Las campañas anticipadas volvieron al centro del debate político en México, pero el foco ya no está solo en la ilegalidad de esos actos, sino en el dinero que los sostiene. La ley reserva al INE el control de los recursos para promoción electoral; cualquier apoyo privado, sindical o criminal queda fuera de norma y abre la puerta a sanciones que, en la práctica, suelen llegar tarde o no llegar.
El caso más delicado es el de figuras de Morena que ya recorren territorios y promueven su imagen antes de tiempo, desde Andrea Chávez y Arturo Ávila hasta Andrés Manuel López Beltrán. El señalamiento no se limita al proselitismo adelantado: la ausencia de una fiscalización efectiva deja sin respuesta la pregunta clave sobre el origen real de esos recursos. En 2024, el INE y el Tribunal Electoral toleraron esa opacidad y el partido oficial llegó fortalecido; ahora, el precedente presiona a las autoridades a no repetir el silencio frente a una práctica que erosiona la competencia y normaliza el financiamiento irregular.
