El Gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa un anteproyecto para obligar a radios y televisoras a crear mecanismos de queja por presuntas violaciones a los derechos de las audiencias. En el centro está la exigencia de ofrecer información “veraz y oportuna”, una fórmula que abre una zona gris: el poder público acabaría decidiendo qué es verdadero, qué está descontextualizado y qué merece sanción.
La propuesta deja en manos de un defensor de audiencias, nombrado dentro de cada medio, la primera revisión de los reclamos; después, la CRT, órgano federal integrado por comisionados designados por la Presidencia y ratificados por la mayoría oficialista, podría imponer multas de hasta 1% de los ingresos del concesionario. El diseño no solo presiona financieramente a las empresas: introduce un incentivo directo a la autocensura en coberturas incómodas para el poder. En nombre de proteger al público, el gobierno construye un mecanismo que puede terminar limitando la pluralidad informativa que dice defender.
