar la memoria institucional si los nuevos funcionarios no logran retener al personal operativo intermedio. Además, la ausencia de un mecanismo de ratificación senatorial para estos nombramientos abre la puerta a cuestionamientos sobre independencia. Organismos como la Barra Mexicana de Abogados han señalado que la falta de concursos públicos transparentes debilita la legitimidad de las designaciones.
Otro riesgo radica en la posible concentración de decisiones en la oficina de la fiscal general. El Plan 2026-2029 otorga a las fiscalías regionales el rol de enlace, pero la definición de objetivos comunes sigue centralizada. Si esta estructura no evoluciona hacia mayor autonomía regional, las entidades con menor capacidad podrían quedar subordinadas sin resolver sus problemas estructurales de corrupción interna.
Tendencias hacia 2029 y escenarios probables
De mantenerse el ritmo de visitas y nombramientos, para finales de 2027 la FGR podría alcanzar cobertura completa de las 32 fiscalías federales con cuadros certificados por el INACIPE. Esto abriría la posibilidad de estandarizar protocolos de investigación en delitos federales y mejorar el intercambio de información con fiscalías estatales. Sin embargo, el éxito dependerá de que el presupuesto asignado al plan crezca por encima de la inflación y de que los estados acepten compartir datos sensibles sin temor a perder control político sobre los casos.
Un escenario alternativo contempla que la presión por resultados rápidos lleve a designaciones basadas más en lealtad que en trayectoria, lo que reproduciría los problemas de la burocracia dorada que se busca eliminar. La medición objetiva del avance del plan mediante indicadores públicos de reducción de extorsión y tiempos de investigación será el factor que determine si la reestructuración se consolida o queda como otro intento de reforma interrumpido por cambios de administración.
