Tras cuatro años de priorizar el refinanciamiento, los gobiernos estatales y municipales destinaron en el primer semestre de 2026 el 45,4 % de los 18.829 millones de pesos contratados a inversión pública productiva. Esta proporción supera el refinanciamiento (44,7 %) y las necesidades de liquidez temporal (9,9 %), y no se registraba desde 2021.
El monto total representa una caída anual del 22,8 %, lo que indica menor dependencia de nuevo endeudamiento, pero también un cambio cualitativo: seis entidades y 23 municipios optaron por destinar recursos a obras y equipamiento que generan beneficio social de largo plazo, conforme a la Ley de Disciplina Financiera.
Distribución por entidad
Guanajuato, Sonora y Sinaloa canalizaron el 100 % de su deuda a inversión productiva. Veracruz la dirigió íntegramente a refinanciamiento, mientras Nuevo León la utilizó solo para cubrir insuficiencias de liquidez. Los estados concentraron el 94,7 % del total, con Aguascalientes (5.223 millones) y Veracruz (4.861 millones) a la cabeza.
Señal de sostenibilidad
Este giro refleja mayor disciplina fiscal y una apuesta por el crecimiento regional en lugar de postergar obligaciones. Al vincular deuda con activos productivos, los gobiernos locales reducen el riesgo de acumular pasivos sin contrapartida de desarrollo, aunque el refinanciamiento sigue siendo relevante para mejorar condiciones de mercado.
