El hallazgo de dos cuerpos en fosas clandestinas en la delegación de El Sauzal, Ensenada, el 28 de junio de 2026, forma parte de una secuencia de descubrimientos que se repiten desde hace más de una década en Baja California. El colectivo Buscando a José Ángel localizó primero un cuerpo completo y, a veinte metros, restos óseos semienterrados. La mujer, de edad avanzada y cabello corto con canas, llevaba aproximadamente un año bajo tierra; el hombre presentaba trabajo dental frontal y un tiempo de inhumación estimado en ocho meses. Estos datos preliminares coinciden con patrones observados en fosas similares reportadas en la misma zona el 31 de mayo anterior.
La región de Ensenada ha registrado un incremento sostenido de desapariciones desde 2018, vinculado a la expansión de grupos delictivos que controlan rutas de trasiego de drogas y personas hacia Estados Unidos. Las autoridades estatales han documentado más de 1 800 personas reportadas como desaparecidas en Baja California entre 2019 y 2025, de las cuales apenas el 23 % han sido localizadas con vida. Esta proporción refleja tanto la capacidad limitada de las fiscalías como la dificultad para acceder a zonas controladas por organizaciones criminales.
Antecedentes estructurales del fenómeno
El problema de las fosas clandestinas en México no surge de manera aislada. Desde la implementación de la estrategia federal de seguridad en 2006, el número de personas desaparecidas superó las 110 000 según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas a mediados de 2025. Baja California ocupa el séptimo lugar nacional en este conteo, pero destaca por la presencia de colectivos ciudadanos que han suplido funciones de búsqueda que el Estado no ha podido cubrir de forma sistemática. El colectivo Buscando a José Ángel, por ejemplo, ha reportado hallazgos en El Sauzal en al menos tres ocasiones durante 2026, lo que indica que las zonas montañosas de Santa Anita siguen siendo utilizadas como sitios de ocultamiento.
La geografía de El Sauzal, con cerros de difícil acceso y escasa vigilancia policial, facilita la disposición de cuerpos. Informes de la Fiscalía General del Estado muestran que entre 2020 y 2025 se abrieron 47 carpetas de investigación por inhumaciones clandestinas solo en el municipio de Ensenada. Sin embargo, la tasa de identificación de los restos oscila entre el 18 y el 25 %, debido a la ausencia de perfiles genéticos de familiares en las bases de datos y al deterioro de los restos por condiciones ambientales.
Efectos en el sistema forense y de justicia
La acumulación de restos sin identificar genera un cuello de botella en el Servicio Médico Forense de Ensenada. Cada nuevo hallazgo requiere recursos de personal, equipo de excavación y análisis genéticos que ya operan al límite. En 2025, el laboratorio estatal procesó 312 muestras óseas, pero solo el 41 % obtuvo coincidencia con perfiles familiares registrados. Esta brecha prolonga el sufrimiento de las familias y reduce la posibilidad de que los casos avancen hacia la judicialización de los responsables.
La falta de resultados también erosiona la confianza institucional. Encuestas realizadas por el Colegio de la Frontera Norte en 2024 revelaron que el 67 % de los familiares de desaparecidos en Baja California considera que las autoridades no realizan búsquedas exhaustivas. Esta percepción se refuerza cuando los colectivos encuentran cuerpos que las fiscalías no habían detectado previamente, como ocurrió en El Sauzal tanto en mayo como en junio de 2026.
Repercusiones sociales y comunitarias
El impacto trasciende el ámbito judicial. Las comunidades de El Sauzal y zonas aledañas experimentan un deterioro del tejido social. Vecinos reportan mayor presencia de grupos armados y un incremento en la autoprotección mediante vigilancia informal. Esta dinámica reduce la colaboración con las autoridades y alimenta ciclos de silencio que dificultan la investigación de nuevos casos. Estudios sobre trauma colectivo realizados en municipios con alta incidencia de fosas, como en el norte de Sinaloa, muestran que la exposición prolongada a noticias de hallazgos genera ansiedad generalizada y afecta la salud mental de poblaciones enteras.
Además, la visibilidad mediática de estos descubrimientos influye en la percepción de seguridad estatal. Aunque Ensenada mantiene índices de homicidios inferiores a Tijuana, la reiteración de fosas clandestinas proyecta una imagen de territorio disputado que puede afectar inversiones turísticas y comerciales. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que el sector hotelero de Ensenada reportó una caída del 9 % en ocupación durante el segundo semestre de 2025, atribuida en parte a reportes de inseguridad.
Perspectivas de largo plazo y posibles respuestas
La persistencia de fosas clandestinas exige políticas que vayan más allá de la reacción inmediata. La creación de un banco estatal de perfiles genéticos con participación obligatoria de familiares de desaparecidos, combinada con protocolos estandarizados de excavación, podría elevar las tasas de identificación. Experiencias en Coahuila, donde se implementó un programa similar en 2021, lograron identificar el 48 % de los restos recuperados en dos años. Aplicar mecanismos equivalentes en Baja California requeriría coordinación entre la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de Búsqueda y los colectivos ciudadanos.
Al mismo tiempo, el fortalecimiento de la presencia estatal en zonas rurales de Ensenada reduciría los espacios disponibles para la ocultación de cuerpos. Sin embargo, cualquier estrategia de seguridad debe evitar el desplazamiento del problema hacia otras regiones, un patrón observado en estados como Sonora y Chihuahua. La articulación de inteligencia criminal con programas de desarrollo social en comunidades vulnerables representa una vía más sostenible para modificar las condiciones que permiten la operación de grupos dedicados a la desaparición de personas.
El caso de El Sauzal ilustra cómo cada nuevo hallazgo expone deficiencias acumuladas durante años. La respuesta institucional no solo debe centrarse en la recuperación de restos, sino en generar condiciones que disminuyan la probabilidad de que se sigan produciendo nuevas fosas. De lo contrario, los ciclos de búsqueda, hallazgo y duelo se repetirán con mayor frecuencia, profundizando el desgaste social y la desconfianza institucional que ya caracterizan amplias zonas del norte de México.
