CIUDAD DE MÉXICO.— El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no cerró el debate sobre la economía mexicana: lo trasladó al terreno de la interpretación política. Mientras el Ejecutivo presentó avances de su administración, legisladores de oposición sostuvieron que los resultados no justifican una celebración y que el país atraviesa una etapa de estancamiento, fragilidad fiscal e incertidumbre productiva. La discusión no se limita a si el gobierno tiene o no “algo que presumir”. En el fondo, enfrenta una pregunta más exigente: si la estrategia económica adoptada durante los primeros casi dos años de gestión puede generar crecimiento sostenido sin sacrificar inversión, empleo formal ni margen presupuestario.
El diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, articuló la crítica opositora alrededor de varios datos: un crecimiento de apenas 0.5% en 2025, una caída de 28.4% en la inversión pública y un pago de intereses equivalente a 1.81 pesos por cada peso destinado a inversión física durante el primer semestre. A ello añadió un panorama de manufactura débil, inversión extranjera insuficiente, mayor deuda nominal, empleo de baja calidad e incertidumbre asociada al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.
Estos indicadores, tomados en conjunto, dibujan un problema distinto al de una desaceleración temporal. Sugieren una posible tensión entre la necesidad inmediata de ordenar las finanzas públicas y la obligación de sostener las condiciones que permiten invertir y producir. La oposición atribuye esa tensión a una política económica fallida; el gobierno, previsiblemente, la interpreta dentro de un contexto de restricciones heredadas, transformación productiva y prioridades sociales. El valor del debate dependerá menos de la retórica de los informes que de la evolución comprobable de la inversión, el empleo y la productividad en los próximos trimestres.
El dato que domina la controversia: crecer poco mientras aumenta el costo de financiar al Estado
El crecimiento de 0.5% registrado en 2025 es el principal ancla de la crítica. Una economía del tamaño y la complejidad de México necesita expandirse a un ritmo suficiente para absorber a los nuevos trabajadores, elevar los ingresos y financiar servicios públicos sin depender permanentemente de mayor endeudamiento. Cuando el producto interno bruto crece de forma marginal, cualquier aumento demográfico o sectorial puede diluir el resultado agregado. El problema se vuelve más severo si la expansión no proviene de actividades de alta productividad y mejores salarios, sino de sectores informales o de bajo valor añadido.
La cifra por sí sola no demuestra un fracaso absoluto de la política económica. El crecimiento depende también de la demanda externa, de las tasas de interés internacionales, del desempeño de Estados Unidos, de la confianza empresarial y de factores climáticos o geopolíticos. Sin embargo, sí revela un margen de maniobra reducido. Con una expansión de apenas medio punto porcentual, el gobierno dispone de menos ingresos adicionales para atender programas sociales, infraestructura, seguridad, salud y educación. El presupuesto queda más expuesto a reasignaciones y recortes, justamente cuando se requiere invertir para destrabar la actividad.
El segundo indicador, la disminución de 28.4% en la inversión pública, resulta más significativo por su composición que por su magnitud aislada. La inversión estatal puede tener efectos multiplicadores cuando se dirige a transporte, energía, agua, conectividad digital y mantenimiento de infraestructura. Una reducción puede ser razonable si corrige proyectos ineficientes o compromisos extraordinarios, pero se convierte en un riesgo si afecta obras que disminuyen los costos logísticos y energéticos de las empresas. En ese caso, el ajuste contable de hoy puede traducirse en menor competitividad durante varios años.
La relación entre intereses e inversión física introduce una señal todavía más delicada. Si durante el primer semestre se pagaron 1.81 pesos en intereses por cada peso destinado a inversión física, el gasto financiero está ocupando un espacio presupuestario que podría utilizarse para ampliar la capacidad productiva. No significa que cada peso de intereses sea evitable ni que la deuda sea necesariamente improductiva. La cuestión es si el endeudamiento previo está financiando activos que generan crecimiento o si, por el contrario, obliga a recortar precisamente los rubros capaces de generar ingresos futuros.
La primera conclusión: el ajuste fiscal sin inversión privada puede convertirse en una trampa
La crítica de Téllez contiene una hipótesis que merece ser examinada con independencia de su origen partidista: reducir la inversión pública no garantiza por sí mismo la estabilidad fiscal ni genera automáticamente un nuevo ciclo de capital privado. La lógica es directa. Si el Estado disminuye su gasto de capital, la economía necesita que las empresas compensen esa retirada con nuevos proyectos. Para que eso ocurra, deben existir demanda previsible, energía suficiente, seguridad jurídica, infraestructura y reglas estables. Si esas condiciones no aparecen, el recorte público no es sustituido; simplemente se reduce la inversión total.
