La petición formulada en Jalisco para revisar las importaciones de pollo procedentes de Brasil expone una contradicción central de la política alimentaria mexicana: abrir el mercado para contener los precios puede aliviar, en teoría, la presión sobre el consumidor, pero también puede debilitar la capacidad productiva que garantiza el abasto en el largo plazo. Representantes de la industria avícola y autoridades estatales sostienen que el crecimiento de las compras externas ya está afectando la rentabilidad, el empleo y la competitividad de los productores nacionales.
El dato que concentra la controversia es el aumento de las importaciones. De acuerdo con las cifras presentadas por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, México pasó de importar aproximadamente 73 mil toneladas de pollo en 2019 a más de 235 mil toneladas en 2025. La diferencia equivale a unas 162 mil toneladas adicionales y representa más de tres veces el volumen de hace seis años. La magnitud del cambio no prueba por sí misma una práctica desleal, pero sí justifica examinar qué productos están entrando, bajo qué condiciones, con qué efectos regionales y si el beneficio esperado está llegando realmente a los hogares.
Un crecimiento que reabrió el debate sobre la apertura
El reclamo de Jalisco no plantea cerrar la frontera. Lorenzo Martín, presidente del Consejo de la Unión Nacional de Avicultores, precisó que los productores solicitan condiciones equitativas para competir. Esta distinción es importante porque desplaza el debate de una defensa corporativa del mercado interno hacia una discusión sobre reglas, cupos, trazabilidad, inspección sanitaria y reciprocidad comercial.
Mauro Garza, coordinador de Desarrollo Económico de Jalisco, cuestionó que México haya abierto sus puertas a un país con el que no mantiene un tratado de libre comercio y que, según su señalamiento, protege ampliamente su propio mercado. Su argumento parte de una asimetría: México permitiría un acceso creciente al producto brasileño sin recibir una apertura comparable para sus exportaciones. Sin embargo, la ausencia de un tratado no implica automáticamente que todas las importaciones sean irregulares o perjudiciales. Puede haber decisiones arancelarias, cupos temporales o mecanismos de abasto adoptados por el Gobierno Federal para responder a la inflación y a la disponibilidad interna.
La pregunta decisiva es si esas medidas excepcionales se convirtieron en una política permanente sin una evaluación suficiente. Cuando un mecanismo diseñado para aumentar la oferta permanece abierto mientras los precios al consumidor no disminuyen de forma clara, el argumento de emergencia pierde fuerza. La autoridad tendría que publicar una evaluación que vincule el volumen importado con los precios mayoristas y minoristas, la producción nacional, los costos de alimentación animal y el comportamiento de la demanda.
La primera alerta: más oferta no significa menor precio
La industria avícola sostiene que la apertura no ha cumplido la promesa de beneficiar al consumidor. Como ejemplo, los representantes del sector señalaron que la pechuga puede comprarse a los productores en alrededor de 50 pesos y llegar hasta 180 pesos en el punto de venta. La diferencia, cercana a 130 pesos, no puede atribuirse automáticamente a las importaciones: entre la granja y el consumidor intervienen sacrificio, procesamiento, transporte, refrigeración, mermas, comercialización, impuestos y márgenes de intermediación. Aun así, la brecha revela que el precio final no depende únicamente del costo de la materia prima.
Este punto conduce a un primer hallazgo: si el producto importado reduce el precio de origen pero no modifica sustancialmente el precio de mostrador, el beneficio de la apertura puede estar quedándose en segmentos intermedios de la cadena. En ese escenario, el productor nacional absorbe la presión competitiva, mientras el consumidor recibe un alivio pequeño o inexistente. La política pública estaría socializando el costo de la apertura entre granjas y trabajadores sin garantizar una transferencia equivalente a las familias.
