El Gobierno de Estados Unidos afronta una combinación cada vez más difícil: un déficit fiscal que podría pasar del 5,8% del PIB actual al 9% en 2030 y una deuda pública de 39,83 billones de dólares, equivalente al 124,6% del PIB. El problema inmediato no es solo el volumen de deuda, sino el costo de renovarla. Las recientes subastas elevaron el rendimiento del bono a 10 años por encima de 4,69% y el del bono a 30 años hasta 5,22%, niveles no vistos en casi dos décadas.
Refinanciar será el desafío central
El Tesoro deberá refinanciar unos 10 billones de dólares durante 2026 y otros 5 billones en 2027. Con tasas más altas, cada vencimiento aumenta la carga presupuestaria y reduce el margen para financiar otras prioridades. Los inversionistas extranjeros aún poseen cerca de 9,37 billones de dólares en títulos del Tesoro, pero su participación relativa disminuye. Japón, Reino Unido y China siguen entre los principales tenedores, mientras la demanda institucional de largo plazo pierde fuerza.
La reducción de compras por parte de bancos centrales responde a factores financieros y geopolíticos: la sostenibilidad fiscal estadounidense, la saturación de oferta y el precedente de la congelación de activos rusos. El flujo se ha orientado parcialmente hacia el oro y los bonos suizos, percibidos como activos con menor riesgo de contraparte y mayor disciplina fiscal. Para cubrir la brecha, Washington depende más de letras de corto plazo y de fondos privados nacionales, una estructura que lo vuelve más sensible a la volatilidad diaria de las tasas. La cuestión pendiente alcanza al Congreso y a las calificadoras: sin un ajuste fiscal creíble, el riesgo podría trasladarse del mercado de deuda al costo estructural del Estado.
