El Gobierno de Bolivia descartó abrogar el decreto que elevó el precio del diésel para los grandes consumidores y reconoció que la medida forma parte de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió la continuidad de la norma, mientras aumentan los reclamos de productores agrícolas y organizaciones empresariales.
Durante un encuentro con alcaldes del país, Aramayo afirmó que el financiamiento del organismo internacional está vinculado a “muchos otros elementos” y a decisiones “poco populares y para nada gratas”. “El Decreto 5676 (…) es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI, en tanto liberación de precios de los hidrocarburos”, declaró el funcionario.
El Decreto Supremo 5676 está vigente desde el 27 de agosto y establece que el precio del diésel para los “grandes consumidores” debe alinearse con el valor internacional. El litro pasó de 9,80 bolivianos, algo más de un dólar, a 18 bolivianos, un incremento cercano al 84 %. La norma señala que el precio es referencial y flexible, y que será calculado diariamente con base en las cotizaciones internacionales.
El ajuste no alcanza al transporte público ni a los usuarios particulares, para quienes el combustible continúa parcialmente subsidiado. Sin embargo, la decisión provocó el rechazo de distintos sectores, entre ellos la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Comité Cívico de Santa Cruz, que exigieron la abrogación del decreto y dieron plazo al Gobierno hasta el domingo antes de adoptar medidas de presión.
En paralelo, organizaciones de productores bloquearon la ruta que conecta Trinidad con Santa Cruz, en el este del país, pese a la vigencia del estado de excepción que prohíbe los piquetes. La protesta se sumó a las acciones anunciadas por las entidades agropecuarias y cívicas contra el nuevo esquema de precios.
El presidente Rodrigo Paz sostuvo que la aplicación del decreto puede ser mejorada, pero no revertida. El mandatario argumentó que la crisis económica heredada de administraciones anteriores impide mantener el subsidio a los combustibles, vigente durante casi dos décadas y eliminado parcialmente en diciembre pasado.
Santa Cruz plantea una vía privada de abastecimiento
Mientras el Ejecutivo presenta la medida como parte de una estrategia para reducir el gasto público y cumplir sus compromisos con el FMI, la Gobernación de Santa Cruz busca establecer un mecanismo alternativo de suministro. El gobernador Juan Pablo Velasco propuso un decreto departamental para que la administración regional articule a proveedores internacionales con operadores privados, con el objetivo de ampliar los volúmenes de importación y dar mayor estabilidad a los precios.
Bolivia comenzó a enfrentar periodos de escasez de combustibles más prolongados y frecuentes desde 2023, en medio de la falta de divisas, la crisis económica y el agotamiento de sus reservas internacionales. El levantamiento parcial del subsidio aprobado en diciembre pretendía regularizar el suministro y combatir el contrabando, pero no resolvió la falta de abastecimiento ni las denuncias sobre la calidad del combustible. Durante el primer trimestre de este año, decenas de miles de vehículos reportaron fallas mecánicas atribuidas al producto comercializado en el país.
