El Partido Liberal decidió no limitarse a rechazar la reforma eléctrica enviada por el Poder Ejecutivo. Su bancada llegará este martes al Congreso Nacional con una contrapropuesta que, más allá del gesto político, busca disputar el contenido de fondo de la transformación del subsector eléctrico hondureño. El eje es claro: mantener a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como patrimonio público, reordenarla en una estructura de holding estatal con tres subsidiarias y atacar el problema más corrosivo del sistema, las pérdidas y el hurto de energía.
La apuesta tiene una lectura inmediata y otra de mayor alcance. En lo inmediato, el liberalismo intenta desmarcarse de una reforma gubernamental que considera apresurada y poco convincente. A mediano plazo, busca ocupar el espacio de una oposición que no solo objeta, sino que propone. En un país donde el debate energético suele quedar atrapado entre el déficit fiscal, la presión tarifaria y la sospecha sobre cualquier cambio de propiedad, esa diferencia importa: quien define el diseño institucional también define quién captura los beneficios y quién absorbe los costos.
El punto más sensible de la contrapropuesta no es técnico sino político: la defensa del carácter público de la ENEE. Jorge Cálix advirtió que su bancada no aceptará convertir la estatal en una sociedad anónima de capital variable, figura que, en la práctica, abriría una puerta a transferencias accionariales y a una eventual pérdida de control estatal. Esa prevención no es menor. En América Latina, varias reformas nacieron como reestructuraciones administrativas y terminaron reordenando la propiedad, el gobierno corporativo o el peso del Estado en la cadena eléctrica. Honduras carga todavía con el recuerdo de reformas parciales que prometieron eficiencia y dejaron conflictos por tarifas, contratos y responsabilidad política.
Hay aquí una primera tesis que conviene subrayar: el verdadero debate no es si la ENEE debe cambiar, sino quién asume el mando del cambio y con qué límites. El Gobierno parece partir de la premisa de que la crisis fiscal exige mayor flexibilidad institucional. El Liberalismo, en cambio, intenta demostrar que puede corregirse la estructura sin ceder la titularidad pública. Esa diferencia es crucial porque la discusión sobre energía no se reduce a balances contables; afecta legitimidad, tarifas, inversión y seguridad jurídica. Si la reforma no define con precisión dónde termina la reorganización y dónde empieza cualquier apertura patrimonial, el conflicto político se prolongará aun después de aprobada la ley.
La segunda tesis es más operativa: dividir la ENEE en generación, transmisión y distribución puede ayudar, pero no resuelve por sí solo el problema de fondo. La fragmentación funcional suele mejorar la trazabilidad de costos, permite metas específicas y facilita auditorías internas. También puede hacer visible qué tramo del sistema destruye valor y cuál puede volverse rentable con mejor gestión. Sin embargo, la experiencia regional muestra que separar funciones sin un regulador fuerte, reglas de contratación claras y sistemas de medición modernos solo cambia el organigrama. Guatemala y Nicaragua, citadas como referencia por los liberales, han avanzado con modelos distintos, pero ambos casos muestran que la arquitectura institucional importa menos que la capacidad real de ejecución y control.
El asunto crítico es el de las pérdidas eléctricas. En Honduras, ese problema no es un detalle técnico sino la hemorragia central de la ENEE. Las pérdidas técnicas, las no técnicas y el robo de energía erosionan ingresos, distorsionan tarifas y obligan al Estado a absorber déficits que terminan compitiendo con gasto social e inversión pública. Cuando una empresa estatal no logra cobrar una parte sustancial de lo que entrega, el problema no es solo financiero; también es político, porque cualquier ajuste tarifario se percibe como injusto si antes no se corrige la fuga. La contrapropuesta liberal entiende ese punto y por eso coloca el combate al hurto como condición de credibilidad.
El tercer ángulo, menos visible pero decisivo, es el impacto sobre los consumidores y los inversionistas. Para los hogares, una reforma creíble podría abrir la puerta a tarifas más sostenibles, pero solo si se reduce la pérdida estructural y se mejora la eficiencia operativa. Para la industria, el beneficio potencial es todavía mayor: un sistema más confiable reduce apagones, baja costos de respaldo y mejora la planificación productiva. Para los inversionistas, la señal relevante no es si el Estado conserva la propiedad, sino si habrá reglas estables, medición precisa y gobernanza menos improvisada. Sin esas condiciones, la reforma se quedará en una disputa de símbolos.
También hay un debate de fondo sobre la viabilidad política de sostener una ENEE íntegramente pública sin reproducir su inercia histórica. Defender la propiedad estatal no es incompatible con exigir disciplina empresarial. El problema aparece cuando la narrativa de protección patrimonial sustituye la obligación de rendición de cuentas. Si la nueva propuesta liberal se limita a preservar la bandera pública sin imponer metas duras de reducción de pérdidas, profesionalización directiva y control de corrupción, el resultado será cosmético. La discusión seria no es público o privado en abstracto, sino qué combinación de propiedad, supervisión y desempeño puede romper el ciclo de déficit crónico.
La tensión entre oficialismo y oposición, además, anticipa una negociación legislativa compleja. El Congreso tendrá sobre la mesa dos propuestas con filosofías distintas: una orientada a la reforma impulsada desde el Ejecutivo y otra que pretende corregirla desde dentro del mismo principio de modernización. La probabilidad más alta no es una victoria total de una sola visión, sino una versión híbrida. Esa solución puede ser útil si conserva el control estatal, introduce división funcional y ata la gestión a indicadores verificables. Pero también puede volverse una salida ambigua si se aprueban cambios suficientes para generar conflicto y demasiado pocos para resolver la crisis.
El escenario futuro dependerá de tres variables. La primera es si el Congreso logra elevar el debate por encima del cálculo partidario. La segunda es si la propuesta incorpora mecanismos reales de medición, auditoría y persecución del fraude eléctrico. La tercera es si se protege la reforma de la captura por redes clientelares que históricamente han convertido a la ENEE en un botín político. Si esas condiciones no aparecen, Honduras seguirá atrapada entre tarifas presionadas, pérdidas elevadas y un sistema que posterga las inversiones estructurales. Si, por el contrario, la discusión técnica logra imponerse, la reforma podría convertirse en el primer intento serio de reordenar el sector sin romper su anclaje público.
Lo que está en juego no es una sola ley, sino el modelo de Estado que Honduras quiere sostener en uno de sus sectores más estratégicos. La contrapropuesta liberal le recuerda al Gobierno que modernizar no equivale necesariamente a privatizar, pero también le exige al país una verdad incómoda: no habrá servicio eléctrico robusto mientras la ineficiencia, el hurto y la improvisación sigan consumiendo la empresa desde dentro.
