El alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante de Morena a la gubernatura de Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, solicitó a la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos Galván una explicación pública sobre su presunta participación como accionista en Administradora Inmobiliaria de Chihuahua. La empresa aparece vinculada a una residencia valuada en 26 millones de pesos y habría mantenido contratos con la administración estatal durante el mandato de Campos.
La petición surge tras reportes periodísticos que señalan posibles irregularidades patrimoniales y se suma a la sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de que la Auditoría Superior de la Federación revise las declaraciones patrimoniales de la mandataria. Hasta el momento, no existe resolución judicial ni administrativa que confirme o descarte un conflicto de interés.
El señalamiento patrimonial y sus implicaciones
Según los reportes retomados por La Jornada, la residencia en cuestión habría sido heredada a través de la empresa inmobiliaria. Este hecho conecta tres elementos que requieren esclarecimiento: la participación de una funcionaria pública en una sociedad privada, la relación de esa sociedad con un bien de alto valor y los contratos que la empresa habría obtenido durante la gestión de Campos. La legislación mexicana obliga a los servidores públicos a declarar sus intereses patrimoniales y empresariales; cualquier omisión o beneficio indebido podría configurar una falta administrativa, aunque corresponde a las instancias competentes determinarlo.
El concepto de conflicto de interés no se limita al valor del inmueble. Se centra en si la gobernadora participó en decisiones que favorecieron directa o indirectamente a la empresa, si los contratos se adjudicaron mediante procedimientos transparentes y si existe documentación que acredite la separación entre sus funciones públicas y sus intereses privados. La ausencia de información oficial impide, por ahora, afirmar que haya irregularidades.
La intervención solicitada a la ASF
Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum planteó que la Auditoría Superior de la Federación examine las declaraciones patrimoniales de la gobernadora para evaluar si existen elementos que justifiquen una investigación administrativa. Pérez Cuéllar respaldó esa postura y reiteró la necesidad de que el asunto se esclarezca mediante instancias institucionales y no solo mediante declaraciones políticas.
Una revisión de la ASF puede aportar datos sobre la consistencia entre los bienes declarados y los contratos públicos otorgados, pero no constituye por sí misma una sentencia de responsabilidad. El resultado de ese análisis, en caso de realizarse, permitirá distinguir entre señalamientos mediáticos y hechos comprobados.
El contexto político de la confrontación
El intercambio ocurre en un momento de tensión entre la gobernadora panista y el aspirante morenista. Días antes, Campos había retado a Pérez Cuéllar a comparar resultados de gobierno y había destacado la construcción de la Torre Centinela, obra federal con un costo aproximado de 2 mil millones de pesos que beneficia a Ciudad Juárez. El alcalde respondió con un contra-reto centrado en la transparencia patrimonial.
Esta dinámica refleja la competencia electoral que se avecina en Chihuahua. Los temas de integridad institucional suelen intensificarse cuando dos figuras de peso político disputan espacios de poder, por lo que resulta indispensable separar la confrontación partidista de la verificación objetiva de los hechos.
Lo que falta por documentar
Para avanzar en el análisis del caso se requiere información precisa sobre cuatro puntos: si Campos declaró formalmente su participación en la empresa, si los contratos se otorgaron conforme a la ley de adquisiciones, si la gobernadora intervino en las decisiones correspondientes y si existe registro público que permita verificar la cadena de propiedad del inmueble. Mientras estos datos no se presenten de manera oficial, las afirmaciones permanecen en el terreno de los señalamientos.
La exigencia de explicaciones formulada por Pérez Cuéllar y la sugerencia de revisión por parte de la presidenta ponen de relieve la importancia de los mecanismos de control patrimonial en los gobiernos estatales. Su aplicación efectiva depende de que las autoridades competentes actúen con independencia y de que la información se haga accesible a la ciudadanía.