Para comprobarlo se requiere distinguir entre pollo entero, cortes frescos, congelados, despojos y productos procesados. Comparar una tonelada importada de piezas congeladas con el precio de una pechuga fresca nacional puede producir conclusiones engañosas. También es necesario revisar si los precios observados corresponden a la misma semana, región y calidad. La denuncia del sector es relevante, pero necesita una auditoría de la cadena comercial que permita identificar dónde se acumula el margen y qué parte corresponde a costos reales.
El costo regional no aparece en las estadísticas nacionales
Las estimaciones de los productores indican que desde 2022 se han dejado de generar alrededor de 42 mil empleos y que en los últimos 12 meses se perdieron más de 27 mil millones de pesos. Son cifras sectoriales que deben ser verificadas mediante registros laborales, cierres de unidades productivas, reducción de turnos y datos fiscales. No obstante, incluso con esa cautela, señalan un posible impacto que rebasa a las empresas avícolas.
La avicultura tiene una cadena extensa: demanda maíz, soya, medicamentos veterinarios, servicios logísticos, sacrificio, empaques, refrigeración y distribución. Una reducción persistente del precio pagado al productor puede provocar que las granjas pequeñas y medianas disminuyan inventarios, pospongan inversiones o abandonen la actividad. El efecto multiplicador se sentiría en municipios donde la producción agropecuaria concentra buena parte del empleo formal y de la circulación de ingresos.
El segundo hallazgo es que el daño potencial no se mide solamente por toneladas importadas, sino por la estructura empresarial que puede desaparecer. Las compañías grandes suelen resistir mejor una etapa de precios bajos porque tienen acceso a financiamiento, contratos y economías de escala. Las explotaciones medianas, en cambio, enfrentan costos unitarios más altos y menor capacidad para negociar con supermercados o distribuidores. Si la competencia externa acelera esa concentración, México podría conservar una oferta abundante en el corto plazo, pero depender de un número reducido de empresas y de proveedores externos en el futuro.
La pérdida de capacidad instalada también tiene una dimensión territorial. Una granja que cierra no se reactiva con la misma rapidez con la que se descarga un contenedor importado. Reponer naves, aves reproductoras, sistemas de bioseguridad, personal especializado y crédito puede tomar años. Por eso, una política que reduce precios mediante importaciones debe considerar el valor estratégico de mantener una base productiva nacional, especialmente en un alimento de consumo cotidiano.
Brasil gana escala; México enfrenta costos distintos
Brasil es uno de los principales actores mundiales de la producción avícola y cuenta con una industria integrada, grandes volúmenes, experiencia exportadora y condiciones climáticas que pueden favorecer ciertos costos. También dispone de cadenas de alimentación animal y procesamiento desarrolladas a una escala difícil de replicar de inmediato en algunas regiones mexicanas. La entrada de su producto puede aportar abastecimiento, variedad y presión competitiva, especialmente cuando la producción local enfrenta aumentos en granos, energía, transporte o financiamiento.
Desde la perspectiva de importadores y distribuidores, limitar las compras externas podría elevar los costos y reducir las opciones de suministro. En un mercado con demanda constante, una interrupción sanitaria, climática o logística puede traducirse rápidamente en escasez. El Gobierno Federal tendría que responder a esa preocupación: proteger a los productores no debe significar ignorar el derecho de los consumidores a encontrar pollo a precios razonables.
Pero la comparación de costos debe ser completa. Si el producto brasileño ingresa sin exigencias equivalentes de trazabilidad, etiquetado, certificación o condiciones sanitarias, la competencia no ocurre bajo la misma línea de partida. La discusión no debe convertirse en una acusación genérica contra Brasil, sino en una revisión técnica de si las reglas aplicadas a la producción nacional y a la extranjera son comparables. El control sanitario es también un asunto de confianza pública: una falla en la identificación del origen o en la cadena de frío puede afectar a consumidores y empresas por igual.
La inflación como argumento tiene límites
La explicación oficial implícita en la apertura parece relacionarse con la necesidad de atender la inflación. Aumentar la oferta importada puede funcionar como una respuesta rápida cuando la producción nacional no cubre la demanda o cuando los costos internos se disparan. El problema surge cuando el instrumento se utiliza sin fecha de revisión, sin metas verificables y sin una estrategia para fortalecer la producción local.
