La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió convertir en resultados la hoja de ruta surgida del primer Congreso Nacional MiPyme 360 y fortalecer a las empresas que ya producen, invierten y generan empleo. El gremio sostuvo que el país debe conectar inversión, financiamiento, conocimiento y oportunidades para que las micro, pequeñas y medianas empresas crezcan, al tiempo que reclamó una decisión seria y sustentada sobre la mina de cobre de Donoso.
El planteamiento fue expuesto tras el encuentro organizado por la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá, Fedecámaras, que reunió a empresarios, gremios, especialistas, organismos multilaterales y autoridades. La Cámara de Comercio indicó que el punto de partida debe ser ampliar el acceso a financiamiento y educación financiera, además de acercar a las MiPymes a universidades y centros de innovación.
Según el organismo empresarial, el 96% de las empresas panameñas son micro, pequeñas y medianas. Por ello, afirmó que la meta no debe limitarse a administrar negocios pequeños, sino crear condiciones para que vendan más, contraten más, innoven y compitan. Entre las medidas señaladas figuran el desarrollo de capacidad exportadora y la vinculación de estas empresas con compañías de mayor escala.
Fedecámaras también destacó los encadenamientos productivos como una vía para ampliar el alcance de la inversión. Explicó que cuando una gran empresa compra a proveedores nacionales, capacita a su cadena y genera oportunidades alrededor de su operación, se abren espacios para más actividad económica y proveedores panameños, incluso fuera de la capital.
En ese contexto, los empresarios incluyeron la situación de la mina de Donoso, cerrada desde 2023 tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sostuvieron que el debate no se limita a la minería ni al tamaño de la inversión, sino que abarca su potencial como industria ancla para actividades de transporte, logística, mantenimiento, alimentación, servicios y proveedores nacionales.
La Cámara advirtió que cualquier decisión sobre la mina debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, técnicamente ejecutable, económicamente conveniente y transparente para Panamá. A la vez, señaló que no decidir tiene costos y reclamó una definición sin improvisaciones, orientada por el interés nacional.
El gremio asignó responsabilidades diferenciadas al Gobierno, la empresa privada, la academia y los organismos financieros, pero señaló que todos deben contribuir a producir más, atraer inversión y generar empleo en el país. También planteó que la formalización de los emprendimientos debe servir como puerta de entrada al crédito, a clientes corporativos y a mercados internacionales, acompañada de mentorías, capacitación y conexión con financiamiento.
