Las autoridades de Baja California activaron la estrategia Vigilando Nuestra Escuela para resguardar 3 mil 859 planteles de educación básica durante el receso estival. El programa coordina a la Secretaría de Educación, corporaciones de seguridad, consejos escolares y vecinos con el fin de reducir robos y daños que, según datos oficiales, ya superan los 80 millones de pesos en reparaciones acumuladas. El ciclo 2025-2026 terminó con 641 mil 696 estudiantes y 33 mil 840 docentes fuera de las aulas, lo que deja las instalaciones expuestas durante varios meses.
El enfoque principal radica en la vigilancia compartida y en medidas preventivas simples como el cierre correcto de llaves de agua y la desconexión de equipos eléctricos. En Mexicali y el Valle de Mexicali, zonas históricamente más afectadas, se reforzaron rondines y se asignó vigilancia especial a unos 70 planteles ubicados en polígonos de alta inseguridad. La entrega simbólica de llaves en el Jardín de Niños “1994 Año Internacional de la Familia” buscó visibilizar la corresponsabilidad ciudadana y el llamado a reportar al 911 cualquier anomalía.
El peso económico de la inseguridad escolar
Los 80 millones de pesos en daños representan un gasto recurrente que podría destinarse a equipamiento, mantenimiento preventivo o programas de retención docente. Cada acto de vandalismo no solo implica costos directos de reparación, sino también interrupciones en el calendario escolar cuando las instalaciones dañadas no están listas al inicio del siguiente ciclo. Este impacto financiero recae principalmente sobre el presupuesto estatal de educación, que ya enfrenta presiones por rezagos en infraestructura y por la necesidad de actualizar laboratorios y conectividad.
Participación ciudadana: ¿solución estructural o paliativo temporal?
La estrategia deposita gran confianza en la denuncia vecinal y en la colaboración de padres de familia. Sin embargo, la efectividad de este modelo depende de factores como la cohesión comunitaria, la percepción de seguridad en cada colonia y la disponibilidad real de tiempo de los residentes. En zonas con alta rotación poblacional o con desconfianza histórica hacia las instituciones, la respuesta ciudadana puede resultar desigual. El programa, iniciado hace dos meses, aún no cuenta con indicadores públicos que midan la reducción efectiva de incidentes, lo que dificulta evaluar si la participación social compensa la falta de recursos para vigilancia profesional permanente.
Desigualdades regionales y asignación de recursos
La decisión de concentrar rondines adicionales en Mexicali y el Valle responde a patrones históricos de incidencia delictiva. No obstante, esta focalización puede generar percepciones de abandono en otras regiones como Tijuana o Ensenada, donde también existen planteles vulnerables. Directivos de escuelas en zonas menos priorizadas reportan que deben depender exclusivamente del cierre manual y de la buena voluntad de vecinos, sin apoyo adicional de rondines municipales. Esta distribución asimétrica plantea interrogantes sobre la equidad en la protección de activos públicos educativos.
Perspectivas de los actores involucrados
La Secretaría de Educación enfatiza la prevención y la corresponsabilidad. Los consejos de participación escolar valoran la entrega de llaves como reconocimiento simbólico, aunque advierten que la vigilancia vecinal no sustituye la presencia de personal de seguridad capacitado. Los padres de familia, por su parte, expresan preocupación por la integridad de los espacios donde sus hijos estudian, pero también señalan que el llamado a reportar al 911 puede chocar con miedos a represalias en comunidades donde opera el crimen organizado. Los docentes, finalmente, suelen quedar al margen de la operación una vez concluidas las actividades escolares, lo que limita su capacidad de incidencia en la protección de materiales didácticos que ellos mismos han gestionado durante el año.
Riesgos de una estrategia centrada en el cierre físico
El énfasis en desconectar equipos y cerrar instalaciones reduce riesgos eléctricos y de desperdicio de agua, pero no aborda vulnerabilidades estructurales como ventanas sin rejas, muros bajos o ausencia de iluminación perimetral. Además, la ausencia prolongada de actividad en los planteles puede convertirlos en espacios propicios para el consumo de drogas o el resguardo temporal de objetos robados, fenómenos que la simple vigilancia vecinal no siempre detecta a tiempo. Existe el riesgo de que una estrategia exitosa en términos de reducción de robos genere una falsa sensación de seguridad que retrase inversiones en infraestructura resiliente.
Escenarios futuros y necesidad de evaluación
De cara a los próximos ciclos, la continuidad del programa dependerá de la disponibilidad presupuestal para rondines y de la capacidad de las autoridades para generar datos confiables sobre incidentes. Una opción plausible es la integración gradual de sistemas de videovigilancia conectados a centros de monitoreo municipal, aunque esto requeriría resolver dilemas de privacidad y mantenimiento. Otra vía consiste en vincular la protección escolar con programas de empleo juvenil o de servicio comunitario que mantengan presencia humana durante el verano. Sin métricas claras y sin un mecanismo de retroalimentación con las comunidades, la estrategia corre el peligro de convertirse en un ritual anual sin impacto medible a largo plazo.
El costo acumulado de 80 millones de pesos y la dispersión geográfica de los planteles evidencian que la protección de escuelas no puede depender únicamente de operativos estacionales. Requiere una política sostenida que combine recursos públicos, participación informada de la ciudadanía y mejoras físicas en las instalaciones. La experiencia de Baja California durante el verano de 2026 servirá como termómetro para determinar si este modelo de vigilancia compartida logra trascender la coyuntura vacacional o si permanece como respuesta reactiva ante un problema estructural.
