El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, rechazó este lunes que los cuerpos de víctimas de los terremotos del 24 de junio que permanecen sin reclamar estén siendo depositados en fosas comunes. Cada uno recibe inhumación individual con registro vinculado a un expediente que permite identificación futura y eventual exhumación. Las declaraciones responden directamente a imágenes de zanjas extensas en el Cementerio de La Esperanza que generaron dudas sobre el manejo de los restos.
La negativa oficial llega en un contexto de elevada presión sobre las autoridades regionales, tras un sismo de magnitud 7.2 y otro de 7.5 que superaron la capacidad de resguardo de cadáveres en la entidad más afectada del país. Terán enfatizó que el procedimiento busca evitar entierros anónimos y preservar datos para las familias que aún buscan parientes desaparecidos.
Procedimiento de registro y localización
Según el mandatario regional, los cuerpos no reclamados por su avanzado estado de descomposición son trasladados al Cementerio de La Esperanza, donde se les asigna una tumba individual con cruz y placa de identificación asociada a un número de expediente. Este sistema permite que, incluso sin familiares presentes en el momento del sepelio, los restos puedan ser localizados posteriormente mediante consulta de los registros que incluyen características físicas y datos recolectados antes de la inhumación.
La explicación coincide con observaciones de agencias como AFP, que documentaron parcelas organizadas por códigos, fotografías tomadas a cada cuerpo y cruces blancas que en algunos casos llevan nombres o la leyenda “identificación especial”. Estos elementos reducen el riesgo de pérdida de trazabilidad en una emergencia que hasta el 6 de julio acumulaba 231 cadáveres sin reclamar.
El uso de retroexcavadoras y zanjas extensas en el cementerio generó inquietud entre observadores, pero los reportes indican que los ataúdes se colocan de forma separada y conservan referencias que permiten rastrearlos. La magnitud de los trabajos responde a la necesidad de liberar espacio en morgues saturadas tras el evento sísmico que dejó 3.342 fallecidos y 16.740 heridos según la cifra oficial más reciente.
Impacto en las familias y capacidad de respuesta
La conservación de expedientes adquiere relevancia cuando se considera que muchas familias permanecen en campamentos transitorios o han perdido sus viviendas. Hasta el momento se reportan 17.345 personas en esa condición, junto con 856 edificios afectados y 190 colapsados. En este escenario, la posibilidad de solicitar exhumaciones posteriores representa un mecanismo que puede aliviar la incertidumbre de quienes aún no han localizado a sus allegados.
El gobernador señaló que los registros contienen toda la información necesaria para que especialistas apoyen la identificación cuando un familiar se presente. Esta práctica busca equilibrar la urgencia de disponer de los restos con el derecho de las familias a obtener respuestas en el mediano plazo.
Los sismos liberaron energía equivalente a casi 178 bombas de Hiroshima, según análisis difundidos por el gobierno interino. Esa escala explica tanto el volumen de víctimas como la necesidad de procedimientos acelerados que, sin embargo, mantienen elementos de trazabilidad para evitar que los entierros se conviertan en barreras definitivas para la localización de desaparecidos.
