Tijuana, BC.- A casi un año del atropellamiento que dejó gravemente lesionadas a la niña Silvia Aurora y a su abuela Silvia Yáñez, sus familiares se manifestaron este martes frente al Poder Judicial de Baja California para exigir que se resuelva el amparo que mantiene detenido el proceso penal y se avance hacia un juicio oral contra la conductora imputada.
Los manifestantes portaron carteles con la consigna “Manejar ebrio es conducta dolosa y resultado doloso” junto a fotografías de la menor, en un llamado directo a las autoridades para que los casos de conducción bajo influjo del alcohol reciban sanciones más severas y no queden entrampados en recursos legales.
El atropellamiento y las pruebas disponibles
Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2025 sobre la calle Catemaco, en la colonia Altiplano, cuando una conductora presuntamente en estado de ebriedad embistió a ambas víctimas. Según la familia, existen elementos suficientes para sustentar la acusación formal, entre ellos testimonios, peritajes y evidencia del estado de la imputada al momento de los hechos.
La madre de la niña, Alejandra López, señaló que el próximo mes se cumplirá un año sin que el caso haya alcanzado la etapa de juicio oral, pese a que la audiencia programada para este martes contemplaba la presentación de la acusación y las pruebas. El procedimiento permanece suspendido desde octubre de 2025 por un amparo promovido por la conductora, quien busca enfrentar el proceso en libertad.
Demanda de justicia pronta y efectiva
La exigencia central de los familiares radica en que el recurso legal sea resuelto con celeridad para permitir que las víctimas accedan a un tribunal. López enfatizó que se requiere una justicia que no se extienda por años, como ha ocurrido en otros expedientes, y que escuche tanto a la defensa como a quienes sufrieron el daño.
El caso ilustra un patrón recurrente en el sistema penal mexicano: la interposición de amparos que congelan procedimientos en etapas tempranas, lo que genera dilación y erosión de la confianza pública en la impartición de justicia. Cuando las víctimas son menores y los delitos involucran alcohol, la percepción de impunidad se amplifica si los tiempos procesales se extienden sin resolución.
Implicaciones para casos de conducción ebria
La protesta también buscó visibilizar la necesidad de endurecer las consecuencias para quienes conducen bajo los efectos del alcohol. Los familiares argumentan que la conducta no solo representa una falta administrativa, sino una decisión consciente que genera resultados previsibles y graves, por lo que debe recibir un tratamiento penal acorde a su gravedad.
En Baja California, los retrasos por amparos en este tipo de expedientes suelen prolongar la incertidumbre tanto para las víctimas como para los imputados. La resolución oportuna del recurso permitiría determinar si existen méritos para llevar el asunto a juicio oral, donde se valorarían las pruebas de manera pública y contradictoria.
Los familiares anunciaron que continuarán con acciones de presión para evitar que el proceso quede indefinidamente suspendido y reiteraron que las víctimas merecen una resolución conforme a derecho en plazos razonables.
