La nueva flexibilización para otorgar créditos en dólares no es un gesto aislado: forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para empujar el mercado interno en un momento en que la actividad todavía no derrama con fuerza sobre el consumo. La lectura oficial es clara: si el crecimiento del PBI se aproxima al 2,5% previsto para este año, ese avance no está llegando con la misma intensidad a los hogares ni a los sectores que quedaron rezagados en la transición económica. El problema, sin embargo, es que el conjunto de motores elegidos para acelerar ese traspaso funciona con potencia desigual y, en algunos casos, apenas enciende.
El Banco Central habilitará a los bancos a prestar en moneda extranjera a empresas que no exportan ni proveen a exportadoras, con un tope equivalente al 15% de los depósitos en dólares, unos USD 6.000 millones. La decisión aprovecha una base sólida: los depósitos privados en dólares ya superan los USD 40.000 millones y el stock prestado ronda los USD 24.000 millones. En términos de liquidez, el sistema tiene margen. En términos de demanda y calidad crediticia, la historia es menos simple.
El primer dato relevante es que el crédito en dólares dejó de ser un instrumento estrictamente ligado al comercio exterior y se transformó en uno de los pocos segmentos realmente dinámicos del sistema financiero. Crece al 45% interanual, impulsado por tasas bajas para prefinanciación de exportaciones y por la propia disponibilidad de fondos. Al ampliar el universo de empresas elegibles, el Gobierno busca trasladar esa liquidez a la actividad doméstica. La apuesta tiene lógica macroeconómica, pero también una fragilidad evidente: el crédito no crea confianza por sí mismo, solo la amplifica cuando ya existe.
Ahí aparece la primera tensión de fondo. Los bancos no muestran la misma disposición a prestar a familias que a empresas. El aumento de la mora endureció los criterios de otorgamiento y frenó la expansión de los préstamos de consumo, justamente los que suelen mover bienes durables, electrodomésticos y automóviles. En otras palabras, la política puede abrir una canilla financiera, pero no garantiza que el dinero llegue a los hogares con la velocidad necesaria para sostener una recuperación visible en el corto plazo. La experiencia del ciclo que arrancó a mediados de 2024 y duró poco más de un año dejó una advertencia incómoda: un rebote crediticio puede ser rápido, pero también reversible si el ingreso real no acompaña.
La segunda pieza del programa es la remonetización. Santiago Bausili la puso entre los objetivos centrales de los próximos meses, bajo la idea de expandir la oferta monetaria mediante compras de dólares o una menor refinanciación de vencimientos del Tesoro. El miércoles, sin embargo, la licitación renovó 100% de los vencimientos, lo que evitó una contracción adicional de la base monetaria pero no produjo un salto de liquidez. El seguimiento del “M2 transaccional” confirma esa prudencia: la expansión será gradual, no explosiva. Para la economía real eso importa mucho, porque una inyección monetaria lenta reduce el margen para una aceleración súbita del consumo antes de las elecciones.
La tercera variable es la más delicada: los ingresos reales. Aquí el cuadro es todavía más desigual. La AUH es el único componente que crece claramente por encima de la inflación, mientras que los salarios privados apenas empatan con los precios y pierden poder adquisitivo cuando se incorporan las tarifas. Las jubilaciones, según FIEL, tampoco recuperan terreno. El dato de inflación de julio agrega otra capa de presión sobre la capacidad de compra. Si el objetivo político es que la mejora macroeconómica se vea “en la calle”, la base de consumo sigue demasiado erosionada como para sostener una expansión generalizada. El crédito puede anticipar demanda futura, pero no sustituye ingreso presente.
Desde la mirada empresarial, la medida ofrece una ventana de financiamiento más amplia y potencialmente barata. Para algunas compañías, sobre todo medianas y vinculadas a cadenas con exposición exportadora indirecta, puede significar capital de trabajo y una oportunidad para bajar costos financieros. Desde la óptica bancaria, en cambio, el incentivo existe pero convive con un riesgo de cartera que obliga a seleccionar mejor. Desde los hogares, el beneficio es más difuso: si no mejora el salario real, la posibilidad de financiar compras en cuotas no alcanza para revertir una retracción del consumo durable. Y desde el punto de vista político, el calendario electoral vuelve todo más sensible: cualquier demora en la transmisión de la mejora macro termina transformándose en ansiedad social y presión sobre expectativas.
Hay un punto adicional que merece subrayarse. El Gobierno parece estar construyendo una estrategia de derrame acelerado por vías financieras, pero el derrame económico no responde solo al costo del dinero. También depende de empleo, estabilidad de precios, recomposición salarial y confianza en la trayectoria futura. Sin una mejora coordinada de esas variables, el crédito en dólares puede convertirse en una herramienta útil para sectores puntuales, no en el motor de una recuperación extensa. El riesgo de fondo no es solo que el impulso sea insuficiente; es que, si la expansión del crédito se desacopla demasiado de los ingresos, genere una sensación de alivio breve seguida por un nuevo estancamiento.
En los próximos meses, la dinámica más probable es una recuperación selectiva y desigual. El financiamiento corporativo podría seguir creciendo, especialmente si los bancos compiten por captar depósitos en dólares y si el Gobierno sostiene señales de estabilidad. Pero el consumo masivo difícilmente despegará con fuerza si no se consolidan salarios reales más altos y una desaceleración más convincente de la inflación. El desafío del oficialismo no es solo activar motores: es lograr que trabajen al mismo tiempo. Por ahora, esos motores giran, pero no empujan la economía a plena potencia.
