La decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de cuestionar ante el Tribunal Constitucional leyes con alto impacto presupuestal marca un cambio relevante en la conducción de las finanzas públicas. No se trata solo de una controversia jurídica ni de una señal administrativa del nuevo gobierno: es un intento por restablecer un límite básico para el Estado peruano, según el cual todo gasto permanente debe contar con una fuente de financiamiento real y una evaluación de sus efectos futuros.
El punto de partida es concreto. El Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto público para 2027 en un contexto de cinco años de deterioro fiscal. Esa situación obliga a revisar no solo cuánto se gasta, sino quién decide ese gasto, bajo qué reglas y con qué recursos se pagará. En ese marco, el MEF anunció demandas de inconstitucionalidad contra normas que, de mantenerse vigentes, elevarían de forma significativa las obligaciones del Tesoro en los próximos años.
Una cuenta que supera la discusión legal
Las iniciativas observadas incluyen beneficios para trabajadores bajo el régimen CAS, cambios en los incentivos del CAFAE para funcionarios públicos de las regiones y modificaciones de pensiones para docentes jubilados y para personal militar y policial. El Consejo Fiscal estima que las dos primeras leyes sumarían S/ 3.000 millones y S/ 2.600 millones anuales, respectivamente. En el caso de las pensiones de maestros jubilados, el impacto estimado alcanza S/ 8.000 millones cada año.
Solo tres de esas normas implicarían alrededor de S/ 13.000 millones adicionales de gasto anual. La cifra permite dimensionar el problema mejor que cualquier debate abstracto. Financiarla mediante mayores ingresos exigiría, según las estimaciones citadas, elevar la tasa del IGV de 18% a 21% o duplicar la recaudación proveniente de los contribuyentes del régimen MYPE Tributario. Ambas alternativas tendrían costos económicos y políticos considerables, especialmente en un país donde la informalidad limita la base tributaria.
La otra posibilidad sería compensar ese gasto con recortes. Pero el tamaño de la obligación equivaldría a eliminar todo el presupuesto de salud, una medida inviable por sus consecuencias sociales y operativas. También podría recurrirse a los ahorros fiscales, aunque ello implicaría agotar los recursos acumulados por el Tesoro en aproximadamente siete años. El problema, por tanto, no es únicamente que las leyes creen beneficios costosos; es que trasladan una obligación recurrente al futuro sin identificar de manera creíble quién asumirá la factura.
El origen institucional del desorden
La Constitución establece en su artículo 79 que los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público, salvo en lo referido al presupuesto del propio Parlamento. La regla responde a una división elemental de responsabilidades: el Legislativo puede debatir prioridades, fiscalizar y aprobar el presupuesto, pero el Ejecutivo concentra la información sobre ingresos, deuda, caja y compromisos plurianuales que permite determinar si una promesa es financiable.
Ese equilibrio se debilitó luego de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2022 que abrió una interpretación más amplia sobre la capacidad del Congreso para aprobar medidas con consecuencias fiscales. El Congreso anterior aprobó más de 250 leyes con impacto presupuestal. No todas generan el mismo costo ni todas llegan necesariamente a ejecutarse de inmediato, pero el conjunto produce un pasivo político y financiero: expectativas de pago que pueden convertirse en obligaciones exigibles, judicializables o difíciles de revertir.
La experiencia reciente muestra por qué ese mecanismo es riesgoso. Crear un beneficio suele rendir resultados políticos inmediatos, mientras que aumentar impuestos, reducir programas o contener la deuda son decisiones impopulares cuyos efectos recaen en otro momento y, con frecuencia, en otra administración. Cuando quien aprueba el gasto no enfrenta directamente esa restricción, el sistema incentiva decisiones fragmentadas. El resultado puede ser una suma de medidas individualmente defendibles, pero colectivamente imposible de sostener.
Un contrapeso que llega después de años de inestabilidad
La nueva posición del MEF tiene además una dimensión institucional. Entre julio de 2021 y julio de 2026, diez personas estuvieron a cargo del manejo del Tesoro Público. Esa rotación redujo la continuidad técnica en una función que exige consistencia: defender las reglas fiscales, anticipar presiones sobre el presupuesto y sostener posiciones impopulares cuando los recursos no alcanzan. La presentación de demandas busca recuperar esa capacidad de advertencia y contención.
El Tribunal Constitucional ha dado una segunda señal al corregir su criterio y establecer con mayor claridad que el Congreso no puede aprobar gasto sin participación del Ejecutivo. Sin embargo, una regla judicial no elimina por sí sola la presión política por ampliar beneficios. Una encuesta del Instituto Peruano de Economía indica que siete de cada diez economistas consideran poco o nada probable que el nuevo Congreso deje de presentar iniciativas con impacto presupuestal. La prevención, por ello, dependerá tanto de los fallos como de la disposición del MEF a intervenir tempranamente.
La credibilidad fiscal se juega en las decisiones cotidianas
El desafío de los próximos cinco años será más amplio que bloquear leyes específicas. Recuperar el orden fiscal requiere que el Ejecutivo priorice recursos hacia urgencias como la inseguridad y la contención de los efectos del Fenómeno El Niño Costero, sin convertir cada necesidad legítima en un compromiso permanente sin respaldo. También exige cumplir las reglas fiscales y comunicar con claridad los costos de cada decisión pública.
La principal prueba será transformar esta reacción inicial en una práctica sostenida. Un Ministerio de Economía creíble no es el que rechaza todo gasto, sino el que obliga a elegir entre prioridades, identifica fuentes de financiamiento y protege la capacidad del Estado para responder a crisis futuras. Al recordar su misión de custodiar las finanzas estatales, el MEF ha abierto una oportunidad para ordenar la discusión. Mantenerla dependerá de que el control fiscal deje de ser una respuesta excepcional y vuelva a ser una condición previa para legislar.
