El inicio del ciclo escolar 2026-2027 quedó interrumpido en Morelos por un paro de trabajadores de Educación Media Superior que afecta a más de 20 mil estudiantes. La suspensión, iniciada a las 6:00 horas del lunes y planteada inicialmente por 48 horas, involucra a los 25 planteles del subsistema y a 2 mil 250 docentes, técnicos docentes y trabajadores de apoyo.
La protesta no se originó únicamente por una disputa local. Los trabajadores reclaman prestaciones acumuladas durante años y señalan que el Gobierno federal mantiene un adeudo cercano a los 2 mil millones de pesos con empleados de Educación Media Superior en distintas entidades. En Morelos, la suma pendiente ronda los 60 millones de pesos.
Una deuda que dejó de ser administrativa
Los pagos reclamados corresponden principalmente a gratificaciones por jubilación, estímulos por antigüedad y años de servicio, así como compensaciones para quienes ejercen funciones directivas. Según la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), algunos de estos compromisos llevan hasta tres años sin cumplirse.
El problema adquirió una dimensión pública cuando los trabajadores plantearon su demanda directamente al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante una visita a Ocuituco, Morelos, el pasado 8 de julio. Joel Sánchez Vélez, secretario general de la Sección 19, explicó que expuso el caso al funcionario, quien reconoció la existencia del adeudo y ofreció revisarlo. Sin embargo, hasta ahora no existe una respuesta concreta ni un calendario de pagos.
La falta de una fecha oficial es uno de los elementos que transformaron el reclamo en una medida de presión. El sindicato había advertido antes del receso escolar que los trabajadores no regresarían a las aulas si no se cubrían las prestaciones. La semana pasada, los dirigentes de los 25 planteles acordaron hacer efectiva la suspensión.
El dinero aparece en las reuniones, pero no en los documentos
De acuerdo con Sánchez Vélez, en los encuentros con autoridades se ha atribuido el conflicto a la Secretaría de Finanzas, vinculada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, los trabajadores aseguran que no se les ha entregado un documento que precise el origen del retraso, el monto exacto por concepto o la ruta que deberían seguir los recursos.
Esa ausencia de información dificulta establecer responsabilidades. Para los empleados, no se trata sólo de saber cuándo recibirán su dinero, sino de conocer qué dependencia administra cada prestación y por qué los recursos no llegaron a los beneficiarios. Cuando una obligación laboral se prolonga durante tres años sin explicación verificable, la incertidumbre termina convirtiéndose en parte central del conflicto.
La Sección 19 ha llevado el reclamo ante funcionarios de los subsistemas federales, entre ellos Rolando de Jesús López Saldaña, encargado de coordinar la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), y Mario Hernández, funcionario de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA).
El monto nacional amplía el alcance de la protesta
Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE y senador de Morena, ha reconocido públicamente que persisten adeudos con trabajadores de Educación Media Superior. En declaraciones, la más reciente en mayo, estimó que el monto acumulado por diversas prestaciones se aproxima a los 2 mil millones de pesos.
Para este reportaje, Proceso buscó a Cepeda por vía telefónica. El senador pidió una hora para reunir la información y ofreció proporcionar los montos correspondientes a cada entidad, pero al cierre de la información no respondió ni entregó los datos comprometidos. La falta de desglose impide saber cuánto corresponde a Morelos frente al total nacional y si existen patrones similares en otros estados.
La escala del adeudo resulta relevante porque muestra que el paro no puede resolverse únicamente mediante una negociación entre autoridades estatales y trabajadores locales. Aunque la afectación se manifiesta en Morelos, los conceptos reclamados dependen de estructuras presupuestales y administrativas federales. La solución, por tanto, requiere algo más que una promesa política: necesita una conciliación contable y una calendarización pública.
Una acusación que aún no ha sido comprobada
Durante el paro, un dirigente que pidió reservar su identidad afirmó que entre los trabajadores existe la percepción de un posible desvío millonario. Según su señalamiento, la irregularidad habría comenzado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y pudo haber continuado o sido ocultada durante el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Hasta el momento, esa acusación no está respaldada en la información disponible por una auditoría, una denuncia formal o un documento que demuestre el destino ilícito de los recursos. Por ello, debe distinguirse entre la sospecha generada por la opacidad y la comprobación de una responsabilidad. Lo que sí está acreditado es la existencia de prestaciones pendientes, el reconocimiento público de un adeudo nacional y la ausencia de una respuesta precisa para los trabajadores de Morelos.
Más allá de los pagos pendientes
La protesta incluye otras demandas: basificación de personal, asignación de horas adicionales, procesos de compactación, regularización de técnicos docentes como profesores de carrera, restitución del estímulo docente y aplicación de la convocatoria de corrimientos naturales en la DGETI.
También se reclaman compensaciones para trabajadores que obtuvieron promociones a puestos como jefaturas de Recursos Humanos, Recursos Financieros o departamentos administrativos. Sánchez Vélez explicó que esas personas conservaron su salario base, pero dejaron de recibir el pago adicional asociado con las nuevas funciones.
El conflicto revela así una doble presión sobre el sistema. Por un lado, la falta de prestaciones afecta directamente los ingresos y las expectativas de retiro de los trabajadores. Por otro, la acumulación de asuntos laborales pendientes erosiona la capacidad de las instituciones para planear el ciclo escolar y retener personal especializado. Cada día de paro añade una afectación inmediata a los estudiantes, pero la falta de solución también prolonga un problema estructural: la distancia entre los compromisos presupuestales anunciados y su cumplimiento efectivo en los planteles.
