El estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA) coloca una cifra de gran relevancia en el debate costarricense: el acceso a un empleo de calidad podría reducir hasta en 55% la probabilidad de caer en pobreza. El hallazgo, basado en la Encuesta Nacional de Hogares de 2023, refuerza una idea conocida, pero todavía incompleta en la política pública: trabajar no garantiza por sí mismo superar la pobreza. La calidad del puesto, el nivel educativo y las competencias que permiten acceder a empleos formales parecen ser los elementos que determinan si el ingreso laboral puede convertirse en movilidad social.
La magnitud del desafío se aprecia en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC): alrededor de 286 mil familias se encuentran en condición de pobreza y 71 mil viven en pobreza extrema. Para las personas que ya están en esa situación, el estudio estima una probabilidad de permanencia en la pobreza de 65,6%. Esa persistencia revela que el problema no se limita a la falta temporal de ingresos. También intervienen la baja escolaridad, la informalidad, la ubicación territorial, la limitada disponibilidad de empleos estables y las dificultades para responder a los requerimientos de una economía cada vez más tecnológica.
Una oportunidad concreta para la movilidad social
La principal implicación positiva de la investigación es que identifica una combinación de capacidades con potencial para cambiar las trayectorias económicas de los hogares. Completar la educación secundaria, alcanzar un dominio instrumental del inglés y desarrollar habilidades digitales intermedias podrían reducir la probabilidad estimada de caer en pobreza hasta 9,01% dentro del escenario analizado. Aunque se trata de una proyección y no de una garantía individual, el resultado proporciona una orientación clara para la inversión pública: la educación general y la formación técnica deben vincularse con las capacidades que realmente demanda el mercado laboral.
Si estas competencias se incorporan de manera efectiva, los beneficios podrían extenderse más allá del trabajador. Un empleo formal con mejores ingresos favorece el consumo de los hogares, mejora la continuidad educativa de los hijos y amplía el acceso a seguros de salud y pensiones. También puede disminuir la dependencia de transferencias estatales y fortalecer la recaudación mediante cotizaciones e impuestos. En ese sentido, las políticas de empleo no solo tendrían un efecto social, sino también fiscal y productivo, siempre que consigan elevar la calidad de los puestos y no se limiten a aumentar la cantidad de ocupaciones.
El énfasis en el inglés y las competencias digitales también podría ayudar a reducir la distancia entre Costa Rica y las actividades de mayor productividad, como los servicios empresariales, la manufactura avanzada y algunas áreas vinculadas con la tecnología. Para las empresas, una fuerza laboral mejor preparada puede facilitar la expansión, atraer inversión y mejorar la capacidad de innovación. Sin embargo, el impacto dependerá de que exista una oferta suficiente de empleos que utilicen esas capacidades. Formar trabajadores sin ampliar las oportunidades productivas puede elevar las expectativas sin modificar de manera sustancial los ingresos.
El mercado laboral muestra señales contradictorias
El diagnóstico del Cinpe describe una economía que crea actividad, pero no necesariamente empleo en la misma proporción. Entre 2022 y 2026, la población ocupada pasó de 2.154.064 a 2.168.918 personas, un aumento relativamente limitado frente al crecimiento de la población fuera de la fuerza de trabajo, que sumó 314.801 personas hasta alcanzar 1.955.647. Esta combinación puede indicar desánimo, responsabilidades de cuidado, problemas de acceso al empleo o desajustes entre las capacidades disponibles y las vacantes existentes.
La situación se vuelve más compleja al considerar que más de 800 mil personas continúan en la informalidad. Para este grupo, el ingreso puede ser irregular y la protección frente a una enfermedad, un accidente o la vejez resulta más débil. La informalidad no es únicamente un problema de cumplimiento empresarial: en muchos casos refleja la ausencia de alternativas viables, especialmente para personas con baja escolaridad, trabajadores independientes y habitantes de regiones con menor dinamismo económico. Una transición abrupta hacia mayores controles, sin crédito, capacitación y mecanismos de formalización accesibles, podría provocar la pérdida de ingresos de quienes actualmente dependen de actividades informales.
Además, el crecimiento sectorial no está produciendo resultados uniformes. Comercio, alojamiento, servicios de comida y actividades agropecuarias han registrado expansión económica, pero simultáneamente han reducido puestos de trabajo disponibles, según la evaluación citada del Banco Central de Costa Rica. Una explicación posible es la incorporación de tecnología, la reorganización empresarial o el aumento de la productividad con menos mano de obra. Esta tendencia obliga a distinguir entre crecimiento del producto interno y mejora del bienestar laboral: un sector puede producir más mientras ofrece menos empleos o concentra los beneficios en empresas y trabajadores altamente calificados.
El riesgo de convertir la educación en una promesa automática
La relación entre educación y pobreza es sólida, pero no debe presentarse como una fórmula mecánica. Completar la secundaria aumenta las posibilidades de inserción laboral, aunque el resultado depende de la calidad de la enseñanza, la pertinencia de los contenidos y las condiciones familiares. Un joven de una zona rural puede contar con un diploma y, aun así, enfrentar transporte costoso, conexión deficiente a internet, responsabilidades de cuidado o ausencia de empresas cercanas. Si las políticas se concentran únicamente en las credenciales, podrían ocultar las barreras que impiden convertir la formación en un empleo estable.
También existe un riesgo de segmentación. Las familias con mayores recursos suelen tener más posibilidades de acceder a cursos de inglés, dispositivos, conectividad y educación complementaria. En cambio, los estudiantes de hogares pobres pueden recibir una formación más limitada precisamente en las competencias que el mercado premia. Sin medidas compensatorias, la promoción de habilidades digitales podría ampliar la brecha entre quienes pueden aprovechar la transformación tecnológica y quienes quedan confinados a ocupaciones de baja productividad.
