El Gobierno de México ha decidido ampliar hasta diciembre de 2026 el periodo para que los usuarios vinculen sus líneas telefónicas móviles con su identificación oficial y CURP. La medida busca reducir el anonimato que facilitaba fraudes y extorsiones, aunque la respuesta inicial de la ciudadanía ha sido parcial.
Originalmente, el plazo vencía el 30 de junio de 2026. Para esa fecha ya se habían registrado 63 millones de líneas, pero millones de usuarios aún no habían completado el trámite obligatorio. Ante esta situación, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) optó por una prórroga escalonada que organiza el registro según el último dígito del número telefónico.
Origen y objetivos de la política
La iniciativa responde a una estrategia federal orientada a combatir delitos cometidos a través de llamadas anónimas. Las autoridades consideran que la vinculación obligatoria permitirá identificar con mayor precisión a quienes realizan fraudes o extorsiones, al tiempo que se preserva la capacidad de realizar llamadas de emergencia. Esta política se enmarca en un esfuerzo más amplio por fortalecer la trazabilidad en las telecomunicaciones sin afectar los servicios esenciales.
Sin embargo, la extensión del plazo revela que la adopción inicial no alcanzó los niveles esperados. Factores como la falta de información, dificultades de acceso digital o resistencia al trámite podrían haber influido. La CRT ha optado por un calendario diferenciado para evitar saturación de los sistemas y facilitar el cumplimiento gradual.
Calendario específico para dígitos 8 y 9
De acuerdo con el nuevo esquema, los usuarios cuyo número termine en 8 deben realizar el registro el martes 15 de diciembre de 2026. Aquellos cuyo dígito final sea 9 tienen como fecha límite el jueves 31 de diciembre de 2026. Este ordenamiento busca distribuir la demanda de manera ordenada a lo largo del último mes del año.
La decisión de concentrar estos dos dígitos en diciembre responde a la necesidad de cerrar el año con la mayor cantidad posible de líneas vinculadas. Las autoridades esperan que la claridad del calendario reduzca la confusión y aumente la tasa de cumplimiento antes de que se apliquen sanciones.
Cómo realizar la vinculación
El trámite puede completarse de forma presencial en los centros de atención de cada operador telefónico o a través de la plataforma en línea registratulinea.crt.gob.mx. En ambos casos se requieren identificación oficial vigente (INE o pasaporte), CURP y el número de celular. El proceso es gratuito y no implica costo alguno para el usuario.
En la modalidad digital, el solicitante debe seleccionar su compañía, capturar el número telefónico, subir fotografías de ambos lados de su identificación y completar una verificación de identidad. Quienes enfrenten dificultades técnicas o carezcan de acceso a internet deben acudir personalmente a las oficinas correspondientes. Esta dualidad de canales busca reducir barreras de acceso, aunque persiste el riesgo de exclusión para sectores con menor conectividad.
Consecuencias del incumplimiento
Una vez vencido el plazo, las compañías suspenderán el servicio de las líneas no registradas. Los usuarios afectados solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, líneas de atención ciudadana, su propia operadora y recibir alertas de sismo. La reactivación completa requerirá completar la vinculación posterior.
Esta restricción representa un mecanismo de presión efectivo, aunque también plantea interrogantes sobre el impacto en poblaciones vulnerables que podrían quedar temporalmente incomunicadas. Las autoridades sostienen que la medida es proporcional al objetivo de seguridad pública, pero su aplicación exigirá un equilibrio cuidadoso para evitar afectaciones desproporcionadas.
Balance entre seguridad y derechos
La política de vinculación refleja una tensión permanente entre la protección ciudadana frente al crimen y el resguardo de datos personales. Aunque el registro busca reducir delitos, genera un volumen significativo de información sensible que deberá gestionarse con estrictos protocolos de protección. La experiencia de otros países muestra que sistemas similares pueden ser efectivos cuando van acompañados de transparencia y supervisión independiente.
El éxito de esta extensión dependerá no solo del cumplimiento de fechas, sino de la capacidad de las autoridades para comunicar con claridad los beneficios y procedimientos. Una implementación transparente podría aumentar la confianza pública, mientras que fallas en la logística podrían erosionar la credibilidad de la medida. El plazo extendido hasta diciembre ofrece una ventana adicional para corregir deficiencias observadas en la primera etapa.