Esta es la primera consideración central: el ajuste puede estar comprimiendo la oferta futura sin resolver completamente el desequilibrio fiscal. Menos carreteras, redes eléctricas o sistemas de agua no producen un daño inmediato equivalente en las estadísticas mensuales, pero elevan los costos para las empresas y limitan la llegada de nuevas plantas. En sectores manufactureros, una interrupción eléctrica, una conexión logística deficiente o la falta de agua puede alterar la decisión de instalar una fábrica más que un incentivo tributario. El ahorro presupuestario, por tanto, debe compararse con el costo de oportunidad de perder proyectos privados.
El sector industrial es especialmente sensible a esa combinación. México ha buscado beneficiarse de la reubicación de cadenas productivas hacia América del Norte, pero el llamado nearshoring no es un proceso automático. Las compañías comparan proveedores, energía, transporte, seguridad, disponibilidad de suelo industrial y certidumbre regulatoria. Si la inversión pública cae y la manufactura se debilita, el país puede conservar su posición exportadora sin capturar la siguiente etapa de mayor contenido tecnológico. Se produciría una paradoja: más integración comercial, pero menor capacidad nacional para generar valor, innovación y empleos calificados.
El segundo punto de fondo: atraer capital no depende sólo de ofrecer acceso al mercado estadounidense
La incertidumbre relacionada con el T-MEC añade una capa externa a un problema interno. México posee una ventaja estructural: su proximidad a Estados Unidos y su integración industrial con ese mercado. Pero esa ventaja no basta para retener inversiones cuando las empresas enfrentan dudas sobre reglas de origen, aranceles, controversias regulatorias o la revisión del acuerdo comercial. La incertidumbre puede retrasar decisiones sin producir una salida visible de capital. Una planta que no se construye, una ampliación que se pospone o una línea de producción que se asigna a otro país rara vez aparece de inmediato como una crisis, aunque tenga efectos acumulativos.
La oposición sostiene que ha llegado poco capital nuevo en inversión extranjera. Para evaluar esa afirmación, no basta contabilizar los flujos totales: es necesario distinguir entre nuevas inversiones, reinversión de utilidades y operaciones corporativas. Una cifra elevada puede ocultar que las empresas ya instaladas están manteniendo operaciones, pero que los nuevos participantes no están llegando. La diferencia es estratégica. La reinversión conserva capacidad existente; la nueva inversión amplía proveedores, tecnología, empleo y recaudación.
La segunda consideración original es que México corre el riesgo de confundir resiliencia con dinamismo. Mantener exportaciones, remesas y ciertos sectores industriales activos puede evitar una caída severa, pero no equivale a crear un ciclo vigoroso de productividad. La economía puede parecer estable en la superficie y, al mismo tiempo, perder oportunidades de modernización. El desafío del gobierno no es sólo impedir una crisis, sino demostrar que sus políticas convierten la estabilidad en expansión incluyente.
Empresas, trabajadores y estados: una misma desaceleración con efectos desiguales
Para las grandes empresas exportadoras, el principal problema es la previsibilidad. Pueden absorber mejor tasas elevadas, contratar asesoría jurídica y negociar condiciones de infraestructura. Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, suelen enfrentar el crédito caro, menor demanda y mayores costos de transporte o energía sin capacidad para trasladarlos completamente a los precios. Una economía estancada no afecta a todos por igual: las compañías con liquidez consolidan posiciones, mientras las más vulnerables reducen personal, aplazan compras o regresan a esquemas informales.
El mercado laboral refleja esa divergencia. La creación de empleo formal requiere inversión sostenida y crecimiento de sectores con productividad creciente. Cuando la expansión se concentra en actividades informales o de baja remuneración, el número de personas ocupadas puede no reflejar una mejora real en bienestar. El trabajador mantiene una fuente de ingreso, pero carece de seguridad social, estabilidad contractual y posibilidades claras de capacitación. En esas condiciones, el crecimiento del PIB deja de ser una medida suficiente: importan la calidad del empleo, el salario real y la movilidad hacia puestos más productivos.
Los gobiernos estatales también tienen intereses contradictorios. Necesitan infraestructura federal para atraer empresas, pero suelen competir por recursos en un entorno presupuestario más estrecho. Las entidades con mejor conectividad y disponibilidad energética pueden captar inversiones, mientras que las regiones rezagadas quedan atrapadas en un círculo de baja recaudación, poca infraestructura y menor capacidad industrial. El resultado podría ampliar las brechas territoriales, incluso si el país conserva un crecimiento moderado en términos nacionales.
