Entrega protocolaria, debate político
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó ayer en la Cámara de Diputados el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El acto, realizado por escrito y sin mensaje de la funcionaria, duró 13 minutos. Tras recibir el documento, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué, declaró cumplida la obligación constitucional y dio paso a los posicionamientos de las bancadas.
La brevedad del trámite contrastó con la intensidad del debate posterior. La oposición utilizó la tribuna para cuestionar la interpretación oficial de los resultados y exigir respuestas sobre violencia, desapariciones, seguridad y presunta corrupción. Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, afirmó que los datos gubernamentales no ocultan las crisis que enfrentan millones de mexicanos y reprochó al Ejecutivo priorizar la protección del movimiento político sobre la rendición de cuentas.
El dirigente priista Alejandro Moreno describió un país dividido, endeudado, estancado y sumido en la violencia, mientras el panista Ricardo Anaya centró sus críticas en las cifras de homicidios y propuso una comisión especial para investigar el llamado huachicol fiscal. Ambos sostuvieron que el Gobierno presenta una narrativa que no coincide con sus propios indicadores oficiales.
Defensa del oficialismo
Las fuerzas aliadas defendieron una lectura opuesta. Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, destacó la estabilidad macroeconómica, la reducción de la pobreza y el reconocimiento internacional de México. El Partido Verde reivindicó los programas sociales, que benefician a más de 42 millones de personas mediante una inversión superior al billón de pesos, y respaldó la estrategia presidencial.
Al cierre, la morenista Martha Lucía Mícher rechazó las acusaciones opositoras y sostuvo que la crítica es legítima, pero no la mentira. La sesión confirmó que la entrega del informe cumplió formalmente con el Congreso, aunque la rendición de cuentas quedó desplazada por una disputa central: quién tiene autoridad para definir la realidad del país, el Gobierno mediante sus resultados y cifras, o la oposición mediante sus denuncias y lecturas alternativas.