La inflación de los alimentos no se origina en un solo punto. Puede reflejar el precio internacional de los granos, el tipo de cambio, los combustibles, la electricidad, los salarios, la refrigeración y la estructura de comercialización. Por ello, importar pollo no garantiza una reducción proporcional del precio final. Si el cuello de botella está en la distribución o en la concentración del comercio minorista, una mayor oferta en frontera tendrá un efecto limitado.
Una medida más precisa sería combinar la administración de cupos con información pública sobre márgenes, contratos y precios de referencia. El Gobierno podría revisar periódicamente si el volumen importado cumple un objetivo concreto de abasto y suspender o ajustar el mecanismo cuando se normalice la oferta. También podría focalizar apoyos temporales en productores con problemas de liquidez, mejorar el acceso a financiamiento y reducir costos logísticos. La defensa del sector nacional no debe descansar únicamente en barreras comerciales; necesita productividad, sanidad, innovación y capacidad de negociación.
El próximo conflicto será decidir qué significa competir
La disputa apenas comienza porque las partes utilizan indicadores distintos. Los productores observan el precio que reciben, el empleo que se pierde y la inversión que deja de realizarse. Los importadores destacan el volumen disponible y la posibilidad de evitar aumentos abruptos. Los consumidores evalúan el precio que pagan en el mercado, no el costo de origen. La autoridad federal deberá construir una métrica que conecte las tres perspectivas.
Si las importaciones continúan aumentando sin cambios en el precio final, crecerá la presión para establecer cupos, aranceles o investigaciones por posibles prácticas desleales. Cualquiera de esas medidas podría provocar una respuesta comercial de Brasil o encarecer el suministro. Si, por el contrario, se reduce de forma abrupta la entrada de pollo brasileño sin aumentar la producción nacional, el mercado podría enfrentar un ajuste de precios y una menor disponibilidad en algunas regiones.
El escenario más probable es una revisión gradual, con controles de origen, monitoreo de precios y conversaciones entre productores, importadores y autoridades. La efectividad dependerá de la transparencia. Publicar los volúmenes autorizados, las empresas beneficiarias, las categorías de producto y los precios comparables permitiría evaluar si la política atiende una necesidad de abasto o si simplemente desplaza ingresos dentro de la cadena.
Riesgos que no deben esperar a la próxima crisis
El primer riesgo es la dependencia externa. Una industria nacional debilitada queda más expuesta a cierres de fronteras, brotes sanitarios, interrupciones portuarias o variaciones cambiarias. El segundo es la concentración: si las granjas pequeñas abandonan y el mercado queda en manos de pocos productores e importadores, la competencia puede reducirse precisamente después de una etapa de aparente abundancia. El tercero es la opacidad de los precios, porque sin datos comparables resulta imposible saber si la apertura beneficia al consumidor o solo redistribuye el margen.
Existe además un riesgo político. Si el Gobierno Federal mantiene la estrategia sin atender las pérdidas denunciadas, el conflicto puede escalar desde Jalisco hacia otras entidades productoras. Si adopta medidas proteccionistas sin evidencia suficiente, puede perder credibilidad ante consumidores e importadores y generar costos innecesarios. La decisión más sólida será aquella que combine competencia externa con una base productiva nacional capaz de responder cuando cambien las condiciones internacionales.
La cifra de 235 mil toneladas importadas en 2025 funciona como una señal de alarma, no como una conclusión definitiva. El desafío consiste en determinar cuánto de ese volumen era necesario, quién capturó el beneficio económico y qué costo productivo está acumulando México. Mientras la pechuga pueda multiplicar varias veces su precio entre la granja y el consumidor, la discusión no puede limitarse a permitir o prohibir el pollo brasileño. El verdadero examen será demostrar, con datos verificables, que la política comercial protege el abasto, la competencia y el ingreso de las familias al mismo tiempo.