Desde la perspectiva del gobierno federal, la reducción de inversión puede defenderse como una respuesta a un desequilibrio fiscal heredado y a la obligación de preservar programas prioritarios. También puede argumentarse que el gasto público debe evaluarse por su impacto social, no sólo por su capacidad de elevar el PIB. Esa posición tiene legitimidad, especialmente cuando la austeridad pretende proteger a hogares de menores ingresos. La controversia surge cuando no se transparenta qué proyectos se recortan, cuáles continúan y con qué criterios se determina que un programa produce mayor retorno social que una obra de infraestructura.
La disputa política puede anticipar una discusión presupuestaria más dura
El choque entre el gobierno y la oposición no se limita a un intercambio de cifras. Anticipa una negociación sobre prioridades: cuánto endeudamiento es aceptable, qué nivel de inversión pública debe preservarse y qué sectores recibirán apoyo para atraer capital. La oposición buscará convertir el bajo crecimiento en evidencia de una mala administración; el oficialismo intentará presentar la disciplina fiscal y la continuidad de sus programas como señales de responsabilidad. En ambos casos, el riesgo es que la estadística se use como arma partidista sin explicar sus causas ni sus límites.
Una evaluación rigurosa debería seguir al menos cinco variables durante los siguientes periodos: crecimiento trimestral, inversión pública ejecutada y no sólo presupuestada, formación bruta de capital privado, composición de la inversión extranjera y proporción de empleo formal. También será decisiva la evolución del costo financiero. Si los intereses continúan aumentando mientras la inversión física se mantiene deprimida, la presión sobre el presupuesto se hará más visible y reducirá la capacidad de respuesta ante una desaceleración externa.
La tercera consideración es que la credibilidad económica se deteriora menos por un dato negativo que por la ausencia de una ruta verificable para corregirlo. Un gobierno puede atravesar un año de bajo crecimiento y conservar la confianza si comunica metas, calendarios, fuentes de financiamiento y mecanismos de evaluación. La incertidumbre se vuelve más costosa cuando las empresas no saben si la caída de la inversión pública es temporal, si habrá cambios regulatorios o si el Estado podrá cumplir compromisos de infraestructura. En ese terreno, la transparencia deja de ser un elemento político y se convierte en un insumo productivo.
De aquí a la revisión del T-MEC: tres escenarios posibles
El escenario favorable supone que el gobierno logra estabilizar las finanzas sin prolongar el recorte de capital, acelera proyectos de energía y agua, y ofrece reglas suficientemente claras para que la inversión privada complemente el gasto público. En ese caso, la debilidad de 2025 podría ser una pausa antes de una recuperación gradual, impulsada por manufactura avanzada y cadenas regionales de suministro. Pero ese desenlace exige coordinación entre la Federación, los estados y el sector privado, además de una gestión más precisa de los proyectos.
Un escenario intermedio implicaría crecimiento bajo, pero sin crisis abierta. Las exportaciones y las remesas sostendrían el consumo, mientras la inversión avanzaría de manera selectiva. El país mantendría su atractivo para empresas ya establecidas, aunque captaría menos proyectos nuevos. La informalidad seguiría absorbiendo parte de la fuerza laboral y las diferencias regionales aumentarían. Este escenario es políticamente manejable, pero económicamente peligroso porque normaliza una expansión insuficiente.
El escenario adverso combinaría una revisión conflictiva del T-MEC, mayores costos financieros y nuevos recortes de inversión. Las empresas podrían posponer decisiones, la manufactura perdería impulso y el empleo formal se debilitaría. Una depreciación cambiaria o una presión sobre los ingresos públicos complicaría todavía más el ajuste. No es un desenlace inevitable, pero la combinación de variables señalada por la oposición muestra por qué no puede descartarse sin políticas preventivas.
El Segundo Informe deja así una controversia abierta y verificable. El Ejecutivo deberá demostrar que la disciplina presupuestaria no está desplazando la inversión que México necesita para crecer, mientras la oposición tendrá que presentar alternativas financiables y no sólo diagnósticos severos. Para las familias, la discusión se traducirá en empleo, salarios, servicios y precios; para las empresas, en infraestructura, crédito y certidumbre; para los estados, en la posibilidad de atraer proyectos que no se queden en anuncios. La pregunta decisiva no será quién ganó el intercambio parlamentario, sino si el país consigue transformar una economía que apenas evita el retroceso en otra capaz de generar productividad y oportunidades duraderas.
