El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, difundió cifras sobre los recursos que, según afirmó, TV Azteca recibió de administraciones estatales encabezadas por el Partido Acción Nacional (PAN) entre 2012 y 2019. El funcionario sostuvo que los convenios de publicidad y los pagos vinculados con Ciudad de las Ideas sumaron 826 millones de pesos en ese periodo.
Las declaraciones se realizaron el 19 de agosto, durante la tercera emisión estatal de Derecho de Réplica. García Parra contrastó esos montos con la cobertura actual de la televisora sobre seguridad y gobierno en Puebla, y planteó que el término de esos contratos coincidió con una postura más crítica hacia la administración encabezada por Alejandro Armenta.
Convenios y pagos por el festival
De acuerdo con la relación expuesta por el funcionario, en 2012 la empresa recibió 31.5 millones de pesos por Ciudad de las Ideas, además de más de 50 millones de pesos derivados de un convenio de publicidad. Para 2013, García Parra indicó que la cifra fue superior a la del año anterior, aunque no detalló el monto preciso durante su intervención.
En 2014, añadió, se destinaron 33 millones de pesos al evento y más de 50 millones a publicidad. Para los años 2015, 2016, 2017 y 2018, los pagos relacionados con Ciudad de las Ideas habrían alcanzado hasta 35 millones de pesos anuales, mientras que los convenios publicitarios rondaron los 50 millones de pesos por año.
La cifra de 2019 fue presentada como el último registro de la serie: 21 millones de pesos por Ciudad de las Ideas y 68 millones de pesos por publicidad. Con base en esa suma de partidas, García Parra estimó que el flujo acumulado hacia TV Azteca durante ocho años fue de 826 millones de pesos.
Una acusación ligada a la cobertura
El funcionario cuestionó que la televisora, a la que llamó “fábrica de mentiras”, difundiera actualmente señalamientos sobre violencia e inseguridad en Puebla. En su exposición, preguntó por qué esos temas no habrían tenido la misma relevancia en la cobertura durante gobiernos panistas, cuando, según dijo, existían problemas de seguridad en la entidad.
García Parra vinculó esa diferencia editorial con la cancelación de los contratos millonarios bajo el actual gobierno estatal. Esa afirmación constituye una interpretación política del funcionario: la información dada a conocer no incluyó documentos contractuales desglosados, posturas de TV Azteca ni una respuesta pública de las administraciones panistas mencionadas sobre los criterios, servicios o resultados de los convenios.
La contratación de espacios publicitarios por gobiernos estatales es una práctica permitida cuando responde a necesidades de comunicación institucional y se realiza conforme a las reglas de presupuesto, transparencia y fiscalización. Sin embargo, el volumen de los recursos y la concentración de contratos en determinados medios suelen abrir debates sobre la eficacia del gasto público, la proporcionalidad de las campañas y la independencia entre publicidad oficial y líneas editoriales.
Seguridad, transparencia y contraste político
Durante Derecho de Réplica, García Parra afirmó que 20 delitos de alto impacto registran disminuciones en Puebla. No precisó en su intervención los porcentajes, periodos comparativos ni las fuentes estadísticas utilizadas para sustentar esa evaluación. La medición de la seguridad requiere contrastar denuncias, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encuestas de percepción y datos locales, pues cada indicador refleja dimensiones distintas del fenómeno.
El episodio coloca en el centro dos discusiones separadas pero relacionadas: la transparencia de los contratos de comunicación social y la evaluación de la cobertura periodística. Los montos señalados por el gobierno poblano requieren verificación documental en expedientes de contratación, presupuestos y plataformas de transparencia; a la vez, las críticas de los medios sobre seguridad deben contrastarse con información pública verificable.
Hasta las declaraciones de García Parra, el señalamiento se sustentaba en las cifras presentadas por el propio funcionario durante la emisión oficial. Una respuesta de TV Azteca sobre los contratos referidos, la prestación de los servicios y la relación que el gobierno estatal plantea entre recursos públicos y cobertura sería relevante para completar el debate y delimitar responsabilidades institucionales.