La advertencia sobre el presupuesto educativo adquiere importancia en este contexto. El Programa Estado de la Educación sitúa la inversión pública alrededor de 5% del producto interno bruto, por debajo del 8% establecido constitucionalmente. Aumentar los recursos puede ser necesario, pero el gasto adicional no garantiza por sí solo mejores resultados. Se requiere capacidad para dirigirlo a infraestructura escolar, formación docente, atención a la primera infancia, conectividad y reducción de la deserción. Una expansión presupuestaria sin evaluación puede dispersar recursos; una reducción sostenida, por otro lado, podría deteriorar la calidad formativa y aumentar la presión futura sobre los programas de asistencia social.
Las regiones con mayores rezagos enfrentan obstáculos adicionales
La dimensión territorial es decisiva. Las regiones Huetar Caribe y Brunca presentan niveles de pobreza superiores a los de la región Central, lo que significa que una misma política puede producir resultados muy distintos según el lugar donde se aplique. En comunidades alejadas, la oferta de empleo formal suele ser más reducida y los costos de transporte pueden consumir una parte significativa del salario. La capacitación en línea tampoco resuelve el problema cuando existen limitaciones de conectividad, falta de equipos o escaso acompañamiento para completar los cursos.
Una estrategia nacional orientada exclusivamente a sectores tecnológicos y servicios especializados podría concentrar las oportunidades en el área metropolitana. La transición energética y la digitalización pueden generar nuevas actividades en regiones periféricas, pero para que eso ocurra se necesitan infraestructura, logística, formación técnica local y políticas de atracción empresarial. De lo contrario, los trabajadores mejor preparados podrían verse obligados a migrar hacia la región Central, debilitando aún más las economías de sus comunidades de origen.
Los programas de asistencia social cumplen una función relevante al proteger a los hogares durante períodos de desempleo o ingresos insuficientes. No obstante, su efecto sobre la movilidad social depende de que estén articulados con servicios de empleo, educación, salud y cuidado. Una transferencia puede evitar que una familia caiga en pobreza extrema, pero difícilmente cambia su posición económica si no se acompaña de oportunidades laborales sostenibles. La evaluación constante es indispensable para identificar qué programas generan capacidades y cuáles solo compensan temporalmente una estructura de oportunidades limitada.
La cifra del estudio exige prudencia en su interpretación
El porcentaje de reducción del riesgo debe leerse dentro de los límites del modelo utilizado. El estudio se basa en información de 2023 y estima probabilidades bajo determinadas características educativas y laborales. Esa metodología permite identificar asociaciones y escenarios plausibles, pero no demuestra que completar la secundaria, aprender inglés y adquirir habilidades digitales produzca automáticamente una reducción individual de la pobreza. También pueden influir la salud, la edad, el género, la composición del hogar, la experiencia laboral, la ubicación y la disponibilidad de redes de apoyo.
Existe además una diferencia entre conseguir un empleo de calidad y conservarlo. Las crisis económicas, la automatización, los cambios en la demanda internacional y las decisiones empresariales pueden afectar incluso a trabajadores calificados. Por esa razón, las políticas de formación deben incorporar aprendizaje permanente, certificación de competencias y mecanismos de transición para quienes pierdan su empleo. La preparación inicial es importante, pero no basta en un mercado donde las ocupaciones y las herramientas cambian con rapidez.
El dato de que el mercado laboral formal representa una parte central de la actividad económica no implica que toda empresa formal ofrezca condiciones adecuadas. Salarios insuficientes, jornadas extensas, subcontratación y dificultades para conciliar el trabajo con la vida familiar pueden limitar el efecto protector del empleo. La calidad debe medirse mediante ingresos, estabilidad, derechos laborales, cobertura de seguridad social, posibilidades de capacitación y condiciones de trabajo, no solo por la existencia de un contrato registrado.
Una agenda laboral que debe combinar productividad y protección
La evidencia apunta a la necesidad de coordinar las políticas educativas, productivas y sociales. Reducir la deserción escolar debe ir acompañado de apoyo a las familias, servicios de cuidado y rutas de reinserción para quienes abandonaron sus estudios. La enseñanza del inglés y la informática requiere docentes preparados, equipamiento y contenidos adaptados a distintos territorios. Al mismo tiempo, la formación técnica debe diseñarse con participación empresarial, pero sin subordinar completamente la educación pública a necesidades coyunturales de las compañías.
En el ámbito productivo, formalizar el empleo exige simplificar trámites, facilitar el acceso al crédito y mejorar la productividad de pequeñas empresas, junto con una fiscalización capaz de proteger los derechos laborales. Los incentivos a sectores estratégicos deberían incluir metas verificables de contratación local, capacitación y calidad de los puestos. Sin estas condiciones, el apoyo público podría traducirse en beneficios para la inversión sin una reducción equivalente de la pobreza.
Costa Rica dispone de una base institucional y educativa que puede convertir el empleo de calidad en una herramienta efectiva contra la pobreza. Pero el resultado dependerá de la capacidad para cerrar las brechas territoriales, sostener la inversión en educación y generar puestos formales suficientes para las personas que adquieran nuevas competencias. La cifra del Cinpe ofrece una oportunidad para orientar mejor las decisiones, aunque también advierte sobre los límites de las soluciones simples. La movilidad social será más probable cuando la formación, la protección social y una economía capaz de crear empleos dignos avancen de manera coordinada.
