La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente los recursos presentados por varios fondos de titulización contra OHLA, lo que libera a la constructora de abonar 283 millones de euros reclamados por desviaciones en los costes de la autopista M-12 hacia el Aeropuerto de Madrid Barajas. La sentencia, dictada el 30 de junio, confirma las resoluciones previas de la Audiencia Provincial de Madrid y cierra de forma definitiva un litigio que se prolongaba desde la quiebra de la concesión.
Los fondos demandantes, entre ellos TDA 2015-1, TDA 2017-2, Bothar y Kommunalkredit Austria, sostenían que OHLA debía responder por el incumplimiento de un contrato de apoyo firmado en 2003. Sin embargo, el Alto Tribunal considera que las garantías pactadas tenían una vigencia limitada a las fases de construcción y explotación, ya concluidas tras la liquidación del concurso y el rescate estatal.
Contexto de la adjudicación y el contrato
La concesión de la autopista de peaje M-12 se otorgó en 2002. Para canalizar la inversión se constituyó Aeropistas, que firmó un crédito con entidades bancarias. Los fondos actuales se subrogaron en esa posición tras la quiebra del proyecto. En su demanda inicial exigían 212 millones a Aeropistas más 71 millones en intereses de demora, alegando que OHLA estaba obligada a cubrir los sobrecostes.
El Supremo ratifica que la cláusula contractual carece de causa una vez finalizada la explotación, ya que su propósito era asegurar la continuidad del proyecto y no proporcionar financiación indefinida. Esta interpretación coincide con las sentencias de primera y segunda instancia.
Costas procesales y valoración de mercado
La resolución impone las costas de ambos recursos a las entidades recurrentes. Un análisis de Banco Sabadell considera la noticia positiva porque elimina un riesgo relevante sin posibilidad de apelación posterior. No obstante, el impacto en la cotización bursátil es nulo, ya que el precio objetivo de la acción no incorporaba ninguna salida de caja por este concepto.
La decisión refuerza la seguridad jurídica en contratos de apoyo vinculados a concesiones que han sido objeto de rescate público, al limitar la responsabilidad de los constructores una vez extinguida la causa que justificaba las garantías.
OHLA evita así una salida de tesorería que habría afectado su balance en un momento en que la compañía busca estabilizar su posición financiera tras varios ejercicios de reestructuración.
